Un abogado del expresidente Donald Trump criticó al Departamento de Justicia de Estados Unidos por la redada del FBI a la residencia Mar-a-Lago del presidente número 45 y dijo que es “justo preguntar” si la agencia está participando en alguna ocultación.
“Lo que tenemos en esta situación es una primicia histórica y yo creo que está tomando un curso muy negativo el tener esta orden de allanamiento basada en negociaciones fallidas [de los Archivos Nacionales], las que yo supongo permitieron al gobierno básicamente saquear la residencia del presidente”, dijo el abogado James Trusty a Fox News este fin de semana.
“Uno pensaría en esta era en la que el fiscal general habla constantemente sobre el estado de derecho y la transparencia, que seríamos los primeros en decir: ‘que seguro que otro par de ojos estaría perfectamente bien’” (para chequear).
El Departamento de Justicia (DOJ) y el equipo de Trump están envueltos en una batalla judicial sobre la petición ante una jueza para que designe a un maestro especial que revise los documentos que fueron incautados por el FBI durante la redada del mes pasado. Si bien el DOJ ha argumentado en contra del procedimiento, la jueza se puso del lado de los abogados de Trump la semana pasada y ordenó el nombramiento del perito especial.
Trump y el DOJ presentaron el 9 de septiembre sus seleccionados para el puesto de perito especial. En una acción judicial aparte, el DOJ apeló la semana pasada la orden de la jueza ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Entre otros argumentos, los fiscales del gobierno dijeron que el nombramiento de un perito especial, una tercera parte neutral, retrasaría su investigación.
La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, nombrada por Trump, también impidió que el Departamento de Justicia y el FBI usaran los registros incautados «con fines de investigación», pero estipuló que esta orden no afectaría una evaluación que está llevando a cabo la Comunidad de Inteligencia (IC) de 17 agencias con respecto a la documentos incautados.
Los abogados del Departamento de Justicia escribieron en cambio que los funcionarios del FBI también estarían involucrados en la evaluación del IC, lo que haría que fuera imposible llevarla a cabo.
“Antes de la orden de la corte, el mismo personal del FBI involucrado en la investigación criminal se coordinaba adecuadamente con el IC en su revisión y evaluación”, escribieron los abogados del gobierno. “La aplicación de la medida cautelar a los registros clasificados frustraría la capacidad del gobierno para llevar a cabo una evaluación de riesgos de seguridad nacional y una revisión efectiva de la clasificación y podría impedir que el gobierno tome las medidas correctivas necesarias a la luz de esa revisión, arriesgándose a un daño irreparable a nuestra seguridad nacional e intereses de inteligencia”.
Trump ha sostenido que la redada tiene motivaciones políticos y que no hizo nada malo, por lo que Trusty acusó al Departamento de Justicia de promover una narrativa que no puede ser cuestionada.
“Hubiera sido mucho más respetuoso del departamento y de este fiscal general si se dieran la vuelta y dijeran: ‘Saben qué, es una buena idea tener un perito especial. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Hagámoslo’. Pero ese no ha sido el enfoque. Esta es una lucha constante”, dijo Trusty a Fox News.
El DOJ no ha devuelto una solicitud de comentarios.
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