Desde que Irlanda del Norte legalizó formalmente el aborto, ha existido un rechazo de una partida de profesionales médicos que dicen que no ayudarán en el procedimiento.
Citando una violación de sus creencias católicas, varios médicos y enfermeras han firmado una carta de oposición para el Secretario de Estado de Irlanda del Norte, Julian Smith, y para el Secretario del Departamento de Salud, Richard Pengelly.
Un total de 911 médicos, parteras y enfermeras apoyaron con sus firmas la carta, originalmente escrita por el médico general irlandés, el Dr. Andrew Cupples, el pasado mes de septiembre.
Cupples, fuertemente opuesto a este cambio en la ley, afirmó que varios profesionales de la salud le dijeron personalmente que renunciarían a sus trabajos si se les exigía que ayudaran a realizar un aborto médico.
«Cientos de profesionales de la salud en Irlanda del Norte se negarán a participar en los servicios de aborto», dijo Cupples a The Independent. «Incluso hay personas que planean retirarse del servicio de atención médica si se ven obligadas a participar en servicios de aborto».
El aborto ha sido ilegal en Irlanda del Norte en todos los casos, excepto la violación y el incesto.
Los miembros del parlamento aprobaron originalmente la Ley de Irlanda del Norte (Formación Ejecutiva) en julio de 2019. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte retiró la Asamblea de Stormont el 21 de octubre en un último intento por detener la reforma del aborto, pero fracasó.
La decisión de despenalizar el aborto en Irlanda del Norte se hizo definitiva el 22 de octubre.
La oposición a la nueva ley ahora está concentrando sus esfuerzos en la objeción de conciencia.
«Hay personas en obstetricia y ginecología y parteras preocupadas que de no aceptar la capacitación en aborto, podrían verse obligadas a hacerlo o ser reprendidas por sus empleadores o un organismo profesional», dijo Cupples.
«Podrían enfrentar el escenario de tener muy poco personal y ser la única persona disponible para participar [en un aborto]», dijo la comadrona Debbie Marshall al Belfast Telegraph, y agregó: «Yo personalmente no estaría feliz de estar involucrada, y alguien mas tendría que resolverlo».
La directora de la campaña de Amnistía Internacional en Irlanda del Norte, Grainne Teggart, afirmó que los profesionales médicos deberían poder negarse a participar en un aborto si así lo desean. Sin embargo, Teggart sugirió que la objeción de conciencia debería aplicarse solo al personal involucrado en la interrupción en sí, y no al personal encargado del cuidado de la paciente antes y después del procedimiento.
Antes del 22 de octubre, las mujeres que buscaban una interrupción en Irlanda del Norte se arriesgaban a ser encarceladas si no podían probar que estaban poniendo en peligro sus propias vidas o su salud mental al llevar al feto a término.
La despenalización del aborto requiere que Irlanda del Norte comience a proporcionar abortos médicos en hospitales estatales antes del 31 de marzo de 2020; antes de esta fecha, una consulta pública de 12 semanas determinará los detalles logísticos más precisos.
Antes del 31 de marzo, se requerirá que el personal médico de Irlanda del Norte brinde asesoramiento sobre servicios de aborto en el Reino Unido a sus pacientes. Todos los gastos de viaje, tratamiento y alojamiento para las mujeres de Irlanda del Norte que buscan abortos serán pagados por el gobierno del Reino Unido.
Según la BBC, en Inglaterra, Gales y Escocia, la Ley de Aborto de 1967 permitió que un aborto se llevara a cabo legalmente hasta las 24 semanas de embarazo.
Rachael Clarke, del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS por sus siglas en ingles), habló con The Independent y le ofreció su apoyo a los firmantes de la carta de oposición de Cupples. «Apoyamos plenamente el derecho de los profesionales de la salud a no brindar atención de aborto si se oponen concienzudamente a hacerlo», comenzó. Clarke continuó:
«Lo que no apoyamos es que se obstruya el proceso para que las mujeres puedan acceder a servicios legales. Los trabajadores de la salud tienen una obligación profesional, donde ellos mismos son incapaces de proporcionar cuidados, [deben] garantizar que los pacientes dispongan de información precisa y puedan acceder a la atención médica sin demora».
La objeción de conciencia, dijo Clarke, no representa una amenaza grave para la provisión de abortos en Irlanda del Norte. «Hemos visto en Irlanda que, a pesar de las amenazas de los grupos antielección, cientos de profesionales de la salud están dispuestos y felices a brindar la atención que necesitan sus pacientes», explicó.
Finalmente, Clarke continuó: “[BPAS] apoyaría cualquier propuesta para alinear la ley de objeción de conciencia en Irlanda del Norte con el resto del Reino Unido; las mujeres merecen algo mejor que ser atendidas por quienes piensan que lo que están haciendo está mal».
En el futuro, explica Cupples, la tarea en cuestión es garantizar el derecho legal de un profesional médico negarse a asistir un aborto.
“Si se encuentra en esa situación, ¿tiene la protección legal [y] el derecho moral de decir: Lo siento, no estoy cómodo con esto, pero escuche, hay un servicio muy bueno al que la puedo referir qué le dará toda la ayuda que necesita”, planteó Cupples.
Cupples quiere respaldo gubernamental. Él, junto con 911 médicos, enfermeras y parteras, está esperando una respuesta.
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