La reforma al Poder Judicial en México, que plantea la elección de jueces, ministros y magistrados, vulnera la independencia judicial de los juzgadores, explica la abogada constitucionalista Claudia Aguilar Barroso.
El pasado 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial con 357 votos a favor, 130 en contra y 0 abstenciones. El partido Morena logró aprobar la reforma con el uso de su nueva mayoría calificada, de dos tercios, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La iniciativa ahora se encuentra en el Senado, donde Morena está a un voto de aprobar la reforma, antes de la investidura de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, que ha dicho que dicha iniciativa es irreversible.
«La independencia judicial no es un concepto abstracto o indeterminado», explicó la abogada Aguilar, «realmente es un concepto que se ha ido construyendo y con el cual se ha ido trabajando a lo largo de muchos años y que tiene que ver no solamente con que seas independiente de los factores externos que pudieran querer incidir o influir en las determinaciones que vas a tomar».
Aguilar Barroso es socia fundadora y directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados en la Ciudad de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. También es miembro de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados A.C., y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y co-fundadora de la plataforma AÚNA.
La abogada señaló que la reforma vulnera la estabilidad económica y de empleo de las personas juzgadoras porque «cuando tienes que acudir a las urnas para que puedas ganar y puedas tener el cargo de juez o magistrado, seguramente te van a llevar a que tengas que volverte una persona popular».
Dijo que las sentencias de los jueces normalmente no son populares cuando no se le da la razón a las autoridades o a los justiciables.
«Entonces, realmente lograr que el electorado esté de acuerdo con ellos para que lleguen al cargo y luego, después de nueve años, puedan ser ratificados o reelectos en el cargo, (…) puede ser incluso peligroso para el ejercicio adecuado de las funciones de una persona juzgadora».
Aguilar sostiene que pese a que los juzgadores tienen la posibilidad de contender por su cargo, se vulnera el principio de estabilidad en el empleo y se pierden las remuneraciones que tienen, debido a la desaparición de sus fideicomisos.
Respecto a la creación de un tribunal disciplinario en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la abogada sostiene que se corre el riesgo de que se convierta en «una especie de tribunal inquisitorial» donde se sancione a «todas esas personas juzgadoras que no resuelven de conformidad con los intereses del pueblo» que la reforma no aclara cuáles son en su iniciativa.
El CJF tiene la facultad de resolver quejas administrativas y de responsabilidad de los servidores públicos, y solucionar los conflictos de trabajo entre el Consejo y sus servidores públicos. Además, puede amonestar e imponer multa a aquellas personas que falten el respeto a un órgano o a un miembro del Poder Judicial de la Federación. Su objetivo es preservar la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Consejo.
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en su relación con la embajada de Estados Unidos debido a los señalamientos del embajador Ken Salazar a su reforma al Poder Judicial. El embajador dice que los cambios permitirán a los cárteles de la droga explotar el sistema judicial del país y pondrán en peligro las relaciones comerciales entre México y EE.UU., añadiendo que estas «dependen de la confianza de los inversionistas en el marco jurídico de México».
Otros congresistas del partido republicano y demócrata también han hecho eco de la misma preocupación.
En cuanto a los señalamientos de Estados Unidos sobre una posible injerencia del crimen organizado en el sistema judicial, Barroso cree que México debe poner atención en las preocupaciones de su socio comercial y analizarlas.
«Estas señales de alarma, las que han dado un poco los mercados, los comunicados de los embajadores y ciertas cámaras de comercio, por lo menos deberían de llevar a nuestras autoridades a decir, ‘yo creo que debemos hacer una pausa en el camino, ver qué está pasando, qué les está preocupando'»,dijo.
Asimismo, argumenta que en México muchas de las entidades están cooptadas por el crimen organizado, por lo que se debería plantear cómo garantizar que estos grupos criminales no sean los que coloquen a las personas juzgadoras en un modelo de elección popular.
Explicó que la reforma plantea la creación de la figura de jueces sin rostro que pretende salvaguardar la integridad de las personas juzgadoras y sus familias. Sin embargo, los jueces sin rostro a nivel internacional han sido criticados y condenados por violaciones a los derechos humanos.
«Representan un riesgo, un riesgo muy importante, porque si una persona acusada desconoce quién lleva su caso, ni siquiera puede (…) evaluar si esa persona es idónea o si tiene o no conflictos de interés, entonces eso violenta todas las garantías procesales», reflexionó, diciendo que esta medida violenta el derecho de los ciudadanos de ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
Explicó también que la figura de jueces sin rostro se ha implementado en países como Perú, Colombia y Brasil y que como resultado se detectaron casos de violaciones de derechos humanos.
«Porque realmente se usaban esos jueces sin rostro, más bien para fines políticos, porque se fabricaban falsos culpables y se criminalizaban a personas defensoras de derechos humanos. Normalmente tienen que ver con regímenes, autoritarios o tiránicos», dijo.
La abogada constitucionalista además recomienda hacer un ejercicio de pedagogía ciudadana para entender lo que significa el Poder Judicial y lo que está en riesgo con la reforma.
«La función del Poder Judicial es que tiene que encargarse de velar por la Constitución, es el guardián de la Constitución, si lo quisiéramos ver así. Entonces, ¿qué es lo que hace? verifica, cuida y cumple que la Constitución y las leyes se respeten, y resuelve conflictos que se pueden dar entre personas y los órganos del poder público, las autoridades», dijo.
«Y por eso, su obligación principal es protegernos a las y los gobernados, a las personas, incluidas personas que puedan no ser mexicanos, incluidas las personas migrantes, incluidas las personas en situación de calle, las personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, es decir, a todas las personas, cuando un acto de autoridad, que provenga ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, vulnere o afecte nuestros derechos humanos, ya sea que se encuentren reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales», agregó.
La abogada puso como ejemplo el caso de Mariana Lima en el que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por problemas de corrupción en las fiscalías y la policía.
El caso de Mariana Lima Buendía llamó la atención de todo el país porque su caso se archivó como homicidio hasta que la SCJN ordenó reabrirlo para investigarlo como feminicidio. Como resultado, se aprehendió al expolicía Julio César Ballinas, esposo de Buendía, por el asesinato de su cónyuge.
«Si queremos hacer una verdadera reforma al sistema de justicia, tenemos forzosamente que pensar y repensar en las fiscalías, en los ministerios públicos, en las policías, en los sistemas judiciales locales o los poderes judiciales locales de manera integral y, sin duda, hacer las correcciones que se deban hacer al interior del Poder Judicial Federal para evitar actitudes de nepotismo, de corrupción, en que pudieran llegar a incurrir determinadas personas juzgadoras. Hay mecanismos, se pueden fortalecer esos mecanismos, sin duda se puede», concluyó.
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