El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos ha calificado de «tribunal de honor o excepción» la auditoría de su antiguo ministerio contra él por las mascarillas en el caso Koldo, «algo prohibido por la Constitución».
«Una cosa es colaborar con la Justicia y otra suplantarla», ha subrayado Ábalos en un mensaje publicado a última hora de este lunes en su cuenta de la red social X y reproducido por la Agencia EFE.
La investigación de Transportes «por encargo de su actual titular» es, a juicio del exministro, «del todo sorprendente y excepcional» pues argumenta que se utiliza una estructura ministerial «para abrir una investigación administrativa interna en paralelo con el mismo objeto que una instrucción penal en proceso de investigación, sin que haya sido solicitada por el juez instructor del caso Delorme ni tampoco comunicada a dicho juez, porque esto está prohibido».
La auditoría para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión destaca que se amplió la cantidad de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020. Tras la auditoría, Puente cesó a su subsecretario Jesús Gómez y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda.
«Todo tiene que funcionar en base a la tutela judicial efectiva y respetando los derechos fundamentales de defensa de las personas interrogadas, con asistencia letrada si es el caso, puesto que algunas de ellas están siendo investigadas en el procedimiento judicial por los mismos hechos», afirma el exministro en su mensaje.
Ábalos dice que no cuestiona que su sucesor Óscar Puente pueda ordenar una auditoría interna para conocer cómo se han gestionado unos expedientes, «pero lo que no se puede hacer es cuestionar por órganos administrativos la legitimidad de las decisiones políticas tomadas en 2020 y 2021 puesto que el órgano auditor desconoce las decisiones en aquel momento del Consejo de Seguridad Nacional para la gestión de la emergencia por la pandemia de COVID 19».
«Lo que no deja de sorprender es que la Dirección General a la que se encarga la auditoría sea juez y parte», afirma, pues argumenta que «la misma persona que fue responsable en 2020 y 2021 de la ejecución entonces de los contratos es quien ahora en 2024 coordina su investigación interna».
Explica el exministro que este informe «habla de las deficiencias respecto a los funcionarios que reconocen faltas de control cuatro años después, pero no advierte de sus responsabilidades ni de la apertura de expedientes».
«En esta auditoría se produce una especie de intrusismo administrativo en la fiscalización del Tribunal de Cuentas», sostiene.
A Ábalos le llama la atención que incurran en funciones propias de dicho tribunal «sin tener las competencias para ello ya que valora de facto los contratos que ya han sido fiscalizados previamente por el mismo, hace una nueva inspección y valoración de lo ya sentenciado, y enmienda el informe del Tribunal de Cuentas».
Razona el extitular de Transportes que es este tribunal el máximo órgano competente en la fiscalización de las cuentas del sector público, «el cual no había visto ninguna irregularidad ni formal ni contractual» en el asunto.
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