Cinco estados de Estados Unidos demandaron al gobierno de Biden por su nuevo aumento del salario mínimo, el que obliga a las agencias federales a pagar a los contratistas 15 dólares por hora.
El cambio entró en vigor el 30 de enero y abarca a unas 500,000 empresas que emplean a una quinta parte de toda la mano de obra estadounidense.
Los fiscales generales de Arizona, Idaho, Indiana, Nebraska y Carolina del Sur, encabezados por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, presentaron una demanda federal (pdf) argumentando que el presidente Joe Biden carecía de autoridad legal cuando firmó la orden ejecutiva el 27 de abril de 2021 que impone el salario mínimo.
En su demanda federal, los cinco fiscales generales señalaron que el Senado de Estados Unidos había rechazado la propuesta de la administración de incluir un aumento salarial de 15 dólares por hora en el paquete de ayuda a los afectados por el coronavirus, en una votación de 42-58, pero Biden «no se dejó intimidar» y decidió promulgar esta medida mediante un decreto ejecutivo.
Tal y como anunció el Departamento de Trabajo (DOL), la norma se aplica en los 50 estados, el Distrito de Columbia y en determinados territorios de Estados Unidos. Esta exige a que los empleadores que paguen un mínimo de 15 dólares por hora a los empleados que trabajan en o en relación con los contratos federales. El salario está sujeto a incrementos anuales, determinados por el Departamento de Trabajo, teniendo en cuenta la inflación.
Los demandados en el caso son el Departamento de Trabajo de EE.UU. y su División de Salarios y Horas, el Presidente Joe Biden, el secretario de Trabajo, Marty Walsh, y la Administradora en funciones de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo, Jessica Looman.
Walsh dijo en noviembre de 2021 que la aplicación de la medida «mejora la seguridad económica de estos trabajadores y sus familias, muchas de las cuales son mujeres y personas de color».
Brnovich no estuvo de acuerdo. «[El] decreto del salario mínimo de Biden es otro ejemplo de intento de extralimitación federal que se ha convertido en un patrón con esta administración», dijo Brnovich en una declaración.
La demanda sostiene que el gobierno de Biden violó la Ley de Adquisiciones y la Cláusula de Gastos de la Constitución de los Estados Unidos.
«El Congreso se ha reservado repetida y sistemáticamente la cuestión de la regulación de los salarios en la economía privada (…)El Congreso no confirió autoridad, en virtud de la Ley de Contratación Pública, al Presidente ni a ningún otro funcionario del poder ejecutivo para regular la remuneración mínima de los empleados de los contratistas y otras entidades con ‘instrumentos similares a los contratos'», según el texto de la demanda.
Un comunicado de la oficina de Brnovich afirma que el Congreso aprobó la Ley de Contratación Pública «para dotar al gobierno federal de un sistema eficiente de contratación entre sus organismos, no para darle un poder ilimitado sobre el salario mínimo».
Los fiscales generales también señalaron que el mandato federal costará a sus respectivos estados ingresos fiscales «al aumentar en gran medida los costos laborales de las empresas del Estado».
«Esas empresas, a su vez, tendrán menos ingresos imponibles y, por lo tanto, pagarán menos impuestos a la hacienda estatal. Esa disminución de los ingresos causará un perjuicio patrimonial a los Estados demandantes», añadieron los fiscales.
También predicen que el mandato hará que las empresas despidan a sus empleados para disminuir los costos laborales.
«El aumento del desempleo provocado por los trabajadores despedidos probablemente aumentará la carga de los fondos del seguro de desempleo de los Estados demandantes, e infligirá un trastorno económico a las economías de los Estados en su conjunto», señala la demanda.
La demanda solicita al tribunal que declare ilegales la orden ejecutiva y el aumento salarial, y que impida que entren en vigor.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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