Los fiscales generales de 20 estados han unido sus fuerzas para impedir que el gobierno de Biden recurra a maniobras de «demanda y acuerdo» para eludir la rendición de cuentas por las políticas fronterizas del presidente.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, encabezan la coalición que apoya a cinco estados intervinientes.
Presentado ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 5 de abril, el escrito pretende proteger el estatus soberano de los estados para defender las leyes de inmigración cuando el presidente renuncia a su obligación de hacerlo.
Los 20 estados amici —Montana, Florida, Alaska, Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia— se centran en el derecho de los estados a defender las leyes aplicadas para protegerse de los efectos adversos de la inmigración ilegal.
En última instancia, pretenden garantizar que las normativas se adopten o deroguen solo después de que se les haya notificado y permitido responder, y no se aprueben o revoquen mediante tácticas de «demanda y acuerdo».
El término describe cuando las agencias federales aceptan un acuerdo de conciliación en una demanda interpuesta por un grupo de interés especial para establecer precedentes y políticas al margen del proceso tradicional de elaboración de normas.
La agencia federal abdica intencionadamente de la discrecionalidad estatutaria al comprometerse con los plazos y las preferencias del grupo de interés especial, lo que con frecuencia altera las obligaciones de la agencia. Las negociaciones de estos acuerdos se llevan a cabo a puerta cerrada, sin ninguna aportación del público o de los directamente afectados por el acuerdo.
Por ejemplo, en lugar de mantener las normas de inmigración existentes, el gobierno de Biden ha buscado acuerdos de manera ilegítima con organizaciones de fronteras abiertas como la Unión Americana de Libertades Civiles, que demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para disolver la «política de tolerancia cero» de 2018 aplicada por el expresidente Donald Trump.
El escrito de amici se dirige específicamente contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Alejandro Mayorkas, acusándolo de abandonar la aplicación de la norma de la administración del 11 de marzo de 2023 sobre la «elusión de las vías legales«. Dicha norma permite al DHS denegar la entrada a los inmigrantes ilegales que crucen la frontera terrestre del suroeste o las fronteras costeras adyacentes tras viajar a través de otro país.
La norma de las vías de entrada también permite al DHS denegar la entrada a inmigrantes ilegales a los que «se haya denegado el asilo en un tercer país por el que hayan viajado» y que «se presuma que no reúnen los requisitos para el asilo, a menos que cumplan determinadas excepciones limitadas».
La fiscal general de Florida, Moody, criticó a la Administración Biden, afirmando en un comunicado que «ha desmantelado sistemáticamente nuestra estructura de seguridad pública en materia de inmigración, tanto mediante la aplicación de programas ilegales de asilo como ignorando abiertamente la legislación vigente».
«La idea de que los estados permitan ciegamente que esta administración negocie a puerta cerrada con organizaciones activistas es ridícula. Los estados tienen derecho a ser parte en cualquier negociación que dicte la política fronteriza porque nos interesa proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y los recursos de nuestras comunidades».
El fiscal general de Montana, Knudson, señaló que las políticas fronterizas del presidente Joe Biden no solo han comprometido la seguridad de Montana, sino que han puesto en peligro a los ciudadanos de todos los estados.
«La incapacidad del presidente Biden para cumplir la ley y asegurar la frontera sur está causando estragos en las comunidades de Montana y de todo el país», afirmó.
«La crisis en la frontera se ha agravado tanto que cada estado es ahora un estado fronterizo. En lugar de defender una norma que protege a los estados de los efectos adversos de la inmigración ilegal —como las drogas ilícitas y la delincuencia— el gobierno de Biden está en negociaciones para llegar a un acuerdo con activistas de izquierda partidarios de fronteras abiertas».
«Estoy orgulloso de apoyar los esfuerzos de mis colegas para detener estas prácticas colusorias de demandar y llegar a un acuerdo».
Los cinco estados intervinientes no pudieron unirse a los 20 estados amicius.
«El informe amicus era en apoyo de la moción presentada el 7 de marzo por Luisiana, Alabama, Kansas, Georgia y Virginia Occidental para intervenir en un pleito en el Distrito de Columbia», dijo la secretaria de prensa del fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, a The Epoch Times en un comunicado.
«La razón por la que no nos unimos al amicus es porque somos la parte a la que el amicus apoyaba, así que no podíamos unirnos».
Los elevados costes de la inmigración ilegal
La inmigración sigue siendo un tema delicado y potencialmente destructivo políticamente para el presidente Biden, que actualmente lucha en las encuestas contra el expresidente Donald Trump.
La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense informó que el coste neto para los contribuyentes estadounidenses de la atención médica de urgencia, la matrícula universitaria estatal, el encarcelamiento de extranjeros ilegales y diversas formas de asistencia social para los inmigrantes ilegales era de unos 150,700 millones de dólares a principios de 2023.
Una encuesta de Gallup publicada el 29 de febrero mostró que la inmigración ilegal había superado a la economía y al gobierno como el problema más importante citado por los ciudadanos estadounidenses. El 28% dijo que la inmigración es «el problema más importante al que se enfrenta este país hoy».
Otro 20% dijo que el gobierno era el mayor problema, mientras que solo el 12% citó la economía y solo el 11% dijo lo mismo sobre la inflación.
Una encuesta publicada por el Centro de Investigación Pew el 15 de febrero mostró que la inmensa mayoría de los estadounidenses (80%) cree que el gobierno de Biden está haciendo un mal trabajo en la gestión de la crisis fronteriza. El 49% dice que lo está haciendo «muy mal».
Un número casi igual de estadounidenses (78%) cree que el gran número de extranjeros ilegales que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México es una crisis (45%) o un problema importante (32%). Una mayoría (58 por ciento) cree también que las actuales políticas de inmigración están facilitando que los inmigrantes ilegales permanezcan en Estados Unidos una vez que han entrado.
En respuesta a una pregunta abierta sobre lo que más les preocupaba específicamente, el 22 por ciento citó las cargas económicas que suponen los inmigrantes ilegales para los contribuyentes estadounidenses y el 22 por ciento citó preocupaciones de seguridad como la delincuencia, el terrorismo y las drogas.
En Texas, Lizbeth Medina, de 16 años, presuntamente murió apuñalada en una bañera por un inmigrante ilegal el 25 de diciembre de 2023.
Jose Antonio Ibarra, inmigrante ilegal de Venezuela, presuntamente mató a Laken Riley, de 22 años, mientras hacía footing en el campus de la Universidad de Georgia. Sufrió un golpe en la cabeza tan fuerte que le desfiguró el cráneo.
Brandon Ortiz-Vite, inmigrante ilegal que había sido expulsado a México en 2020, fue detenido y acusado del asesinato de Ruby Garcia, de 25 años, en Michigan, el 26 de marzo.
En Ohio, Fermin Garcia-Gutierrez, de 46 años, ciudadano mexicano que había sido detenido y expulsado en numerosas ocasiones utilizando siete alias distintos y tres fechas de nacimiento diferentes, fue detenido por un titular del ICE y encarcelado en la prisión del condado de Butler el 6 de abril.
Se le acusó de posesión de armas, asesinato con agravantes y posesión de drogas tras descubrirse el cadáver de una persona no identificada en Hamilton.
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