Los funcionarios de la Casa Blanca están considerando autorizar otra ronda de pagos directos a los estadounidenses.
Más de 160 millones de estadounidenses recibieron pagos autorizados por la Ley CARES, que fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en marzo.
Los legisladores están debatiendo otro paquete de alivio a los efectos económicos del virus para este mes. El paquete podría incluir otra ronda de pagos directos.
«Estamos muy centrados, como parte de la próxima Ley CARES vamos a considerar seriamente si tenemos que poner más pagos y pagos directos», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a los periodistas en la Casa Blanca el jueves.
Los primeros pagos, dijo, «funcionaron muy bien».
Los pagos de hasta USD 1200 estaban disponibles para la mayoría de los contribuyentes. Los padres de familia podían recibir USD 500 adicionales por cada hijo.
Trump dijo el miércoles que apoya otra ronda de pagos directos.
“Quiero que el dinero que llega a las personas sea mayor para que puedan gastarlo. Quiero que el dinero llegue rápidamente y sin complicaciones”, dijo.
Inmigrantes ilegales
El gobierno de Trump no quiere que los pagos de estímulo vayan a inmigrantes ilegales, enfatizó Mnuchin.
“Nuestra posición es que los estadounidenses legales, ciudadanos estadounidenses, deberían recibir los pagos. Ese es nuestro enfoque», dijo a los periodistas.
«Si las personas están aquí ilegalmente, no van a recibir pagos económicos», agregó.
Mnuchin estaba respondiendo a una pregunta sobre una demanda (pdf) que afirma que enviar pagos sólo a niños con padres que tienen números de seguro social válidos es una forma de discriminación.
El paquete de alivio de virus que autorizó las pruebas de estímulo, conocido como CARES, «discrimina y excluye de este amplio programa de ayuda a uno de los grupos más vulnerables del país: los ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados», dice la demanda.
Indocumentado es un término utilizado por algunos grupos para describir a personas que están ilegalmente en el país.
Los demandantes, siete niños ciudadanos estadounidenses y sus padres, alegan que la decisión violó los principios de igualdad de protección, incorporados en la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda.
El gobierno de Trump buscó que se desestimara la demanda, argumentando que los demandantes carecen de legitimación, el tribunal carece de jurisdicción y los demandantes fallaron en la presentación de sus reclamaciones.
El juez de distrito de EE.UU. Paul Grimm, designado por el expresidente Barack Obama, dictaminó el mes pasado (pdf) que el caso procedería y le planteó a la administración una nueva instancia.
Los demandantes, dijo, describieron suficientemente la conexión entre no recibir el dinero y el daño que, supuestamente, sufrieron al no recibir los pagos.
California en mayo le dio a cada adulto inmigrante ilegal USD 500, con un límite de USD 1000 por hogar. Los solicitantes tenían que mostrar pruebas de que estaban en el país ilegalmente.
En un asunto relacionado, el Departamento de Educación restringió las subvenciones federales destinadas a aliviar las dificultades financieras de los estudiantes universitarios que inmigraron ilegalmente y de estudiantes internacionales durante la pandemia COVID-19.
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