La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos demandaron a la administración del presidente Joe Biden el 11 de mayo, alegando que la reactivación por parte del gobierno de las restricciones de asilo de la era Trump no son legales.
Las nuevas restricciones son ilegales en parte porque obligan a los solicitantes de asilo no mexicanos a ingresar a Estados Unidos en los puertos de entrada, dijeron los grupos en una demanda presentada ante una corte federal en California.
«La norma aquí impugnada intenta resucitar y combinar las características ilegales de las dos prohibiciones de asilo anteriores que esta Corte y el Noveno Circuito declararon ilegales», señalaron los demandantes. «Esta nueva norma no es menos ilegal o perjudicial. En efecto, eliminará el asilo para casi todos los solicitantes de asilo no mexicanos que entren entre los puertos de entrada designados, e incluso para aquellos que se presenten en un puerto sin obtener primero una cita”.
La demanda le pide a la corte que impida permanentemente al gobierno respaldar las restricciones y las declare ilegales.
Los demandados son Biden, el fiscal general Merrick Garland, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
«Esta norma pretende incentivar a los inmigrantes a utilizar vías legales en lugar de emprender el peligroso viaje de cruzar ilegalmente la frontera sur», dijo un portavoz del DHS a The Epoch Times en un correo electrónico. «Esta regla responde a los elevados cruces que estamos experimentando en la frontera y es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en Estados Unidos en un momento en que el Congreso se niega a reformar nuestras leyes de inmigración rotas o proporcionar los fondos necesarios para contratar a suficientes oficiales de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes de manera oportuna”.
El CBP declinó realizar algún comentario.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes para realizar comentarios.
Nueva norma
La ley federal permite a los inmigrantes solicitar asilo o presentar una solicitud por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social si regresan a su país de origen. Los inmigrantes deben proceder de un país que no pueda o no quiera protegerles de la persecución. La mayoría de las solicitudes se rechazan por no cumplir con los criterios.
Los solicitantes de asilo pueden solicitarlo incluso después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, una práctica a la que apuntan las restricciones de la administración Biden.
Las nuevas restricciones, contenidas en una norma final, rechazan automáticamente las solicitudes de asilo a menos que procedan de inmigrantes ilegales que hayan obtenido una cita y se hayan presentado en un puerto de entrada o en un cruce oficial, de inmigrantes que hayan solicitado asilo en un país por el que hayan viajado y se les haya rechazado, y de inmigrantes que hayan recibido permiso de las autoridades estadounidenses para viajar a Estados Unidos.
Las únicas excepciones son para los inmigrantes que experimenten «circunstancias excepcionalmente apremiantes», como una «emergencia médica aguda», y los que acudan a un puerto de entrada sin cita previa. Estos últimos deben demostrar que no pudieron utilizar una nueva aplicación llamada CBP One debido a factores como «barreras del idioma».
La regla “presume que aquellos que no usan vías legales para ingresar a Estados Unidos no son elegibles para el asilo y permite que Estados Unidos retire a las personas que no establezcan un temor razonable de persecución o tortura en el país de expulsión”, afirmaron el DHS y el Departamento de Justicia en un comunicado conjunto.
Los funcionarios propusieron las restricciones en febrero y aceptaron comentarios públicos durante aproximadamente un mes.
Bloqueadas por las Cortes
Cuando se implementaron durante la administración Trump, las restricciones fueron bloqueadas en las cortes.
Un juez determinó que las restricciones a los inmigrantes que no se presentaban en los puertos de entrada no cumplían con una ley federal que requiere en gran medida que las agencias proporcionen un período de tiempo para recibir comentarios públicos antes de promulgar nuevas políticas. La sentencia fue confirmada por las cortes superiores, incluso la Corte Suprema.
Una prohibición de asilo para los inmigrantes que viajaron a través de otro país estuvo en vigor durante aproximadamente un año luego de que la corte superior de la nación levantara una medida cautelar. Según datos del gobierno, esto provocó un aumento de los rechazos de solicitudes de asilo.
Finalmente se dictaminó que la prohibición infringía las leyes estadounidenses.
Las sentencias significan que las restricciones no han estado en vigor durante años.
Mientras que la administración Biden está retratando las nuevas restricciones como diferentes, en realidad están renovando las restricciones bloqueadas, dijeron los demandantes en el nuevo caso.
“La regla funciona tal como lo hicieron las prohibiciones de asilo anteriores de la administración Trump: los solicitantes de asilo sujetos a la regla—todos los no mexicanos—están categóricamente excluidos a menos que cumplan con una de las condiciones o excepciones enumeradas y limitadas. Se trata de una prohibición simple con exenciones limitadas, que pone patas arriba el proceso de asilo», afirma la demanda.
Todos los demandantes son organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los solicitantes de asilo, incluidos algunos que «no podrían haber solicitado asilo en tránsito».
«La nueva prohibición de la administración Biden pone en grave peligro a los solicitantes de asilo vulnerables y viola las leyes de asilo de Estados Unidos. Ya hemos recorrido este camino antes con Trump», dijo en un comunicado Katrina Eiland, abogada gerente de la ACLU. «Las prohibiciones de asilo fueron crueles e ilegales entonces, y nada ha cambiado ahora».
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