La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dejó recientemente a cientos de inmigrantes ilegales que buscaban asilo en paradas de autobús a través del condado de San Diego, según un supervisor local.
El 23 de diciembre, agentes de la patrulla fronteriza dejaron a unos 200 solicitantes de asilo —refugiados políticos que buscaban refugio en Estados Unidos después de huir de países de Sudamérica, así como de Ucrania y China, entre otros, dijo el supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond, a The Epoch Times.
Los autobuses cargados de personas fueron dejados en las estaciones de tránsito sin ningún tipo de recursos, orientación, dinero o medios de transporte, y muchos no hablan inglés, dijo Desmond.
«Nuestra frontera no es segura, y si el gobierno federal va a dejarlos en nuestro condado, tienen que proporcionarles los recursos, la vivienda y los fondos, y ahora mismo no lo están haciendo», añadió el supervisor. «La hipocresía de esto es que la administración del presidente ha estado criticando a otros gobernadores por enviar migrantes a diferentes ciudades, pero el gobierno está haciendo lo mismo aquí».
Entre el 23 y el 27 de diciembre, 1071 inmigrantes ilegales fueron dejados a través del condado, según Desmond.
Además indicó que los solicitantes de asilo a los que se concede una cita en la corte para ser aceptados en Estados Unidos solo pueden ser retenidos por la patrulla fronteriza durante tres días, y después deben ser puestos en libertad.
Sin embargo, muchos de ellos esperan años a una cita con la corte. Los solicitantes también deben esperar 150 días tras pedir asilo antes de poder solicitar un permiso de trabajo para conseguir un empleo en Estados Unidos.
Sin capacidad para trabajar ni recursos para cuidar de sí mismos, ellos dependen en gran medida de las organizaciones benéficas y de la administración local.
El supervisor indicó que los Servicios Familiares Judíos y Caridades Católicas de San Diego están disponibles para orientar a estas personas y ponerlas en contacto con familiares, transporte y vivienda. Sin embargo, las 600 camas disponibles ya están llenas.
También dijo que el enfoque de la junta del condado es reforzar la frontera y recibir apoyo del gobierno federal —como financiamiento y albergues o viviendas operados por el gobierno federal. Ellos no han considerado tomar ninguna acción legal porque podrían pasar años antes de que vieran algún reembolso de dinero o recursos.
«Nuestros hospitales, refugios para personas sin hogar, fuerzas del orden, departamento de salud pública y servicios sociales ya están al máximo de su capacidad y no deberían verse obligados a perseguir las acciones de los federales para proteger a los habitantes de San Diego», afirmó Desmond.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. (CBP) no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios, pero la prensa informó que emitió la siguiente declaración a principios de esta semana.
«La CBP libera a los no ciudadanos a organizaciones no gubernamentales proveedoras de servicios y otros sitios en las comunidades fronterizas en coordinación con socios estatales y locales. La CBP trabaja diligentemente para garantizar que las liberaciones se lleven a cabo de manera segura y que todos los no ciudadanos liberados de la custodia reciban el apoyo esencial en el momento de la liberación y puedan acceder al transporte para continuar con sus destinos».
«Todas las personas puestas en libertad por el CBP para continuar su proceso de inmigración son examinadas por motivos de seguridad nacional y seguridad pública. Aquellas personas que suponen un riesgo para la seguridad pública continúan detenidas. La CBP y el ICE toman las decisiones de custodia caso por caso y tienen en vigor estrictos requisitos de información para cualquier individuo liberado de la custodia en espera de la continuación de su proceso de inmigración».
Por su parte, la Corte Suprema dictaminó el 27 de diciembre que mantendrá por el momento en vigor la norma del Título 42 —una directriz activada por el expresidente Donald Trump— lo que permite a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rechazar a los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales por razones de salud enumeradas en las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para el COVID-19.
El alto tribunal votó 5-4 para conceder una solicitud de emergencia de 19 fiscales generales estatales republicanos que intervinieron en defensa de la normativa cuando estaba a punto de expirar, argumentando que el levantamiento de la norma podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya récord.
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