El Comité del 6 de enero de la Cámara durante su quinta audiencia pública se centró en los presuntos esfuerzos del presidente Donald Trump para influir en el Departamento de Justicia (DOJ) con el propósito de obtener respuestas acerca de sus afirmaciones sobre el fraude electoral.
La audiencia hace parte de un esfuerzo prolongado de la comisión para enmarcar a la manifestación “Stop the Steal”, del 6 de enero, como un complot del 45° presidente para llevar a cabo una “insurrección” contra el gobierno de EE.UU.
En sus últimas dos audiencias, la comisión dominada por los demócratas se centró en las afirmaciones de que Trump había orquestado una campaña de presión para engatusar al vicepresidente Mike Pence con la intensión de que se negara a certificar las listas electorales de los estados disputados. La comisión también trajo a colación supuestas afirmaciones de que había orquestado una campaña similar para influir en los legisladores y en las legislaturas estatales.
En su audiencia del 23 de junio, el comité se centró en los supuestos esfuerzos de Trump para instalar a Jeffrey Clark, un abogado asistente que compartió la actitud de Trump con respecto al fraude en las elecciones de 2020, como jefe del Departamento de Justicia.
“Mostraremos que las demandas de Trump para que el Departamento investigue las denuncias infundadas de fraude electoral continuaron hasta enero de 2021”, dijo el presidente Bennie Thompson (D-Miss.) en su declaración de apertura.
“Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara. Quería que el Departamento de Justicia ayudara a legitimar sus mentiras”, agregó.
Presuntos esfuerzos para instalar a Clark como jefe del Departamento de Justicia antes del 6 de enero
Un gran enfoque de la audiencia del 23 de junio involucró los supuestos esfuerzos de Trump para reemplazar al entonces fiscal general interino, Jeffrey Rosen, con el funcionario del DOJ, Clark.
Según se informa, Rosen se había resistido a los esfuerzos del presidente para investigar las denuncias de fraude electoral, lo que llevó a Trump a considerar reemplazarlo.
Rosen dijo en su testimonio que Trump “me miró y subrayó: ‘Bueno, lo único que sabemos es que no vas a hacer nada. Ni siquiera está de acuerdo con que las preocupaciones que se presentan sean válidas. Y aquí hay alguien que tiene un punto de vista diferente, así que ¿por qué no debería hacer eso, sabes?’”
En comparación con Rosen, quien se negó a abordar las acusaciones de Trump, Clark, según el testimonio de un testigo, le dijo repetidamente a Trump que “realizaría investigaciones reales que, en su opinión, descubrirían un fraude generalizado”.
Varios funcionarios del DOJ dijeron que se resistieron al plan, citando la falta de experiencia de Clark en derecho penal e investigaciones, pero que Trump seguía considerando la opción de reemplazar a Rosen.
Kinzinger hace referencia al apoyo a las guerras de Bush y dice que los líderes deben “estar dispuestos a sacrificar nuestras carreras políticas”
Durante su declaración de apertura, el representante Adam Kinzinger (R-Ill.), uno de los dos únicos republicanos en el comité, hizo referencia al apoyo a las guerras iniciadas por el presidente George W. Bush como un factor motivador en su decisión de postularse originalmente para el Congreso.
Kinzinger, quien dirigió gran parte de la audiencia del jueves, defendió las controvertidas guerras de Bush como guerras “para ayudar a garantizar que la libertad y la democracia se defendieran en el exterior”.
“Una gran razón por la que decidí postularme para el Congreso fue mi motivación para ayudar a garantizar que la libertad y la democracia se defendieran en el extranjero”, dijo Kinzinger. “Recuerdo haber hecho un compromiso, en voz alta varias veces, en mi corazón repetidamente, incluso hoy, de que, si vamos a pedirles a los estadounidenses que estén dispuestos a morir al servicio de nuestro país, nosotros, como líderes, al menos debemos estar dispuestos sacrificar nuestras carreras políticas cuando la integridad y nuestro juramento lo requieran”.
“Después de todo, perder un trabajo no es nada comparado con perder la vida”, agregó.
El propio Kinzinger ha pagado un alto precio por su papel en el controvertido panel del 6 de enero.
Después de anunciar que no buscaría la reelección en 2022, el Comité Nacional Republicano (RNC) decidió censurar a Kinzinger y a la representante Liz Cheney (R-Wyo.), la única otra republicana en el panel, sacándolos de la política y apoyo financiero del partido nacional.
