Dos días después de que el presidente Joe Biden se reuniera con legisladores demócratas del Congreso, 77 de esos congresistas enviaron una carta el 26 de enero en la que le instaban a dar marcha atrás en sus planes de limitar el acceso y la elegibilidad para el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
La carta ilustra la división existente entre los demócratas sobre la forma en que el gobierno de Biden debe abordar la crisis de la inmigración ilegal.
A principios de enero, la Administración Biden dio a conocer un plan integral diseñado para disminuir significativamente los cruces fronterizos ilegales, anunciando que los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serían devueltos a México bajo el Título 42 si entran ilegalmente al país. El plan también ofrece oportunidades de inmigración legal a los solicitantes de asilo vulnerables y a los inmigrantes con patrocinadores estadounidenses.
Como parte del plan de la Administración Biden, 30,000 migrantes de las cuatro naciones pueden solicitar protección de asilo desde sus países de origen. México ha acordado aceptar a 30,000 cada mes.
«Creemos que su administración puede y debe continuar expandiendo las vías legales para los migrantes y refugiados en Estados Unidos, sin desmantelar aún más el derecho a solicitar asilo en nuestra frontera. Este derecho es un pilar del orden internacional de posguerra con el que Estados Unidos se ha comprometido», escribieron los legisladores demócratas.
«En lugar de emitir una nueva prohibición de tránsito de asilo y ampliar el Título 42, animamos a su administración a mantener su compromiso de restaurar y proteger los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados».
Creado como parte de la Ley de Servicios de Salud Pública bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt en 1944, el Título 42 fue diseñado para prevenir la introducción de enfermedades contagiosas en Estados Unidos.
Al comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, la Administración Trump invocó la orden para restringir la entrada en Estados Unidos.
A finales de diciembre de 2022, la Corte Suprema bloqueó la terminación del Título 42.
En su decisión, el tribunal acordó escuchar los argumentos en febrero sobre si una coalición de estados liderados por el Partido Republicano puede impugnar el fallo de un tribunal inferior que ordenó a la Administración Biden poner fin al Título 42, que sigue en vigor.
Los autores de la carta elogiaron el programa de la Administración Biden que permite a los ciudadanos estadounidenses y a las personas con estatus legal en Estados Unidos patrocinar a inmigrantes de los cuatro países. Criticaron la estrategia debido a su dependencia de las políticas implementadas por el expresidente Donald Trump.
Los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua no estaban incluidos anteriormente en el Título 42, señalaron los legisladores. El gobierno de Biden también debería decidir no avanzar en una propuesta que impida el asilo a los migrantes que no puedan encontrar refugio en terceros países antes de llegar a Estados Unidos, medida que intentó promulgar el gobierno de Trump.
En una conferencia de prensa el 26 de enero, el senador Bob Menendez (D-N.J.), flanqueado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), dijo: «No importa cuántas políticas de Trump resucite la Administración Biden, los republicanos continuarán obstruyendo cualquier esfuerzo para reformar realmente nuestro procesamiento fronterizo y modernizar nuestro sistema de inmigración».
«Reconocemos que Estados Unidos está experimentando un difícil desafío migratorio en la frontera sur», dijo Menendez. «Pero como funcionarios electos, tenemos el deber de proponer soluciones legales, una que proteja a los solicitantes de asilo al tiempo que garantice la expulsión segura de los migrantes que no tienen derecho legal a permanecer en Estados Unidos».
La carta a Biden no estaba firmada por los líderes demócratas de la Cámara de Representantes ni del Senado.
«No he visto la carta, pero esperamos, como demócratas y como miembros del Congreso, mantener un debate saludable sobre cómo abordar la complejidad de las cuestiones relacionadas con la reforma integral de la inmigración y asegurarnos de que tenemos una frontera segura y fuerte», declaró el 26 de enero el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
El 24 de enero, alegando que el programa viola la ley de inmigración estadounidense, 20 estados liderados por el Partido Republicano pidieron a un juez federal que pusiera fin a la política de patrocinio de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó el 25 de enero que los agentes fronterizos han tenido un promedio de 115 encuentros diarios con inmigrantes ilegales procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela este mes. Esto supone un 97% menos que a principios de diciembre de 2022, cuando las cifras alcanzaron la cifra récord de 3367 encuentros diarios.
«Estas medidas ampliadas de control fronterizo están funcionando», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el 25 de enero. «Es incomprensible que algunos estados que se benefician de estas medidas de aplicación altamente eficaces estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur».
Durante un discurso en la Conferencia de Alcaldes de EE. UU. en Washington el 20 de enero, Biden dijo que los republicanos estaban tratando de anotarse «puntos políticos» en la crisis fronteriza y los criticó por no apoyar su propuesta de política de inmigración.
«El primer proyecto de ley que presenté era una reforma legislativa integral sobre inmigración. Pero por culpa de algunos en el Congreso, se negaron a considerarla. Les pareció un tema mejor para hacer campaña que para resolver», dijo Biden.
«Así que tenemos una opción. Pueden seguir utilizando la inmigración para intentar ganar puntos políticos, o podemos ayudar a resolver el problema. La reforma de la inmigración solía ser una cuestión bipartidista. Y podemos hacer que vuelva a serlo, en mi opinión».
Mientras Biden se enfrenta al rechazo de los legisladores de su propio partido, los republicanos siguen luchando contra su estrategia fronteriza.
El 24 de enero, 20 estados liderados por el Partido Republicano presentaron una demanda ante un tribunal federal de Texas impugnando el programa recientemente anunciado por la Administración Biden para aceptar a 30,000 inmigrantes ilegales al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La demanda sostiene que el programa carece de autoridad legal y que los estados sufrirán las consecuencias de la avalancha de inmigración ilegal procedente de los cuatro países.
«La agenda de fronteras abiertas de Biden ha creado una crisis humanitaria que está aumentando la delincuencia y la violencia en nuestras calles, abrumando a las comunidades locales y empeorando la crisis de opioides», declaró el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado sobre la demanda. «Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a entrar en EE. UU. cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis migratoria».
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