Los estados unen fuerzas para enfrentar la crisis fronteriza y el crimen relacionado con los cárteles

Por Charlotte Cuthbertson
27 de Abril de 2022 10:52 AM Actualizado: 27 de Abril de 2022 10:52 AM

Ohio ha estado asediado por la crisis de los opiáceos durante años. Tiene una de las tasas de sobredosis más altas del país, junto con West Virginia, Kentucky y Delaware.

Como en todos los estados, casi todos los granos de fentanilo que las fuerzas del orden de Arkansas incautan han viajado a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2021, la Policía Estatal de Arkansas confiscó 10 libras de fentanilo, una cantidad suficiente para matar a más de 2 millones de personas, según el gobernador Asa Hutchinson. Dos miligramos de fentanilo pueden ser fatales.

En Georgia, las muertes relacionadas con el fentanilo aumentaron en más del 106 por ciento durante el año fiscal 2021, según el gobernador Brian Kemp.

El 19 de abril, los gobernadores republicanos de 26 estados anunciaron la creación de una nueva Fuerza de Ataque Fronterizo, cuyo objetivo es “perturbar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales”.

“La porosidad de la Frontera Sur es una puerta abierta a las organizaciones criminales transnacionales que la utilizan para traficar drogas que alimentan la epidemia de adicciones en todo Estados Unidos”, señala el memorando de entendimiento de los estados.

El grupo incluye dos estados fronterizos del sur, Arizona y Texas, así como otros 24: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

“Ante la falta de liderazgo federal, los estados se están asociando para crear la Fuerza de Ataque Fronterizo de los Gobernadores de Estados Unidos con el fin de desbaratar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales mediante el aumento de la colaboración, la mejora de la inteligencia, la inversión en análisis, la lucha contra el contrabando de personas y la detención del flujo de drogas en nuestros estados”, señala el acuerdo.

Un grupo de hondureños cruza el Río Grande hacia Eagle Pass, Texas, desde Piedras Negras, México, el 21 de abril de 2022. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

La cantidad de drogas incautadas en la frontera se ha desplomado a medida que las detenciones de inmigrantes ilegales han alcanzado niveles récord, según las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Si confiscamos incluso el 5 por ciento de lo que cruza la frontera, tenemos suerte”, dijo Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, refiriéndose a una pregunta sobre las pastillas de fentanilo.

“Y si no hay nadie allí para detectarlo y detenerlo, los cárteles lo llevarán entre los puertos de entrada cuando saben que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que detengamos ese narcótico”.

A mediados de diciembre de 2021, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley incautaron un récord de 1.7 millones de pastillas de fentanilo en Scottsdale, Arizona.

Más de 100,000 estadounidenses, una cantidad récord, murieron por sobredosis de drogas en el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El fentanilo estuvo involucrado en casi dos tercios de esas muertes.

De izquierda a derecha: El jefe de policía de Scottsdale, Jeff Walther, frente a una exhibición de píldoras ilícitas mezcladas con fentanilo y otros narcóticos; El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, y Cheri Oz, agente especial a cargo de la división de la DEA en Phoenix, en una conferencia de prensa en Scottsdale, Arizona, el 16 de diciembre de 2021. (Scottsdale PD)

Compartiendo personal e información

El grupo de gobernadores, en su memorando de entendimiento, se comprometió a trabajar en conjunto para “servir como un multiplicador de fuerza con el propósito de atacar a los cárteles y las redes criminales financiera y operativamente”.

“Juntos, los gobernadores mejorarán la seguridad pública, protegerán a las víctimas de crímenes horribles, reducirán la cantidad de drogas en nuestras comunidades y aliviarán la crisis humanitaria en la Frontera Sur”, establece el acuerdo.

Los estados pueden solicitar ayuda de otros estados participantes y las certificaciones y licencias específicas del estado serán respetadas entre los estados. Cada estado es responsable de sus propios costos.

Actualmente, 160 miembros de la Guardia Nacional de Georgia están estacionados en la frontera sur.

“A medida que nuevas y mayores oleadas de migrantes se acercan a la frontera, me preocupa cada vez más su seguridad”, escribió Kemp en una carta del 31 de marzo al presidente Joe Biden. El cuerpo del especialista de la Guardia Nacional de Texas Bishop E. Evans fue recuperado en el Río Grande el 25 de abril, después de que se ahogara mientras intentaba rescatar a inmigrantes ilegales, que posteriormente fueron identificados como presuntos implicados en el tráfico de marihuana.

El verano pasado, policías estatales de Nebraska, Iowa y Florida se sumaron a los policías de Texas para detener a los contrabandistas de personas y a los extranjeros ilegales que evadían la Patrulla Fronteriza. Florida también envió funcionarios de Pesca y Vida Silvestre para ayudar a patrullar zonas del Río Grande en sus barcos.

