La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos de Arkansas no pedirán a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un fallo de un tribunal inferior que establece que los grupos privados no pueden demandar en virtud de una sección clave de la Ley Federal del Derecho al Voto.
Los grupos dejaron que expirara el plazo de presentación de demandas ante la Corte Suprema de EE.UU. a principios de este mes.
La rama de Arkansas de la ACLU, que colaboró en una impugnación contra los nuevos distritos de la Cámara de Representantes del estado de Arkansas, confirmó a The Epoch Times el 8 de julio que no presentó una petición al alto tribunal de EE.UU. antes de la fecha límite para revisar el fallo de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de EE.UU.
Un panel de 2-1 en el tribunal de apelaciones determinó que sólo el fiscal general de EE.UU. puede hacer cumplir la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto y que los grupos externos no pueden presentar demandas utilizando esa sección de la ley.
El Arkansas Public Policy Panel y la Arkansas State Conference NAACP, que también impugnaron los nuevos distritos de la Cámara de Representantes del Estado de Arkansas en virtud de la ley, no presentaron una petición en el plazo establecido.
El artículo 2 de la Ley del Derecho al Voto de 1965 exige que los mapas políticos incluyan distritos en los que los candidatos preferidos por las minorías puedan ganar las elecciones. Desde hace tiempo se interponen demandas en virtud de esta sección para intentar garantizar que los votantes negros y de minorías tengan una representación política adecuada.
Un portavoz de la ACLU dijo que el fallo del Octavo Circuito era «erróneo» y «contrario a 60 años de precedentes en los que los tribunales federales, incluido el Tribunal Supremo, han emitido cientos de decisiones concediendo a los demandantes privados reparación en virtud de la Sección 2».
Existe «un mecanismo alternativo para que los demandantes privados reivindiquen sus derechos» mediante la presentación de demandas en virtud de otra sección de la Sección 2, dijo el portavoz, añadiendo que el grupo está considerando otras vías para impugnar el plan de
La ACLU y otros grupos, incluida la NAACP de la Conferencia Estatal de Arkansas y el Panel de Políticas Públicas de Arkansas, argumentaron en su demanda anterior que el plan priva a la población negra y a otros grupos minoritarios del derecho a elegir a los representantes que deseen.
«Aunque no estamos buscando la revisión de esta decisión, estamos lejos de haber terminado en nuestra búsqueda para garantizar que los arkansanos elijan a sus candidatos, y no al revés, y que tengamos mapas justos y representación para todos los arkansanos», declaró la ACLU.
El portavoz no dio detalles sobre cómo o cuándo el grupo impugnará la ley de redistribución de distritos.
El fallo del Octavo Circuito, mientras tanto, sólo se aplica a los tribunales federales cubiertos por el distrito, compuesto por Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur, según la ACLU.
Los grupos habían impugnado el plan de redistribución de distritos de la Cámara de Representantes del estado de Arkansas, que fue aprobado en 2021 por la Junta de Reparto del estado. La ACLU impugnó el plan ese mismo año.
El Fiscal General de Arkansas, Tim Griffin, describió la decisión del grupo de no solicitar a la Corte Suprema como una «victoria para Arkansas» porque «pone fin a ese desafío».
«Durante demasiado tiempo, grupos de intereses especiales han utilizado la Sección 2 para secuestrar las decisiones de redistribución de distritos y dictar cómo los estados llevan a cabo las elecciones», dijo el Sr. Griffin en un comunicado.
«La decisión del Octavo Circuito puso fin a esa práctica en Arkansas y otros seis estados. Confirmó que las decisiones sobre cómo hacer cumplir la Ley del Derecho al Voto deben ser tomadas por funcionarios electos, no por grupos de intereses especiales».
Cuando emitió el fallo a finales de 2023, el panel del Octavo Circuito argumentó que, si bien los tribunales han dicho que la Sección 2 es aplicable privadamente, «una mirada más profunda ha revelado que esta suposición descansa sobre una base endeble».
«Los grupos de defensa argumentan que los tribunales han estado resolviendo reclamaciones [de la Sección] 2 presentadas por demandantes privados durante años, por lo que deben estar disponibles», escribió la mayoría. «Pero suponer su existencia, e incluso discutirlas, es diferente de decidir realmente que existe un derecho de acción privado».
En 2023, el Tribunal Supremo de EE.UU. ordenó a Alabama redibujar su mapa del Congreso después de que grupos demandaran al estado en virtud de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, rechazando una petición de los republicanos del estado para mantener su mapa.
La decisión de la ACLU de no impugnar en Arkansas también se produce cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. denegó a finales de junio una solicitud del estado de Luisiana de celebrar una audiencia con el pleno del tribunal de apelaciones para determinar si los particulares y los grupos externos pueden demandar en virtud de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto.
Con información de The Associated Press.
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