En un caso histórico de libertad de expresión, se pide a un juez federal que impida que los funcionarios federales sigan cometiendo «algunas de las violaciones de la Primera Enmienda más atroces de la historia de Estados Unidos».
El 6 de marzo, los abogados que llevan el caso contra el presidente Joe Biden y varias agencias federales citaron 1442 puntos en apoyo de su petición de una orden judicial preliminar.
Las pruebas de esta «empresa de censura» federal son voluminosas y abrumadoras», dice la presentación judicial del 6 de marzo (pdf). «Esta empresa es muy eficaz: ha sofocado el debate y las críticas a la política gubernamental en las redes sociales sobre algunas de las cuestiones más acuciantes de nuestro tiempo».
Al menos 67 funcionarios y organismos están acusados de instar a empresas como Facebook, Google y Twitter a suprimir supuestas informaciones erróneas.
El impacto se extiende a todo el país
Dos fiscales generales, Andrew Bailey, de Misuri, y Jeff Landry, de Luisiana, alegan que empleados federales presionaron a las grandes tecnológicas «para que censuraran en las redes sociales a los oradores y puntos de vista que los funcionarios federales desaprobaban».
Los debates sobre la pandemia de COVID-19 y el contenido de una computadora que pertenecía al hijo de Biden, Hunter, fueron ambos fuertemente censurados, según muestran los registros judiciales.
Bailey y Landry afirman que el impacto del caso se extiende a todos los estadounidenses.
«Este caso es el litigio más importante en materia de libertad de expresión de toda una generación», declaró Bailey en un comunicado de prensa. «No descansaré hasta que el tribunal impida que burócratas no elegidos violen nuestro derecho constitucional a un debate libre y abierto».
Landry denunció la «censura atroz e ilegal de puntos de vista por parte de la Casa Blanca», junto con el FBI y muchas otras agencias.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times. Pero los abogados que representan a las agencias acusadas podrán rebatir las acusaciones en una audiencia, para la que el juez Terry Doughty, del Distrito Oeste de Luisiana, Monroe, fijará una fecha.
Revelaciones en las declaraciones
El senador Eric Schmitt (R-Mo.) era fiscal general de Misuri cuando él y Landry presentaron la demanda en mayo de 2022.
La demanda, Misuri contra Biden, pide a Doughty que declare que la conducta de los demandados viola las protecciones a la libertad de expresión de las constituciones federal y estatal y que les prohíba llevar a cabo tales acciones.
El pasado mes de julio, Doughty ordenó a las agencias federales que cooperaran y respondieran a las solicitudes de información y deposiciones.
Las pruebas reunidas desde entonces mostraban «una coordinación directa y descarada entre el gobierno federal y las empresas de redes sociales», declaró Schmitt durante un discurso pronunciado el 2 de marzo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
«En una ocasión, un alto cargo de Facebook (…) se comprometió a censurar de forma más estricta la expresión en COVID-19», dijo Schmitt después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos expresara su descontento, y añadió: «los agentes del gobierno disponían de portales especiales para denunciar rápidamente las publicaciones con las que no estaban de acuerdo».
Dijo que el Dr. Anthony Fauci, director de una agencia sanitaria federal ya jubilado, fue interrogado recientemente bajo juramento sobre su actuación durante la pandemia de COVID-19. «La conclusión de esa declaración fue: Cuando Fauci habla, las grandes empresas tecnológicas censuran», dijo Schmitt. «Esto no puede volver a ocurrir, y no bajo mi vigilancia».
En su declaración, el agente especial del FBI Elvis Chan admitió que el FBI tuvo reuniones mensuales y semanales con compañías de redes sociales en los meses previos a las elecciones de 2020, dijo Schmitt.
Durante estas reuniones, el FBI advirtió a las empresas que tuvieran cuidado: Las operaciones rusas buscaban divulgar información falsa, posiblemente afirmando que una laptop perteneciente a Hunter Biden contenía algunos datos sorprendentes.
«Estaban preparando a las empresas de redes sociales para que estuvieran listas para censurar cuando la historia saliera inevitablemente a la luz», dijo Schmitt.
Sin embargo, según Schmitt, el FBI tenía la laptop. «Sabían que era real y auténtico. Y aun así celebraron esas reuniones», dijo Schmitt. «Y las empresas de redes sociales estaban encantadas de cumplir sus órdenes. Es una locura pura y dura».
Schmitt arrancó un caluroso aplauso de la audiencia de la CPAC cuando terminó con esta nota: «Podemos darnos la vuelta y dejar que las agencias federales usadas como armas de Biden, las corporaciones woke y las grandes empresas tecnológicas dicten lo que decimos y lo que hacemos, o podemos levantarnos y luchar por las libertades por las que tantos han derramado sangre».
Y prometió: «No me echaré atrás. No me silenciarán. No me dejaré intimidar. Esta es la lucha. Ganémosla juntos».
Objetivo de la demanda
En última instancia, la demanda pretende prohibir permanentemente a los agentes gubernamentales que tomen medidas para inducir a cualquier empresa de redes sociales «a censurar, suprimir, eliminar de la plataforma, suspender, prohibir en la sombra, eliminar, restringir el acceso a contenidos o tomar cualquier medida adversa contra cualquier orador, contenido o punto de vista».
Dan Schneider, vicepresidente de Free Speech America, dijo que recuerda cuando el Congreso debatió la Ley de Decencia en las Comunicaciones en 1996. «No dejaba de oír a la gente en el pasillo decir: ‘Tenemos que cuidar y proteger Internet mientras está en pañales'», dijo Schneider durante un panel de la CPAC del 2 de marzo sobre las grandes tecnológicas.
Para él, esa preocupación no tenía sentido. «¿Cuál es el papel del gobierno a la hora de inclinar la balanza a favor de un sector concreto?».
Sin embargo, el Congreso estableció protecciones especiales en el artículo 230 de la ley, protegiendo a las plataformas de redes sociales de demandas por contenidos creados por sus usuarios.
Las grandes empresas tecnológicas son ahora «gigantescas», dijo. «Las cuatro mayores empresas que cotizan en bolsa en la historia del mundo son Apple, Microsoft, Amazon y Google. Nunca antes el mundo había visto corporaciones con tal tamaño, fuerza y poder».
En conjunto, esas cuatro empresas tienen una capitalización de mercado de 8.67 billones de dólares, una cantidad que supera las economías de 197 de las 200 naciones del mundo, dijo.
«¿Son pequeños infantes que necesitan nuestra protección?», dijo Schneider. «Porque ahora mismo, si no te gusta tu médico o tu contador o tu coche, puedes demandar. Pero no puedes demandar a estos tipos porque están ‘en su infancia’ y hay que ‘cuidarlos y protegerlos'».
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