El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pedido a los legisladores del estado que impongan penas más duras para el voto ilegal, basándose en esfuerzos anteriores que hicieron que el líder republicano impulsara una auditoría forense de las elecciones de 2020.
Abbott pidió el 30 de septiembre al secretario del Senado de Texas que identifique una legislación para su consideración durante la actual sesión especial que eleve las penas por el voto ilegal, después de que un proyecto de ley anterior, el SB 1 (pdf), redujera el castigo de un delito grave a un delito menor.
«El Estado de Texas ha hecho enormes progresos en la defensa de la integridad de nuestras elecciones», dijo Abbott en un comunicado. «Al aumentar las penas por el voto ilegal, enviaremos un mensaje aún más claro de que el fraude electoral no será tolerado en Texas».
A principios de septiembre, Abbott promulgó la ley SB 1, un proyecto de reforma electoral cuyos partidarios dicen que refuerza la integridad de las elecciones, pero cuyos detractores dicen que establece obstáculos para votar. Además de establecer nuevos requisitos de identificación para el voto por correo y convertir la recolección de papeletas en un delito de tercer grado, el proyecto de ley también cambió el delito de voto ilegal de un delito de segundo grado, castigado con hasta 20 años de prisión, a un delito menor de clase A, que puede resolverse mediante una multa.
El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que preside el Senado estatal, elogió la medida de Abbott de aumentar el castigo por el voto ilegal. Patrick dijo en un tuit que la Cámara de Representantes de Texas había añadido la enmienda que reduce las penas en el último momento y que el cambio pasó desapercibido hasta que él y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, lo descubrieron.
Paxton también se pronunció sobre la medida de Abbott.
«Una decisión excepcional para exigir el aumento de las penas para los defraudadores de votos. Siempre he estado a favor de una justicia rápida y garantizada sobre aquellos que atacan el corazón de nuestra república constitucional. Seguiré reuniendo todos mis recursos para defender la integridad electoral», escribió en Twitter.
Previamente, Abbott impulsó una auditoría de las elecciones generales de 2020 en cuatro condados de Texas: Harris, Collin, Dallas y Tarrant. La oficina del secretario de Estado de Texas anunció el 28 de septiembre que llevaría a cabo la auditoría, cuya primera fase —que implica la verificación de la precisión de las máquinas de votación, la evaluación de la ciberseguridad y el examen de las listas de votantes— ya está en marcha.
La revisión se anunció poco después de que el expresidente Donald Trump pidiera a Abbott que auditara las elecciones, y poco antes de que se anunciara que una auditoría en Arizona había descubierto inconsistencias.
Trump ganó Texas en las elecciones de 2020 por unos 630,000 votos, pero dijo en una carta a Abbott que había escuchado que los texanos querían una auditoría.
“Sus ciudadanos no confían en el sistema electoral”, escribió, y añadió que “los texanos saben que hubo fraude electoral en algunos de sus condados”.
La jueza del condado de Harris, la demócrata Lina Hidalgo, dijo a los periodistas la semana pasada que «el anuncio sensacionalista de una auditoría por parte del estado no es más que una estratagema política de un expresidente y de alguien que está tratando de congraciarse”.
Con información de Zachary Stieber.
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