La Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) de México están ofreciendo una narrativa similar a la llamada «verdad histórica» que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014, denunció este lunes el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
El año pasado, la Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó que la desaparición de los estudiantes entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, había sido un «crimen de Estado» en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Además, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido constantemente la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, la llamada «verdad histórica», que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula, pero según el abogado, las cosas han cambiado.
«Hay elementos probatorios que tienen ellos (los militares) en sus archivos, pero de eso no nos dan respuesta y Alejandro Encinas —Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación— nos lee una narrativa, de dónde estamos en este momento, que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos», dijo Rosales a medios tras la reunión en Palacio Nacional.
El abogado remarcó que esa narrativa refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre dos bandos del crimen organizado «y deja todo a un aspecto local, dejando fuera al Ejército», le implica responsabilidad a un militar, «pero fuera de ahí no aparece ningún otro más con responsabilidad».
Dijo que los padres de familia les iban a entregar una serie de informes pero en protesta por esta información dada se negaron a recibirlos.
«Ya habíamos hablado con Encinas y él nos había explicado qué es lo que contenía su informe, entonces había consenso, pero ahora está incorporando elementos nuevos a esta información más cercanos a la ‘verdad, histórica’, incluso criminaliza los estudiantes», dijo Rosales del discurso de Encinas, quien acudió la reunión junto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luis María Alcalde.
Rosales dijo que ahora los padres analizarán si continúan en el diálogo con el Gobierno o no. «Definitivamente no nos está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada», expuso.
La reunión de este día se da en vísperas del noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes.
Este lunes, Carlos Beristain y Ángela Buitrago, los dos exmiembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, aseguraron que para avanzar en el caso es imprescindible entregar la información que solicitan los padres y que daría certezas sobre el paradero de los jóvenes.
“Se necesita dar continuidad a ese trabajo (el realizado en los nueve años desde la desaparición). Hemos tocado de lleno muchas pruebas, pero otras la estamos tocando con la punta de los dedos, se necesita la información que se está solicitando”, dijo Beristain durante un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El experto del grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 se refirió a la solicitud que hicieron los padres de los estudiantes el pasado miércoles al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una reunión en la que el mandatario aseguró que no hay más información por parte del Ejército de la entregada hasta el momento.
Sin embargo, el último informe del GIEI detalló la existencia de varios documentos que no se entregaron y de muchos que no están completos.
También este lunes, compañeros de escuelas rurales y padres de los 43 estudiantes desaparecidos protestaron frente a las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —ahora Centro Nacional de Inteligencia— ubicadas en la Ciudad de México, donde exigieron la entrega por parte del Ejército de documentos cruciales para dar con el paradero de los jóvenes.
Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos mantienen un plantón desde el pasado jueves frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.
Reclaman que el Ejército entregue la documentación que falta sobre el caso y que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes, pese a que el pasado miércoles se reunieron con el presidente y este aseguró que ya está todo entregado.
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