El 21 de junio, un grupo bipartidista de senadores dio a conocer el texto de un proyecto de ley de control de armas, cuya votación se espera para esta semana.
El proyecto de ley incluye propuestas de cambios clave en la legislación vigente.
Cerrar la «laguna del novio»
Una enmienda de 1996 a la Ley Federal de Control de Armas prohibía a las personas condenadas por «un delito menor de violencia doméstica» comprar o poseer un arma.
Este delito se define como un delito menor según la legislación federal estatal, tribal o local y debe haber sido cometido por «un cónyuge, padre o tutor actual o anterior de la víctima, por una persona con la que la víctima comparte un hijo en común, por una persona que cohabita o ha cohabitado con la víctima como cónyuge, padre o tutor, o por una persona en situación similar a un cónyuge, padre o tutor de la víctima».
Los críticos han intentado que los legisladores amplíen la ley para que se aplique a las personas que cometen delitos contra su novio o novia. Los grupos de control de armas se refieren a la cuestión como la «laguna del novio».
El nuevo proyecto de ley cambiaría «o por una persona en situación similar a la del cónyuge, padre o tutor de la víctima» por «o por una persona que tenga una relación de pareja actual o reciente con la víctima». Y también añadiría una definición de «relación de pareja», estableciendo que se refiere a «una relación entre individuos que tienen o han tenido recientemente una relación seria y continuada de naturaleza romántica o íntima», con consideraciones sobre si una relación constituye una relación de pareja, incluyendo la duración de la relación, la naturaleza de la relación y la frecuencia y el tipo de interacción entre los individuos involucrados en la relación.
«Una relación casual o una confraternización ordinaria en un contexto social o de negocios no constituye una relación de pareja de naturaleza romántica o íntima», dice el texto propuesto.
El proyecto de ley también añadiría a las personas condenadas por violencia doméstica que mantienen relaciones de pareja al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS).
Financiación de las leyes de «bandera roja»
Diecinueve estados tienen leyes que permiten a los tribunales despojar a las personas de su derecho constitucional a poseer un arma. Estas leyes se conocen como leyes de «bandera roja», y han dado lugar a que miles de estadounidenses reciban la orden de no poseer armas debido a la preocupación por su salud mental.
El nuevo proyecto de ley utilizaría subvenciones del programa Byrne Memorial Justice Assistance Grant para apoyar a los estados que imponen este tipo de leyes, o que ya las tienen en vigor.
Para ello, se modificaría la Ley General de Control del Crimen y Calles Seguras 9 de 1968.
En virtud de esa ley, el fiscal general está autorizado a conceder las subvenciones a los gobiernos estatales y locales «para proporcionar personal adicional, equipos, suministros, apoyo contractual, formación, asistencia técnica y sistemas de información para la justicia penal».
La nueva legislación añadiría «procedimientos civiles» después de «justicia penal» y establecería que las subvenciones pueden destinarse a la «implementación de procedimientos judiciales estatales de intervención en crisis y programas o iniciativas relacionadas», como los «programas de órdenes de protección de riesgo extremo» o las leyes de bandera roja.
Para que los programas reciban subvenciones, deben incluir ciertos derechos para los acusados, como el derecho a una audiencia en persona antes de que los tribunales se pronuncien sobre el intento de aplicación de la ley, y el derecho a presentar pruebas.
Intensificar la comprobación de antecedentes
Cuando los menores de 21 años intenten comprar un arma de fuego, se intensificarán los controles de antecedentes si se aprueba el proyecto de ley.
Aunque algunos demócratas esperaban una prohibición total de la venta de armas de fuego a menores de 21 años, el proyecto de ley de compromiso no iría tan lejos.
En cambio, reforzaría el NICS para examinar más a fondo los antecedentes penales de los menores.
Además, impondría un periodo de espera de tres días entre el intento de compra de un arma de fuego y la posibilidad de adquirirla. Si el NICS encuentra un antecedente potencialmente inhabilitante que requiere una investigación más profunda, ese período de espera se eleva a 10 días; al final de ese período, si el vendedor de armas de fuego no ha sido informado de que el comprador está inhabilitado para poseer un arma de fuego, se permite que la venta se realice.
Para contrarrestar esta situación, el proyecto de ley incluye una disposición que prevé la eliminación de «registros falsos, caducados o erróneos» para garantizar que los compradores legalmente cualificados no sean señalados bajo los requisitos ampliados del NICS.
Ampliación de los programas de seguridad escolar y salud mental
Una gran parte del proyecto de ley se centra en ampliar el acceso y la financiación de los programas de salud mental como medidas preventivas contra futuros tiroteos masivos.
El proyecto de ley proporcionaría unos 15,000 millones de dólares en los próximos cinco años para ampliar el acceso a la salud mental y mejorar la seguridad en las escuelas, que se distribuirían primero a los estados que propusieran un programa piloto completo para utilizar los fondos.
El proyecto de ley incluye más de una docena de nuevas iniciativas, como la creación de una red de «centros comunitarios de salud del comportamiento» y la ampliación del acceso a los servicios de telesalud.
Para compensar el gasto de 15,000 millones de dólares, el proyecto de ley retrasaría un programa de reembolso de medicamentos de Medicare durante un año, lo que, según sus defensores, ahorraría al gobierno federal 21,000 millones de dólares.
Otro punto de interés para los negociadores del GOP fue la mejora de la seguridad escolar, y gran parte de los 15,000 millones de dólares de la asignación se dedicaría a este fin.
La legislación hace hincapié en los programas de identificación e intervención temprana con estudiantes que pueden convertirse en una amenaza para otros estudiantes o maestros. Como resultado, el proyecto de ley ampliaría los recursos para los servicios de salud mental en las escuelas.
El proyecto de ley dedica 300 millones de dólares exclusivamente a instituir medidas de seguridad más estrictas en las escuelas y a proporcionar formación a los empleados escolares y a los alumnos.
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