Los principales republicanos de las comisiones judiciales del Senado y la Cámara de Representantes exigen respuestas al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El senador Chuck Grassley (R-Iowa) y el representante Jim Jordan (R-Ohio) enviaron una carta a Mayorkas el 22 de noviembre, acusándolo tanto a él como a su agencia de «violación flagrante de la ley de inmigración».
Los legisladores buscan información detallada sobre la creación por parte del DHS de un programa el 12 de octubre que permitía a 24,000 venezolanos entrar en Estados Unidos bajo la autoridad de libertad condicional, que no es un estatus legal, pero que concede la entrada y la autorización de trabajo durante un año.
Según la ley de inmigración, que es decidida por el Congreso, la autoridad de libertad condicional se creó como una excepción a la ley que establece que todos los extranjeros inadmisibles e ilegales sean detenidos hasta que se determine su estatus, tras lo cual son deportados o se les concede la entrada con un estatus legal.
La autoridad de libertad condicional permite la entrada «caso por caso» por «razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo», según la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Sus parámetros fueron reducidos por el Congreso en 1996 «en respuesta al creciente abuso», afirmaron Grassley y Jordan.
«En 2008, la Administración Bush señaló que ‘la libertad condicional es una medida extraordinaria, utilizada con moderación solo en circunstancias urgentes o de emergencia. … La libertad condicional no debe utilizarse para eludir los procesos y plazos normales de visado», señala la carta.
El DHS de Mayorkas ha estado utilizando la autoridad de libertad condicional a escala masiva este año, primero para aliviar las estaciones de la Patrulla Fronteriza inundadas cuando los cruces ilegales se dispararon; luego para permitir la entrada de decenas de miles de ucranianos; y más recientemente, de venezolanos. La autoridad de libertad condicional se está utilizando ahora para preaprobar a miles de probables extranjeros ilegales de México y América Central cuando todavía están en México.
Durante el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza procesó y liberó a más de 378,000 extranjeros ilegales bajo la nueva categoría «Parole+ATD» de la Administración Biden, según datos del CBP. ATD es un programa de Alternativas a la Detención, que actúa como una solución al requisito legal de detener a los extranjeros ilegales.
En el aviso del DHS informando del nuevo proceso para 24,000 ciudadanos venezolanos, la agencia dice que «los venezolanos aprobados a través de este proceso serán autorizados, caso por caso, a viajar a Estados Unidos por aire directamente a un puerto de entrada interior, aliviando así la presión en la frontera». El DHS prometió devolver a México a los venezolanos que cruzaran la frontera ilegalmente.
Grassley y Jordan dijeron que el DHS ha admitido desde entonces que los 24,000 eran el «compromiso inicial».
«Ha descrito este nuevo programa como una ‘nueva vía legal creada’ para que los ciudadanos venezolanos entren y vivan en Estados Unidos», afirman Grassley y Jordan.
«El secretario del DHS no puede ‘crear’ legalmente ninguna de esas ‘vías’ y su afirmación de lo contrario no es más que otro ejemplo de cómo la Administración Biden muestra su desprecio por la aplicación de la ley federal de inmigración establecida por el Congreso».
En los últimos dos años, los agentes de la Patrulla Fronteriza han detenido a un número cada vez mayor de venezolanos después de que cruzaran la frontera ilegalmente.
Durante el año fiscal 2022, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a más de 187,000 venezolanos después de que cruzaran ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Esa cifra fue de casi 48,000 en el año fiscal 2021 y de 1227 en el año fiscal 2020.
En septiembre, el representante Troy Nehls (R-Texas) planteó su preocupación por la llegada de delincuentes venezolanos a Estados Unidos.
«El DHS confirma que Venezuela vacía las cárceles y envía criminales violentos a nuestra frontera sur», escribió Nehls en Twitter.
En un seguimiento, Nehls y otros 13 congresistas escribieron a Mayorkas exigiendo respuestas. El portavoz de Nehls dijo a The Epoch Times el 23 de noviembre que su oficina aún no ha recibido respuesta.
Una de las 24 preguntas que Grassley y Jordan le hacen a Mayorkas en su carta es si su agencia consulta las bases de datos de seguridad y criminales de Venezuela antes de conceder la libertad condicional.
También quieren saber qué sucede cuando el plazo de la libertad condicional expira y las consecuencias si un preso en libertad condicional no cumple con los términos y condiciones del estatus.
Los legisladores dieron a Mayorkas hasta el 6 de diciembre para responder.
Ese mismo día, varios republicanos celebraron una rueda de prensa en El Paso (Texas), la última ciudad fronteriza que ha saltado a los titulares después de que los cruces ilegales de la frontera empezaran a dispararse en septiembre.
El presunto presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió la renuncia de Mayorkas.
«Si no renuncia, los republicanos de la Cámara de Representantes investigarán cada orden, cada acción y cada fallo para determinar si debemos iniciar una investigación de impugnación». dijo McCarthy.
Los republicanos comenzaron a pedir la destitución de Mayorkas en 2021 cuando el volumen de inmigrantes ilegales alcanzó el récord. El representante Andy Biggs (R-Ariz.) presentó una resolución de destitución en el 117º Congreso que actualmente cuenta con 32 copatrocinadores, todos republicanos.
Mayorkas ha mantenido que la frontera es segura y que su objetivo es crear un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano.
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