Está previsto que el abogado especial Robert Hur testifique ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 12 de marzo sobre su investigación acerca del manejo de documentos clasificados por parte del presidente Joe Biden, según informó a The Epoch Times el 15 de febrero una fuente familiarizada con el asunto.
La audiencia versará sobre el informe recientemente publicado por Hur sobre la investigación, en el que el abogado especial se negó a presentar cargos contra el presidente, pero concluyó que había retenido «voluntariamente» documentos clasificados.
En el informe también se detallan las conclusiones sobre la «mala memoria» del presidente Biden, lo que dio lugar a un intenso escrutinio de la agudeza mental del presidente, al tiempo que provocó reacciones en contra por parte de la administración. Los responsables de Biden han calificado las acusaciones como motivadas políticamente.
«Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado», escribió Hur en un informe de 388 páginas dirigido al fiscal general Merrick Garland.
Los materiales, según el informe, incluían «documentos clasificados marcados sobre política militar y exterior en Afganistán, y cuadernos que contenían anotaciones manuscritas de Biden sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior que implicaban fuentes y métodos de inteligencia sensibles».
El FBI recogió estos objetos el año pasado, durante un registro de la residencia del presidente Biden en Wilmington, Delaware. El FBI también registró la casa del presidente en Rehoboth Beach, Delaware, donde también encontraron material clasificado.
No obstante, Hur dijo que «las pruebas no establecen la culpabilidad de Biden más allá de toda duda razonable» y que «el enjuiciamiento de Biden tampoco está justificado sobre la base de nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes establecidos en los Principios de Enjuiciamiento Federal del Departamento de Justicia».
La decisión de no acusar al presidente Biden por presunta manipulación indebida de material clasificado contrasta con el trato dado al expresidente Donald Trump por haberlo hecho supuestamente tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021; la finca Mar-a-Lago del expresidente fue allanada en 2022, y fue acusado por el abogado especial Jack Smith en 2023. El presidente Trump se ha declarado inocente; el juicio está previsto que comience el 20 de mayo.
Los documentos clasificados pertenecen a la carrera política de más de cuatro décadas del presidente Biden, que ha incluido el Senado, la vicepresidencia y ahora la presidencia.
Hur entrevistó al Presidente Biden durante dos días el año pasado.
Problemas de memoria
Al decidir no acusar al presidente, Hur dijo que un jurado probablemente sería comprensivo, en parte debido a sus problemas cognitivos.
«También hemos considerado que, en el juicio, Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista con él, como un hombre simpático, bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria», escribió Hur.
«Basándonos en nuestras interacciones directas con él y en nuestras observaciones, es alguien para quien muchos jurados querrán identificar la duda razonable. Sería difícil convencer a un jurado de que deberían condenarlo —por entonces un ex presidente bien entrado en los ochenta— por un delito grave que requiere un estado mental de voluntariedad».
Según Hur, el olvido del presidente Biden podría ser un motivo para guardar involuntariamente la información clasificada.
Además, el FBI encontró cuadernos de la época del presidente Biden como vicepresidente que él sabía que «contenían información clasificada», dijo Hur.
Sin embargo, las pruebas no «cumplirían la carga del gobierno en el juicio, en particular el requisito de demostrar que Biden tenía la intención de hacer algo que la ley prohíbe», dijo Hur.
«Esperamos que la defensa del Sr. Biden en el juicio sea que pensaba que sus cuadernos eran de su propiedad personal y que podía llevárselos a casa, aunque contuvieran información clasificada».
Antes de la publicación del informe, el abogado personal del presidente Biden, Bob Bauer, y el asesor especial del presidente, Richard Sauber, enviaron una carta a Hur y al asesor especial adjunto, Marc Krickbaum, en la que afirmaban que, aunque se alegraban de que su cliente no fuera acusado, discrepaban de algunos de los puntos principales del informe.
Bauer y Sauber se opusieron a las conclusiones sobre la mala memoria del presidente Biden. Sostuvieron que el presidente «lo hizo bien» al responder a «preguntas sobre acontecimientos de hace años en el transcurso de cinco horas».
Los abogados del presidente Biden también dijeron que la «incapacidad de su cliente para recordar fechas o detalles de acontecimientos que ocurrieron hace años no es sorprendente ni inusual, especialmente teniendo en cuenta que muchas preguntas le pedían que recordara los detalles del trabajo del personal para embalar, enviar y almacenar materiales y muebles en el curso de mudanzas entre residencias».
La fuente familiarizada con la audiencia dijo que ésta se centrará en «todo» lo relacionado con el informe.
La Casa Blanca se queja a Garland
El abogado personal del presidente Biden, Bob Bauer, y el asesor de la Casa Blanca, Ed Siskel, escribieron una carta al fiscal general Merrick Garland el 7 de febrero, como continuación de la carta que enviaron el 5 de febrero a Hur y Krickbaum.
En la carta del 7 de febrero se expresaban objeciones a las conclusiones del informe sobre la memoria del presidente —sentimientos que Bauer y Siskel consideraron «denigrantes» y una violación de «la práctica y la política de larga data [del Departamento de Justicia]».
«Aún más sorprendente es el hecho de que las críticas de Hur al presidente Biden reflejan uno de los ejemplos más ampliamente reconocidos en la historia reciente de críticas inapropiadas de fiscales a conductas no imputadas», escribieron Bauer y Siskel.
Denunciaron que el informe había «violado abierta, obvia y descaradamente la política y la práctica del Departamento, así como el consenso bipartidista sobre las limitaciones apropiadas de los informes de los abogados especiales».
Politico y The New York Times informaron por primera vez de la carta del 7 de febrero.
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