El gobernador de Texas, Greg Abbott, se comprometió a frenar a los fiscales «renegados» tras promulgar una ley que permite a las cortes destituir por mala conducta a aquellos fiscales de distrito que opten por no procesar ciertos tipos de delitos.
«La nueva ley que he promulgado ayudará a frenar a los fiscales de distrito renegados», dijo Abbott en un tuit el lunes.
Abbott firmó el proyecto de ley 17 (pdf) a principios de este mes, y la medida entrará en vigor el 1 de septiembre.
«Aquellos que quieran trabajar en la aplicación de la ley de Texas deben cumplir las leyes y proteger a los texanos», dijo el gobernador en el tuit. «Si no, tendrán que rendir cuentas».
La medida busca responsabilizar a los fiscales electos prohibiendo la negativa a procesar ciertos tipos de delitos. En concreto, esta considera la negativa como un acto de mala conducta oficial que es motivo de destitución.
Abbott promulgó la ley como parte de un paquete más amplio de ocho proyectos de ley de seguridad pública, incluido uno que aumenta las sanciones penales para ciertos tipos de delitos y proporciona herramientas adicionales a las fuerzas del orden.
Ley de fiscales de distrito «renegados»
El proyecto de ley 17 fue presentado a principios de este año por la senadora estatal republicana Joan Huffman, y fue aprobado por el Senado a principios de junio por 20 votos a favor y 11 en contra, tras haber sido aprobado por ambas cámaras legislativas en abril.
«Desgraciadamente, algunos fiscales de Texas se han sumado a la tendencia de adoptar políticas internas negándose a perseguir determinadas leyes», declaró Huffman en una comparecencia ante el comité en abril. «Estas acciones sientan un precedente peligroso y socavan gravemente la autoridad de la Legislatura».
Los demócratas y algunos grupos de derechos civiles se opusieron a la medida, argumentando que socava la separación de poderes y que los fiscales deberían poder decidir qué casos perseguir y cuáles no.
La senadora estatal de Texas, Sarah Eckhardt, demócrata por Austin, calificó el proyecto de «una pieza más de un inquietante patrón de acaparamiento de poder desde arriba».
«Herramientas como la discreción fiscal son fundamentales, especialmente en un estado como Texas, donde nuestros fiscales de distrito locales son elegidos directamente por el pueblo», dijo Eckhardt.
Según el proyecto de ley, los residentes de Texas que hayan vivido en un condado durante al menos seis meses pueden presentar una petición contra un fiscal acusándole de mala conducta si no persigue una clase o tipo de delito penal, o si da instrucciones a las fuerzas del orden para que se nieguen a detener a personas sospechosas de cometer una clase o tipo de delito.
Una declaración pública del fiscal en la que afirme que tiene previsto adoptar o aplicar una política en la que no aplique determinadas leyes «crea una presunción refutable de que el fiscal cometió una falta oficial», y significa que puede enfrentarse a un juicio de destitución por falta oficial, según el texto del proyecto de ley.
La legislación también elimina los «programas de desvío» previos al juicio, que permiten el sobreseimiento condicional de los casos cuando la ley estatal lo permite.
Si un fiscal de distrito es declarado culpable en virtud de las disposiciones del proyecto de ley, un juez puede ordenar su destitución. Una vez destituido, el gobernador puede nombrar a un sustituto hasta que en las próximas elecciones haya un sucesor.
«Si un fiscal renegado quiere dedicarse a hacer cumplir la ley, tiene que empezar por hacer cumplir las leyes del Estado de Texas», declaró Abbott en junio tras
promulgar la ley.
Perturbación de la justicia penal
La legislación para responsabilizar en mayor medida a los fiscales de distrito se produjo después de que un grupo de abogados del país, entre ellos cinco de Texas, firmaran una carta abierta (pdf) en la que sostenían que se negarían a procesar cualquier caso que penalizara el aborto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de junio de 2022 que anuló el caso Roe vs. Wade.
El aborto es un delito grave, según la ley de Texas, con la excepción de los casos en que la madre sufre de una «condición física que amenaza la vida» o hay «un grave riesgo de deterioro sustancial de una función corporal importante».
Algunos fiscales también han manifestado que no tienen previsto presentar cargos por hurtos de escasa cuantía o por delitos relacionados con la marihuana cometidos por primera vez.
En entrevistas anteriores, los expertos dijeron a The Epoch Times que una nueva generación de fiscales, llamados «fiscales renegados», «des-fiscales» o «fiscales financiados por Soros», han tomado por asalto las fiscalías en los últimos tiempos.
«Ellos creen que el sistema de justicia penal es excesivamente punitivo y racialmente tendencioso y que es irredimible», dijo a The Epoch Times Sean Kennedy, experto en justicia penal del Instituto de Políticas Públicas de Maryland. «Así que intentan socavarla desde dentro».
Las tácticas más comunes de los fiscales «renegados» incluyen la adopción de políticas para no perseguir segmentos enteros de delitos, como los delitos no violentos, o para no acusar de los delitos para evitar las sentencias mínimas obligatorias.
Kennedy también dijo que estos fiscales tienden a evitar cargos que podrían tener «consecuencias para la inmigración», es decir, cargos graves que podrían desencadenar la deportación de un delincuente extranjero.
«Las víctimas son particularmente ignoradas y desatendidas por estas oficinas», manifestó el experto.
Fiscales «financiados por Soros»
A los fiscales «renegados» se les ha aplicado la etiqueta «financiados por Soros», ya que George Soros, el multimillonario fundador de la Open Society Foundations, ha realizado importantes donaciones para la elección de fiscales de distrito de la Izquierda.
Soros ha dejado claro su apoyo a determinados fiscales. En un artículo de opinión anterior, explicó por qué ha donado a «fiscales reformistas» y no tiene «ninguna intención de apoyar a fiscales de detenerse».
“Los fondos que proporciono permiten que los candidatos sensatos con mentalidad reformista sean escuchados por el público”, escribió Soros.
“En los últimos años, los fiscales reformadores y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país se han unido en torno a una agenda que promete ser más eficaz y justa”.
Soros señaló que esto incluye políticas de justicia penal menos punitivas.
“Esta agenda incluye priorizar los recursos del sistema de justicia penal para proteger a las personas contra los delitos violentos. Insta a que tratemos la adicción a las drogas como una enfermedad, no como un delito y busca acabar con la criminalización de la pobreza y la enfermedad mental”, escribió a continuación.
“Por eso he apoyado la elección (y más recientemente la reelección) de fiscales que apoyan la reforma. Lo he hecho de manera transparente y no tengo intención de detenerme”.
George Soros entregó recientemente la dirección de su Open Society Foundations a su hijo, Alex Soros, quien se comprometió a al menos estar tan involucrado políticamente como su padre.
Con la contribución de Katabella Roberts y Petr Svab
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