Un grupo de 24 legisladores republicanos de Pensilvania ha presentado una demanda federal contra el presidente Joe Biden, el gobernador Josh Shapiro y representantes del Departamento de Estado de Pensilvania, alegando que han usurpado la autoridad del poder legislativo al modificar las normas electorales y de registro de votantes.
Los legisladores afirman que la Cláusula de Elecciones y la Cláusula de Electores de la Constitución de EE. UU. otorgan a los legisladores estatales el único derecho constitucional de determinar la forma de las elecciones, y que no corresponde al presidente, al gobernador ni a otros funcionarios ejecutivos, como el secretario de Estado, crear, reescribir o hacer caso omiso de las leyes establecidas por la legislatura. El grupo alega que se les ha excluido inconstitucionalmente del proceso legislativo que regula las elecciones federales a la presidencia y al Congreso.
Los demandantes son los representantes estatales de Pensilvania. Dawn Keefer, Timothy Bonner, Barry Jozwiak, Barbara Gleim, Joseph Hamm, Wendy Fink, Robert Kauffman, Stephanie Borowicz, Donald (Bud) Cook, Paul Michael Jones, Joseph D’Orsie, Charity Krupa, Leslie Rossi, David Zimmerman, Robert Leadbeter, Dan Moul, Thomas Jones, David Maloney, Timothy Twardzik, David Rowe, Joanne Stehr, Aaron Bernstine, Kathy Rapp, y el senador estatal Cris Dush.
Su demanda ante la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Pensilvania pide a un juez que declare inconstitucionales tres acciones: una orden ejecutiva de registro de votantes hecha por el presidente Biden; una acción de registro de votantes del Sr. Shapiro, y algunas directivas del Departamento de Estado. También solicitan que el juez dicte una orden que prohíba al presidente, al gobernador o a los ejecutivos estatales realizar futuros cambios en el proceso electoral de Pensilvania sin seguir el proceso legislativo.
Orden ejecutiva de Biden
El poder legislativo es el único que debe dictar normas electorales, incluidas las relativas al registro de votantes, dicen los documentos judiciales.
En 2021, el presidente Biden firmó la Orden Ejecutiva 14019 para «promover el acceso al voto», que exige a todas las agencias federales desarrollar un plan para aumentar el registro y la participación de los votantes. En respuesta, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) anunció en 2022 que los centros de salud federales de todo el país tienen ahora la facultad discrecional de participar en actividades —incluido el registro de votantes— que están fuera del alcance del proyecto del programa del centro de salud.
«Dichas actividades de registro de votantes pueden incluir poner a disposición de los pacientes materiales de registro de votantes, animar a los pacientes a registrarse para votar, ayudar a los pacientes a completar los formularios de registro, enviar los formularios completados a las autoridades electorales, proporcionar materiales de registro de votantes en las salas de espera y permitir que organizaciones privadas no partidistas realicen el registro de votantes in situ», dice el sitio web del HHS.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. instruyó a más de 3000 autoridades de vivienda pública que administran alrededor de 1.2 millones de unidades de vivienda pública en todo el país para ejecutar campañas de registro de votantes en esas unidades.
El Departamento de Educación de EE.UU. envió una carta a las universidades, ordenándoles que utilizaran los fondos del Programa Federal de Estudio «para apoyar las actividades de registro de votantes». La carta decía: «Si un estudiante es empleado directamente por una institución de enseñanza superior, la institución puede compensar a un estudiante por un empleo [del Programa Federal de Estudio] que implique actividades de registro de votantes que tengan lugar dentro o fuera del campus».
El Departamento de Agricultura de EE. UU. envió cartas a las agencias estatales que administran el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el programa de alimentos para mujeres, bebés y niños (WIC) de bajos ingresos, dándoles instrucciones para llevar a cabo actividades de registro de votantes con fondos federales.
Los legisladores dicen que las campañas de registro de votantes no son una función gubernamental.
«Normalmente, las partes privadas —incluidos los demandantes, las campañas, los partidos políticos y las organizaciones— llevan a cabo campañas de registro de votantes reconocidas y reguladas por las leyes federales de financiación de campañas», dicen los documentos judiciales. «Las leyes federales de financiación de campañas se aplican a las actividades de registro de votantes de los partidos privados. Las campañas de registro de votantes… son una función privada reconocida federalmente, no una función gubernamental».
La orden ejecutiva del presidente Biden también ordenaba a las agencias federales que utilizaran el dinero de los contribuyentes para elegir «organizaciones de terceros no partidistas y funcionarios estatales aprobados para prestar servicios de registro de votantes en las instalaciones de la agencia».
Los legisladores del estado de Pensilvania han aprobado, mediante actos legislativos, una ley que prohíbe la influencia de entidades de terceros en las elecciones. La orden ejecutiva contradice las leyes electorales del estado de Pensilvania, según los documentos judiciales.
El registro automático de votantes de Shapiro
En septiembre de 2023, el Sr. Shapiro anunció en un comunicado de prensa que iba a cambiar las leyes de registro de votantes mediante la promulgación del registro automático de votantes. Según el comunicado de prensa, cualquier persona elegible para votar se registra automáticamente para votar cuando obtienen su licencia de conducir.
Los legisladores de Pensilvania han intentado varias veces, utilizando el proceso legislativo, implementar el registro automático de votantes en Pensilvania. Todos los intentos han fracasado. En el momento en que el Sr. Shapiro anunció este cambio, había otro proyecto de ley pendiente en la legislatura para promulgar el registro automático de votantes. Los legisladores en la presentación judicial dicen que la acción de Shapiro no estaba legalmente autorizada por ninguna ley estatal.
«La orden del gobernador Shapiro instituyendo el registro automático de votantes en Pensilvania es incompatible con la legislación vigente de Pensilvania», dice la presentación judicial. «El gobernador Shapiro no tiene el poder unilateral de supervisar y participar en la toma de decisiones legislativas relativas a los tiempos, lugares y forma de las elecciones presidenciales y del Congreso, incluyendo el registro de electores en Pensilvania».
Directivas del Departamento de Estado
El Departamento de Estado de Pensilvania ha emitido numerosas directivas que contradicen las leyes establecidas por los legisladores, según los documentos judiciales, incluida una directiva de 2018 relativa a la Ley de Ayuda a América a Votar (HAVA, por sus siglas en inglés) que coteja las licencias de conducir o los números de Seguro Social para las solicitudes de registro de votantes. Esta directriz instruye a los condados de Pensilvania a registrar a los solicitantes incluso si un solicitante proporciona una identificación no válida.
Los legisladores estatales dicen que aprobaron una ley relativa a la verificación de la información en las solicitudes de registro de votantes, pero las directivas emitidas a través del Departamento de Estado contradicen las leyes electorales estatales. Esto creó confusión en los condados, ya que los funcionarios locales tenían dos conjuntos de instrucciones, una de la Legislatura y otra del Departamento de Estado.
«Si se permite que se mantengan, directivas similares pueden volver a producirse en el futuro», dicen los documentos judiciales.
The Epoch Times pidió comentarios a la oficina del gobernador y al Departamento de Estado para este artículo.
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