Los abogados del expresidente Donald Trump y del abogado especial Jack Smith presentaron argumentos ante la corte la tarde del 2 de abril, sobre el uso de las Leyes de Registros Presidenciales, en respuesta a un plazo fijado por la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, para presentar instrucciones hipotéticas para el jurado basadas en conjuntos «competitivos» de hechos, algunos de los cuales los abogados han argumentado se contraponen.
El Sr. Smith está procesando al presidente Trump por 40 cargos relacionados con el manejo indebido de documentos clasificados, y el mes pasado la jueza Cannon celebró una audiencia sobre dos mociones para desestimar los cargos 1-32 sobre la base de la Ley de Registros Presidenciales y por la vaguedad constitucional.
Horas después de la audiencia, la jueza denegó la segunda moción sin perjuicio, escribiendo que los argumentos podrían renovarse en relación con las instrucciones al jurado.
La jueza no tardó en ordenar a ambas partes que respondieran a un «ejercicio» de instrucciones para el jurado, como lo describieron las partes, abriendo la puerta a que la defensa presente sus argumentos para desestimar en debida forma.
«Nulidad por vaguedad»
La jueza pidió a las partes que contemplen cómo debía explicarse a los jurados la Ley de Archivos Presidenciales en su aplicación al caso.
Los fiscales argumentaron que la jueza utilizó una «premisa jurídica fundamentalmente errónea» en los escenarios que ella presentó, y dijeron que la Ley de Registros Presidenciales no debería desempeñar ningún papel en el juicio, en absoluto.
La defensa, incluido el presidente Trump en muchas declaraciones públicas, argumentó repetidamente que la Ley de Registros Presidenciales daba al presidente Trump el derecho a poseer los documentos que tenía.
Durante la audiencia, la jueza se opuso a esta afirmación, argumentando que la imputación de cargos acusa al presidente Trump bajo la Ley de Espionaje, sin hacer mención de la Ley de Registros Presidenciales. Es decir, un documento podría ser designado personal, pero aun así contener información altamente clasificada.
Ella comentó que el argumento equivalía a pedir a la corte que dictaminara que una ley «sustituía» a la otra y criticó a la defensa por este razonamiento.
En una presentación judicial del 2 de abril, la defensa argumentó que la incapacidad de estas dos leyes para conciliarse en estos escenarios subraya la «vaguedad» de los cargos contra el presidente Trump, los que deberían ser retirados.
«Tal como se aplica al presidente Trump, la § 793(e) es inconstitucionalmente vaga y ‘no es ley en absoluto'», argumentó la defensa.
«Por lo tanto, renovamos el desafío de nulidad por vaguedad del presidente Trump (…) que la Corte denegó sin perjuicio el 14 de marzo de 2024, ‘para ser planteado según corresponda en relación con la instrucción del jurado y / u otras mociones apropiadas'», dice la presentación.
Documentos «personales»
La jueza pidió a las partes que discutieran quién tenía la autoridad para determinar si los documentos presidenciales eran «personales», y si el hecho de que estos documentos fueran a la vez clasificados y personales cambiaría la determinación del jurado sobre la culpabilidad o inocencia del expresidente.
La defensa argumentó que ni la corte ni el jurado tenían autoridad para revisar la decisión del presidente Trump de designar artículos como personales, y permitirlo invitaría a una serie de errores constitucionales.
«Hacerlo sería ‘entregar la responsabilidad de la legislatura de definir el comportamiento criminal a fiscales y jueces no elegidos’ —así como a los jurados— y ‘dejar a la gente sin una forma segura de saber qué consecuencias se adjuntarán a su conducta'», indicó la defensa, citando precedentes.
La corte no debe crear leyes nuevas y «más claras» cuando tiene ante sí una ley imprecisa, sino tratar «la ley como una nulidad», dice el escrito.
Ellos argumentaron que tanto la imputación como la oficina del abogado especial, en sus argumentos, dijeron que el presidente Trump «causó» que los registros fueran retirados de la Casa Blanca, en efecto concediendo que él tenía la autoridad para retirarlos.
La defensa señaló otros casos civiles, pero no penales, en los que las cortes tuvieron que revisar «las directrices y las aplicaciones a nivel de política de la PRA», y argumentó que la «Administración Biden y NARA nunca intentaron obtener dicha revisión civil, prefiriendo en su lugar convertir al DOJ y a la Oficina del Asesor Especial en armas, para promover la misión de interferencia electoral».
La defensa argumentó que el caso no debía presentarse ante un jurado, el que entonces tendría que determinar si los documentos clasificados estaban debidamente clasificados.
Ellos también argumentaron que la falta de cualquier precedente para la situación a la que se enfrenta el presidente Trump bajo esta imputación pone de relieve la moción para desestimar el caso basado en un enjuiciamiento selectivo y vengativo aún ante la corte, solicitando una audiencia sobre el asunto.
Solicitud de audiencias
La defensa propuso audiencias para varios asuntos, incluida la otra moción pendiente para desestimar, y otra para exigir al abogado especial que ofrezca pruebas de que el presidente Trump recibió los documentos clasificados como parte de las sesiones informativas presidenciales.
Ellos indicaron que también tienen una moción de desestimación basada en la inmunidad presidencial ante la corte, y el tema será argumentado ante la Corte Suprema este mes.
«Estas circunstancias apoyan aún más la solicitud del presidente Trump de que la moción de inmunidad presidencial se mantenga en suspenso hasta que la Corte Suprema resuelva el caso Trump vs. Estados Unidos», se lee en la presentación.
La defensa declaró que si el caso no se desestima antes de la conclusión de la revisión de la Corte Suprema, solicitarían una audiencia probatoria sobre la inmunidad presidencial aplicada a este caso.
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