El RNC dijo que Kinzinger y Cheney, a través de su papel en el comité, han “demostrado, con acciones y palabras, que apoyan los esfuerzos demócratas para destruir al presidente [Donald] Trump más de lo que apoyan recuperar una mayoría republicana en 2022”.
La casa de Clark es allanada por los federales horas antes de la quinta audiencia
Menos de 24 horas antes de que comenzara la audiencia, agentes federales realizaron una redada en la casa de Clark.
El Departamento de Justicia se negó a revelar públicamente el motivo de la redada, pero la medida fue criticada por el líder del Centro para la Renovación de América (CRA), donde Clark trabaja como becario.
“La nueva era de criminalizar la política está empeorando en Estados Unidos. Ayer, más de una docena de agentes de la ley del DOJ registraron la casa de Jeff Clark en una redada antes del amanecer, lo pusieron en la calle en pijama y se llevaron sus dispositivos electrónicos”, dijo Russ Vought, presidente de la CRA y exfuncionario de Trump, en un comunicado.
“Todo porque Jeff consideró oportuno investigar el fraude electoral. Esto no es América, amigos. La militarización del gobierno debe terminar. Déjame ser muy claro. Apoyamos a Jeff y también deben hacerlo todos los patriotas de este país”.
La esperanza de una acusación contra Trump subyace en las audiencias
Los miembros del Comité del 6 de enero, dominado por los demócratas, no han hecho ningún esfuerzo por ocultar su esperanza de que Trump enfrente cargos penales por sus acciones antes del 6 de enero.
“Me gustaría que el Departamento de Justicia investigue cualquier acusación creíble de actividad delictiva por parte de Donald Trump o cualquier otra persona”, dijo el representante Adam Schiff (D-Calif.) en “This Week” de ABC News. “Deben ser investigados si hay evidencia creíble, que creo que la hay”.
El representante Jamie Raskin (D-Md.) dijo que el comité ha expuesto en varios alegatos legales «los estatutos criminales que creemos que se han violado», y afirmó que el panel tiene pruebas de que Trump sabía que el candidato rival demócrata Joe Biden ganó las elecciones de 2020.
“Creo que podemos demostrarle a cualquier persona razonable y de mente abierta que Donald Trump lo sabía absolutamente porque estaba rodeado de abogados”, dijo Raskin en “State of the Union” de CNN. “Continúa difundiéndolo hasta el día de hoy. Continúa endosando esa propaganda a sus seguidores”.
“Ciertamente creo que el presidente es culpable de saber lo que hizo”, dijo Kinzinger cuando se le preguntó durante una aparición en “This Week” de ABC si Trump debería enfrentar cargos penales. “Conspiración sediciosa. Estar involucrado en estos, ya sabes, tipos de intentos diferentes de presionar al Departamento de Justicia, al vicepresidente, etc”.
Sigue sin estar claro si el DOJ dará el paso sin precedentes de abrir una investigación penal a Trump, sean cuales sean las llamadas de los miembros del panel.
Los manifestantes arrestados por el 6 de enero no han enfrentado cargos de insurrección
Hasta el momento, el Departamento de Justicia del fiscal general Merrick Garland, en una de las cacerías humanas con más recursos de su historia, ha arrestado a más de 840 personas que asistieron a la manifestación en el Capitolio el 6 de enero.
A pesar de las afirmaciones de que el 6 de enero constituyó una “insurrección”, el principal abogado del 6 de enero, Joe McBride, señaló en una entrevista con The Epoch Times que nadie arrestado en relación con la violación al Capitolio ha enfrentado cargos de insurrección.
Solo un puñado, 16 personas en el momento de la publicación, han sido acusadas de sedición.
La sedición, definida bajo la ley de EE.UU. como “[conspiración] para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al Gobierno de Estados Unidos… o por la fuerza para prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos”, conlleva una pena máxima más pronunciada que la insurrección, y los culpables pueden ser condenados a hasta 20 años en una prisión federal.
Sin embargo, una condena por insurrección, que solo conlleva una pena máxima de 10 años en una prisión federal, también despoja a los declarados culpables del derecho a ocupar cargos públicos.
Por lo tanto, incluso cuando el Departamento de Justicia y los demócratas han seguido enmarcando la manifestación del 6 de enero como una «insurrección», el Departamento de Justicia aparentemente no confía en que tal acusación pueda presentarse en un tribunal de justicia.
Incluso después de 17 meses, ha dicho el Departamento de Justicia, la investigación está lejos de terminar. El departamento dice que todavía está buscando a más de 350 personas que supuestamente “cometieron actos violentos en los terrenos del Capitolio”.
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