La Comisión Estadounidense para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) señaló a la China comunista como uno de los «peores violadores» de la libertad religiosa en el mundo, según su informe anual 2024 publicado el 1 de mayo.
«Las comunidades religiosas sufren bajo la opresión comunista china», se lee en el informe. «El gobierno de una potencia mundial no tiene derecho a amenazar a nadie que defienda la libertad religiosa y los derechos humanos. Debe haber consecuencias por el pisoteo del derecho fundamental de cualquiera a la libertad de religión o creencia».
El Partido Comunista Chino (PCCh) ha librado una guerra contra los creyentes, dirigida contra cristianos, practicantes de Falun Gong, musulmanes, tibetanos y uigures. Muchos han sido encarcelados, torturados, obligados a realizar trabajos forzados y sometidos a otros tratos inhumanos, mientras que otros han perdido la vida.
«China es oficialmente un Estado ateo», afirma el informe. «Las normativas y políticas religiosas de China exigen explícitamente que las organizaciones religiosas controladas por el Estado sean leales al PCCh y sirvan a sus objetivos e intereses políticos».
El informe señala que el PCCh está cometiendo un «genocidio cultural» en el Tíbet, donde monjes budistas han muerto en prisión. En la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país, el PCCh está cometiendo un «genocidio físico» contra los uigures, con millones de personas en campos de detención y niños separados de sus padres, según el informe.
Falun Gong
«A [practicantes de] Falun Gong y a los uigures se les extraen órganos, algunos mientras aún están vivos», dice el informe.
Dado que los hospitales chinos pueden ofrecer tiempos de espera inusualmente cortos para obtener órganos compatibles, China es desde hace tiempo un destino atractivo para los turistas de los trasplantes. Este fenómeno es posible porque el régimen chino ha creado un banco de órganos mediante la sustracción forzada y poco ética de órganos de presos de conciencia.
El Tribunal de China, un panel popular independiente de Londres, concluyó en 2019 que el PCCh había estado extrayendo por la fuerza órganos de prisioneros de conciencia durante años «a una escala sustancial», siendo los practicantes de Falun Gong la «principal fuente» de órganos humanos.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual que anima a sus seguidores a vivir según los principios de veracidad, compasión y tolerancia. En 1999, entre 70 y 100 millones de personas habían adoptado esta práctica, según las estimaciones oficiales de la época.
En lugar de ver la popularidad de la práctica como beneficiosa para la sociedad, el PCCh la percibió como una amenaza para su dominio. En consecuencia, el régimen lanzó una brutal campaña en julio de 1999 para eliminar la práctica.
Desde entonces, millones de practicantes han sido detenidos ilegalmente en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, y cientos de miles han sido torturados durante su encarcelamiento, según el Centro de Información Falun Dafa.
El informe del USCIRF, que cita datos facilitados por el sitio web estadounidense Minghui.org, señala que en 2023 se documentaron 209 muertes de practicantes de Falun Gong a causa de la persecución. Además, el año pasado, hubo 1190 casos de practicantes de Falun Gong que recibieron penas de prisión por su fe.
Para hacer frente a los delitos de extracción de órganos cometidos por el PCCh, la Cámara de Representantes aprobó en marzo del año pasado la Ley para Acabar con la Sustracción Forzada de Órganos de 2023 (H.R. 1154). De promulgarse, la ley sancionaría a toda persona implicada en la sustracción forzada de órganos y exigiría al gobierno la presentación de informes anuales sobre las actividades de este tipo que se lleven a cabo en países extranjeros.
Represión transnacional
El régimen chino ha extendido su influencia opresiva fuera de sus fronteras. Según el informe, el PCCh ha sido «uno de los perpetradores más activos de represión transfronteriza y otras actividades malignas en el extranjero, incluido Estados Unidos».
Como ejemplo de la represión transnacional de Beijing, el informe señalaba la decisión del Departamento de Justicia en mayo del año pasado de acusar a dos individuos chinos que supuestamente intentaron sobornar a un funcionario público en un plan para «derrocar» a Falun Gong en Estados Unidos.
«Las campañas de influencia política maligna del gobierno chino, en particular sus esfuerzos de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos, representan una forma particularmente insidiosa de influencia política, destinada a dar forma a la formulación de políticas federales para promover los intereses y objetivos del gobierno chino», dice el informe.
El USCIRF instó al Congreso a prohibir los grupos de presión extranjeros que representen a China y a seguir imponiendo sanciones a los funcionarios y entidades del PCCh responsables de graves violaciones de la libertad religiosa.
«Es imperativo prohibir los grupos de presión en favor del gobierno chino, sus entidades comerciales afiliadas al Estado y sus intereses mientras el gobierno continúe con sus atroces actos de persecución religiosa», afirmó.
Además, el USCIRF pidió al Departamento de Estado que siguiera designando a China como «país de especial preocupación» en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998.
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