Los abogados del expresidente Donald Trump respondieron a la solicitud de orden de silencio del fiscal especial Jack Smith en su caso de documentos clasificados pidiendo a la juez federal del caso que rechazara las afirmaciones de los fiscales.
Los abogados escribieron en un documento judicial del 14 de junio dirigido a la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, que la solicitud de orden de silencio en el caso de Florida es una “muestra impactante de extralimitación” y es “inconstitucional”, añadiendo que los fiscales no han presentado pruebas de supuestas amenazas o acoso que resultó de los comentarios del 45º presidente sobre el caso.
“Ni un solo agente del FBI que participó en la redada presentó una declaración jurada, ni siquiera un argumento, afirmando que los comentarios del presidente Trump los pusieron en riesgo”, escribieron los abogados del expresidente.
La solicitud de orden de silencio, agregaron, debería ser bloqueada por el juez porque tiene “ambigüedades”, una “falta de criterios de aplicación” y un “efecto paralizador” sobre la libertad de expresión.
Los abogados del expresidente Trump también argumentaron que la orden de silencio violaría su derecho a un “discurso político central”, una afirmación similar a la hecha por sus abogados en su juicio penal en Nueva York después de que el juez presidente, el juez Juan Merchán, iniciara una orden de silencio que prohibía el al expresidente comentar sobre ciertas personas relacionadas con el caso.
En presentaciones judiciales a principios de este mes, los fiscales argumentaron que las recientes afirmaciones del expresidente Trump acerca de que los agentes del FBI estaban armados durante el registro de su propiedad en Mar-a-Lago, en agosto de 2022, provocarían amenazas y acoso contra los agentes del orden.
El FBI le dijo a The Epoch Times el mes pasado que durante la búsqueda de 2022, sus agentes siguieron la política estándar en las ordenes de registro.
“El FBI siguió el protocolo estándar en esta búsqueda como lo hacemos para todas las órdenes de registro, que incluye una declaración de política estándar que limita el uso de fuerza letal”, dijo el portavoz del FBI. “Nadie ordenó que se tomaran medidas adicionales y no hubo ninguna desviación de la norma en este asunto”.
Ese comentario se hizo después de que el expresidente Trump afirmara en las redes sociales y en el sitio web de su campaña que documentos judiciales revelados mostraban que los agentes del FBI estaban listos para la resistencia del Servicio Secreto durante el registro de su propiedad.
Esos documentos incluían una declaración del FBI sobre el uso de fuerza letal por parte de los agentes, que citaba la política gubernamental al afirmar que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley del Departamento de Justicia pueden usar fuerza letal solo cuando sea necesario, es decir, cuando el oficial tenga una creencia razonable de que el agente sujeto de dicha fuerza representa un peligro inminente de muerte o lesión física grave para el oficial o para otra persona”.
En mayo, la juez Cannon rechazó una solicitud anterior del fiscal especial para la aplicación de una orden de silencio, pero los fiscales federales presentaron una segunda solicitud pocos días después. Advirtieron que los comentarios del expresidente Trump sobre los agentes del FBI también podrían afectar a los posibles jurados del caso.
“Estas afirmaciones engañosas e incendiarias exponen a los profesionales encargados de hacer cumplir la ley que están involucrados en este caso a riesgos injustificados e inaceptables: invitan al tipo de amenazas y acoso que han ocurrido cuando otros participantes en procedimientos legales contra Trump han sido blanco de sus invectivas”. Jay Bratt y David Harbach, que trabajan con el Sr. Smith, escribieron en documentos judiciales presentados el 31 de mayo.
En la presentación, los fiscales enumeraron una serie de publicaciones y correos electrónicos de recaudación de fondos enviados por el expresidente Trump y su campaña, alegando que contienen acusaciones falsas e incendiarias. Específicamente, citaron publicaciones en las que el expresidente o su campaña afirmaban que los funcionarios federales estaban “autorizados a dispararle”.
Los fiscales no presentaron su solicitud a la juez Cannon de forma acelerada.
La juez Cannon programó una audiencia para el 24 de junio sobre la solicitud de orden de silencio. No hay un cronograma sobre cuándo se pronunciará sobre la solicitud.
En el caso, el expresidente Trump enfrenta 40 cargos federales por retención ilegal de documentos clasificados después de que abandonó la Casa Blanca a principios de 2021 y por presunta obstrucción de los intentos de los funcionarios de recuperarlos. El expresidente se declaró inocente en el caso de registros clasificados, al tiempo que argumentó que el caso tiene motivaciones políticas y es un intento de poner en peligro su candidatura a la reelección presidencial en noviembre.
El juicio ha sido pospuesto indefinidamente por la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, quien no ha hecho ninguna indicación pública sobre una posible fecha de para su reanudación.
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