Un agente de la Patrulla Fronteriza revisa a un inmigrante ilegal que lleva dos muñequeras que los cárteles mexicanos han estado usando para controlar el contrabando de personas a Estados Unidos, cerca de Peñitas, Texas, el 15 de marzo de 2021. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Hutchinson dijo que uno de los elementos más importantes de la Fuerza de Ataque Fronterizo es el intercambio de inteligencia sobre el funcionamiento de las organizaciones criminales.

“Una mayor coordinación con otros estados será un beneficio para nuestro estado y nuestra nación, pero aún se necesita una mayor acción del gobierno federal para ayudar a manejar esto”, dijo.

Ohio está preparado para ofrecer apoyo de analistas de inteligencia de otros estados, si se le solicita, dijo la oficina del gobernador.

Desde 2019, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, ha establecido cuatro centros de inteligencia de narcóticos en su estado que ayudan a rastrear las organizaciones narcotraficantes hasta sus cabecillas y proveedores.

“Muchas veces, esas investigaciones revelan que los cárteles mexicanos están detrás de las drogas que se trafican en Ohio”, dijo la oficina de DeWine a The Epoch Times por correo electrónico.

Leyes estatales

Los 26 estados también planean revisar sus leyes estatales con respecto a la trata de personas, el tráfico de drogas y las organizaciones criminales transnacionales “para garantizar que tales delitos sean procesados con todo el peso de la ley”.

“Actualmente estamos en el proceso de determinar qué leyes pueden necesitar fortalecimiento y dónde podemos intensificar los esfuerzos de cumplimiento en la interdicción de drogas, el tráfico de personas y otros delitos derivados de una frontera sur porosa”, dijo Hutchinson a The Epoch Times por correo electrónico.

Texas reforzó sus leyes contra el tráfico de personas en septiembre pasado, mientras que Arizona no tiene una ley estatal contra el tráfico de personas y sus condados fronterizos están sufriendo el impacto de dicha omisión.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, lleva aplicando iniciativas de seguridad fronteriza estatal desde junio del año pasado en el marco de la Operación Estrella Solitaria, pero no ha puesto a prueba los poderes constitucionales del estado para deportar a los inmigrantes ilegales.

El estado ha destinado USD 3000 millones a la Operación Estrella Solitaria, que incluye la detención y el enjuiciamiento a los intrusos ilegales, el refuerzo de las fuerzas del orden, la presencia de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera y el traslado en autobús de los inmigrantes ilegales a Washington.

Abbott recientemente causó retrasos significativos para los camiones comerciales en varios de los principales puentes comerciales entre Texas y México, lo que obligó a los estados mexicanos vecinos a firmar acuerdos para que se comprometieran a frenar los cruces fronterizos ilegales. Hasta la fecha, no hay indicios de que los cuatro estados mexicanos estén controlando la inmigración ilegal.

El campamento de un explorador del cartel se puede ver debajo de un árbol en el lado mexicano del muro fronterizo, cerca de Naco, en el condado de Cochise, Arizona, el 6 de diciembre de 2021. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Título 42

Los gobernadores, los agentes de la Patrulla Fronteriza y los alguaciles fronterizos han expresado su preocupación por la revocación del Título 42, una disposición de salud pública que permitía la rápida expulsión de inmigrantes ilegales.

La administración Biden anunció que el Título 42 terminaría el 23 de mayo; sin embargo, un juez federal se prepara para bloquear la medida. El Título 42 nunca fue diseñado para ser una política central de seguridad fronteriza o de inmigración, pero a medida que la administración Biden eliminó otras medidas de seguridad fronteriza, se volvió más importante.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que el fin del Título 42 podría significar hasta 18,000 detenciones adicionales de extranjeros ilegales por día. Los agentes fronterizos están deteniendo actualmente a más de 6000 por día.

Un agente de la Patrulla Fronteriza suelta a un grupo de inmigrantes ilegales en proceso de expulsión ​​bajo el Título 42 en el punto medio del puente internacional entre Estados Unidos y México, en Eagle Pass, Texas, el 19 de abril de 2022. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

La aplicación del Título 42 ha sido reducida lentamente por la administración Biden desde febrero de 2021, primero para permitir la entrada de todos los niños no acompañados, luego para las familias con niños menores de 7 años, luego, para la mayoría de las familias en general, la mayoría de las mujeres solteras y luego, para los adultos solteros de países no hispanohablantes.

“Ahora estamos procesando extranjeros ilegales del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras, Guatemala) bajo Expulsión Acelerada en lugar del Título 42”, escribió Judd en Twitter el 19 de abril.

En febrero de 2021, el 73 por ciento de los inmigrantes ilegales fueron expulsados bajo el Título 42. Para marzo de 2022, dichas expulsiones se habían reducido al 49 por ciento.

“Los cruces fronterizos ilegales conducen a que ingresen más drogas al país, a que más personas peligrosas evadan los arrestos y que se produzcan más víctimas de la trata de personas”, afirmaron los 26 gobernadores.


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