Acusado de cargos estatales en Georgia; potencialmente inhabilitado en California; desbancarizado por dos de sus bancos, y enfrentándose a una nueva investigación por parte del fiscal federal Jack Smith, el abogado pro-Trump John Eastman se mantiene firme.
El Sr. Eastman no ha retrocedido en su creencia de que todo estadounidense tiene derecho a cuestionar y desafiar el resultado de las elecciones, una postura que le ha costado caro a él y a su familia.
Criticar los resultados electorales ha sido criminalizado por la fiscal del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, dice.
La Sra. Willis, demócrata, ha acusado al Sr. Eastman de múltiples delitos graves por el trabajo legal que realizó en el estado para el expresidente Donald Trump tras las elecciones de 2020.
Según el Sr. Eastman, el otoño pasado, en un proceso llamado «desbancarización», Bank of America y la institución financiera USAA cancelaron sus cuentas sin previo aviso, causándole grandes molestias.
Los acuerdos de depositaría y las políticas bancarias establecidas otorgan a muchos bancos la facultad de cerrar cuentas sin dar ninguna explicación.
La desbancarización es vista por los republicanos como un medio para castigar a las personas por sus creencias políticas.
Recientemente, la jueza de la Corte del Colegio de Abogados del Estado de California, Yvette Roland, recomendó que el Sr. Eastman fuera inhabilitado por sus creencias expresadas sobre presuntos fraudes e irregularidades en la realización de las elecciones presidenciales de 2020.
La medida pone en peligro la capacidad del Sr. Eastman para ganarse la vida. El caso está siendo apelado ante la Corte Suprema de California.
En 2022, las autoridades federales incautaron el teléfono móvil del Sr. Eastman cuando salía de un restaurante.
El Sr. Eastman es actualmente un coconspirador no acusado en el caso federal contra el expresidente Trump por presuntamente tratar de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
¿Doble estándar?
Los demócratas impugnaron los resultados de las elecciones presidenciales con la esperanza de influir en el resultado en 1960, 2000 y 2016 sin sanciones legales.
Algunas de sus tácticas consistieron en presentar una lista alternativa de electores, influir en los electores para que votaran en conciencia en lugar de hacerlo de acuerdo con sus obligaciones legales y presentar múltiples impugnaciones ante los tribunales.
El abogado especial Jack Smith está exigiendo documentos y escudriñando el papel del Sr. Eastman en el diseño de la compleja estrategia legal del equipo de Trump el 6 de enero.
El planteamiento sostenía, entre otras cosas, que, en la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021, el vicepresidente de Estados Unidos, ante la objeción de un solo congresista o senador (de un estado en disputa), podría apartar para una investigación más profunda por parte de la legislatura del estado los informes impugnados del Colegio Electoral.
La estrategia de Eastman también avanzaba la teoría legal de que el vicepresidente podría rechazar las listas del Colegio Electoral de los estados en disputa y, a continuación, optar por aceptar una lista alternativa de electores.
Randall Miller, abogado del Sr. Eastman, dijo en una declaración pública: «El Dr. Eastman sostiene que su manejo de las cuestiones legales que se le pidió que evaluara después de las elecciones de noviembre de 2020 se basó en precedentes confiables, elecciones presidenciales anteriores, investigación del texto constitucional y amplio material académico».
La acción sugerida fue un duro golpe político rechazado por el vicepresidente Mike Pence, quien dijo que la medida era inconstitucional.
El Sr. Eastman, de 64 años, es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Tiene un doctorado de la Escuela de Graduados de la Universidad Claremont y fue profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Chapman.
Exasistente jurídico del juez de la Corte Suprema de EE. UU. Clarence Thomas, Eastman es el director fundador del Centro de Jurisprudencia Constitucional, un bufete de abogados de interés público vinculado al Instituto Claremont, un think tank conservador.
Durante su carrera, el Sr. Eastman se presentó sin éxito como candidato republicano al Congreso en California, así como a fiscal general del Estado.
La abogada neoyorquina y política republicana Wendy Stone Long, exasistente jurídica del juez Thomas de la Corte Suprema y excompañera de trabajo de John Eastman durante varios años, fue testigo de su carácter en su juicio contra el Colegio de Abogados de California.
En un artículo escrito para Chronicles Magazine, la Sra. Long escribió: «Ya no vivimos en un país libre. La persecución de dos abogados estadounidenses, John Eastman y Jeff Clark, lo demuestra».
La Sra. Long escribió sobre las ramificaciones de la situación de los dos hombres:
«Presagia problemas… para el propio Estado de derecho y para todos los que vivimos bajo la libertad y la protección que proporciona. El Estado de derecho está siendo atacado en Estados Unidos por las mismas personas e instituciones destinadas a defenderlo».
Activista conservador, Jeff Clark fue fiscal general adjunto en la Administración Trump. Se cree que ha consultado con el Sr. Trump sobre sus opciones legales después de las elecciones de 2020.
El Sr. Clark se enfrenta a posibles medidas disciplinarias, incluida la inhabilitación potencial en Washington, DC, por sus acciones supuestamente poco éticas.
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