Un abogado que representaba a los observadores electorales que alegaban fraude sistémico durante el proceso electoral en el condado de Wayne, Michigan, instó a un juez estatal a obstaculizar la certificación de las elecciones y ordenar una auditoría para determinar la precisión e integridad del voto.
David Kallman, abogado principal del Great Lakes Justice Center, le dijo al juez de la Corte de Circuito del condado de Wayne el miércoles 11 de noviembre que los votantes tienen «derecho a [una] auditoría» de los resultados de unas elecciones bajo una enmienda constitucional de la Constitución de Michigan. La enmienda se agregó a la constitución estatal en 2018.
Kallman representa a dos observadores electorales —Cheryl Costantino y Edward McCall— quienes alegan que los funcionarios electorales permitieron varios procedimientos fraudulentos de votos, como pedir a los trabajadores electorales que antedaten las boletas, que no verifiquen las firmas en las boletas en ausencia, que ignoren las discrepancias en las firmas, y que pasen las boletas a pesar de su validez cuestionable.
La demanda incluye declaraciones juradas de varios testigos que dan fe de un presunto fraude electoral. Durante la audiencia del miércoles, Kallman dijo que estaban buscando (pdf) una orden de restricción temporal o una orden judicial preliminar para obstaculizar la certificación de las elecciones, una orden para una auditoría independiente de los resultados y una orden de protección para «preservar y proteger toda evidencia relevante para este caso».
La denuncia presentada a inicios de esta semana también pide una orden para anular los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y que se lleve a cabo una nueva elección .
Kallman y los abogados de la ciudad de Detroit y los funcionarios electorales estatales impugnaron sobre si se podría ordenar una auditoría acerca de los resultados de las elecciones.
David Fink, el abogado de la ciudad de Detroit, argumentó que el caso «no estaba listo para su resolución» porque no hay recurso legal hasta que se hayan certificado los votos.
«Se supone que las cortes no deben involucrarse en medio de unas elecciones, en medio de un conteo», dijo Fink al juez. “Tenemos todo un procedimiento legal detallado y ese procedimiento legal está establecido para que los votos de la gente cuenten. Para que el proceso siga de forma racional. Si en medio de eso se ajusta con un orden que cambia repentinamente las cosas, de una forma u otra, todos los plazos se invierten, la demora puede perturbar el propósito de todo el proceso electoral».
Fink dijo que los demandantes estaban pidiendo a la corte que lea el requisito de auditoría bajo la constitución estatal como una “oportunidad sin limites” para que la corte ordene a los acusados realizar una auditoría.
«Sin embargo la corte no tiene que hacer eso», dijo Fink al señalar que la constitución solo permite auditorías prescritas por la ley.
Fink dijo que la única situación en la que eso puede ocurrir, citando otra disposición legal, es después de las elecciones cuando sean puestas en marcha por el secretario de Estado.
En respuesta, Kallman le dijo al juez que «no se puede realizar una auditoría si los resultados están certificados».
“Ese es el punto porque nuevamente los [acusados] van a argumentar que el único remedio es un recuento en ese momento”, dijo Kallman. «Por eso es tan importante».
El juez dijo que emitirá un fallo sobre la moción antes del mediodía del viernes.
En este caso se cita a Cheryl A. Costantino y Edward P. McCall, Jr. v. City of Detroit (20-014780-AW).
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