El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, se unió a los fiscales generales de otros 17 estados en un escrito amicus curiae presentado ante la Corte Suprema, argumentando que múltiples casos partidistas y políticamente motivados están en curso contra el expresidente Donald Trump, y que la inmunidad presidencial proporciona un baluarte necesario para cualquier expresidente o presidente en ejercicio.
«Los estados amici representan amplias franjas del público, millones de estadounidenses que están preocupados por el afán de la fiscalía de juzgar al presidente Trump antes de las próximas elecciones presidenciales», escribieron los fiscales que representan a Alabama, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah y Virginia Occidental.
«Los fiscales pretenden representar al Pueblo, pero su enfoque hacia el presidente Trump sugiere motivos ocultos», argumentaron en la carta. «La corte debería tomarse en serio de que el riesgo de exponer a los expresidentes a la responsabilidad penal, permita el abuso partidista».
Los abogados del presidente Trump argumentaron el 19 de marzo que la inmunidad presidencial es necesaria en el contexto del enjuiciamiento penal para evitar ciclos de recriminación e incluso el «chantaje» político de los presidentes en ejercicio. La Corte Suprema programó argumentos orales para el 25 de abril.
Decisión de una corte inferior
Los fiscales criticaron el rechazo de una corte de apelaciones de la moción de desestimación del presidente Trump basada en la inmunidad presidencial, por ignorar «lo obvio» en su decisión de presentar al expresidente como «ciudadano Trump».
«Si no hubiera sido presidente, nada de esto estaría sucediendo», argumentaron los abogados, enumerando varios casos presentados contra el presidente Trump, incluido el que está ante la Corte Suprema, en proceso por el abogado especial Jack Smith.
El Sr. Smith acusó al presidente Trump de cuatro cargos de obstrucción y conspiración por sus acciones del 6 de enero de 2021. Los fiscales amici cuestionan por qué el Departamento de Justicia esperó tanto tiempo para presentar este caso, si no es por razones políticas. Ellos señalaron que el Sr. Smith fue nombrado días después de que el presidente Trump anunciara su candidatura.
Tras el alegado retraso, antes de la imputación de cargos, los fiscales se precipitaron en el caso, argumentaron los fiscales generales en el escrito.
«Ningún acusado penal, excepto este, es forzado a resumir un nuevo asunto constitucional en unas pocas semanas, a oponerse a una petición de certiorari antes del juicio, a renunciar a la revisión en banc, y más», dice el escrito.
«Que la fiscalía no explique su extraordinaria prisa sugiere una respuesta preocupante: Que el momento del enjuiciamiento está diseñado para infligir el máximo daño al oponente político del presidente Biden antes de las elecciones de noviembre de 2024».
La corte de apelaciones opinó que la amenaza de un enjuiciamiento partidista sería rara, porque los fiscales tienen «obligaciones éticas de no iniciar enjuiciamientos infundados», y, por lo tanto, el riesgo de que los expresidentes sean «indebidamente acosados por enjuiciamientos penales federales sin mérito parece leve».
Los fiscales amici argumentaron que la situación actual que enfrentaba el presidente Trump mostraba que el riesgo era «cualquier cosa menos ‘leve'», y que el riesgo era uno por el que los Padres Fundadores se habían «preocupado frecuentemente».
Su preocupación de que «las pasiones y animosidades» que impulsan las facciones partidistas pusieran en peligro el bien público llevó a la separación de poderes, argumentaron los abogados. La inmunidad presidencial es necesaria para preservar ese equilibrio, y el impeachment les obliga a rendir cuentas ante el pueblo, añadieron.
«Sería una injusticia que los tribunales trataran al Presidente Trump como ‘cualquier otro acusado penal'», argumentaron, citando una decisión de apelación sobre la inmunidad presidencial, «cuando la fiscalía claramente no lo hace».
Los fiscales generales criticaron la comparación con Nixon
Los fiscales afirmaron que la corte inferior se equivocó cuando determinó que un fiscal políticamente motivado no apuntaría contra un presidente tan pronto como dejara el cargo, y el fallo efectivamente «inclinó la balanza para la fiscalía» en el caso actual.
La corte de apelaciones comparó a los presidentes con los miembros de un jurado que pueden temer recriminaciones tras emitir un veredicto.
«Pero la comparación es totalmente inapropiada. ¿Cuál es el riesgo básico de que un fiscal se dirija a un miembro del jurado para obtener un beneficio personal o político? La corte no lo dijo», argumentaron los fiscales amici, añadiendo que la mera visibilidad de un presidente y sus decisiones lo convierten en un «objetivo fácilmente identificable».
La corte de apelaciones también comparó el caso actual con otros anteriores, como el del presidente Richard Nixon, que obtuvo un indulto después de dejar el cargo, considerando que esto significaba que los presidentes ya creen que pueden enfrentarse a un proceso penal.
Los fiscales amici argumentaron que se trataba de una mera inferencia y que «ninguno de los presidentes citados admitió realmente su susceptibilidad de ser procesado penalmente tras dejar el cargo».
Ningún presidente en ejercicio o expresidente ha sido objeto de enjuiciamiento penal, y mucho menos a cuatro imputaciones penales en jurisdicciones separadas a las que se enfrenta el presidente Trump. La falta de antecedentes históricos podría llevar a un presidente a inferir inmunidad, argumentaron los fiscales amici.
Por separado, Ohio, Alaska y Wyoming presentaron un escrito amicus curiae instando a la Corte Suprema a establecer los «estándares» de lo que cubre la inmunidad presidencial, en lugar de «reglas». Proporcionar una «lista de control» de lo que está cubierto podría dar lugar a un margen demasiado amplio en una situación y demasiado escaso en otra, argumentaron.
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