El estatuto de manipulación de pruebas que está siendo utilizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para procesar a cientos de acusados el 6 de enero es inconstitucionalmente amplio, interfiere con la libertad de expresión de la Primera Enmienda y deja a los fiscales con «una discreción desenfrenada y sin normas para crear efectivamente su propia ley», argumenta una nueva presentación ante el Tribunal Supremo.
La Corte está estudiando la posibilidad de admitir una impugnación del uso de la ley (pdf) presentada por el acusado del 6 de enero Edward Jacob Lang, de 28 años, de Nueva York.
Lang, al menos otros 317 acusados y el ex presidente Donald Trump fueron acusados de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial: el recuento de los votos del Colegio Electoral de las elecciones presidenciales del 2020 por una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero del 2021. El cargo es un delito grave con una pena máxima de 20 años de prisión.
Un nuevo escrito amicus curiae (pdf) presentado por la Fundación para la Libertad FormerFedsGroup dijo que la ley cooptada de manipulación de pruebas-18 U.S. Code §1512(c)(2)-«significa lo que un fiscal creativo y carente de cautela desee que signifique».
«Ser acusado es ser condenado porque la acusación penal no tiene un significado fijo», escribieron los abogados Thomas Renz y Bradford Geyer en un escrito de 61 páginas presentado ante el Tribunal Supremo el 29 de septiembre.
El escrito de FormerFedsGroup sigue a un escrito amici curiae (pdf) presentado el 30 de agosto por los abogados de otros tres acusados del 6 de enero: Christopher J. Warnagiris, de 43 años, Christopher J. Carnell, de 21 años, y William Robert Norwood III, de 40 años.
La obstrucción de un procedimiento oficial es el delito más comúnmente imputado en los casos del 6 de enero. Decenas de acusados del 6 de enero ya fueron condenados en virtud de la ley, que nunca se había utilizado de esta manera desde que se implantó en 2002 como medio para frenar el fraude financiero empresarial.
A tres acusados del 6 de enero que impugnaron la ley ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C., el juez Carl Nichols les retiró los cargos de obstrucción a principios de este año. Los fiscales federales apelaron esas sentencias antes del juicio, lo que dio a los acusados la posibilidad de impugnar inmediatamente el uso de la ley por parte del Departamento de Justicia.
El juez Nichols escribió que §1512(c)(2) «requiere que el acusado haya realizado alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto con el fin de obstruir, impedir o influir de manera corrupta en un procedimiento oficial».
El DOJ aún no espondió a las impugnaciones presentadas en el caso Lang. Justo antes de la fecha límite del 29 de septiembre para su presentación, el DOJ solicitó a la Corte Suprema 30 días más para presentar su escrito debido a la gran carga de trabajo. La petición fue aceptada. La nueva fecha límite es el 30 de octubre.
El investigador jurídico Jonathon Moseley, que ayudó a preparar el escrito de FormerFedsGroup, dijo que el uso por parte del DOJ de la ley de obstrucción en los casos del 6 de enero es peligroso.
«El Departamento de Justicia se embarcó en una revolución que está cambiando por completo el sistema de justicia penal de EE.UU. reinterpretando leyes antiguas», dijo Moseley a The Epoch Times. «No se quiere creatividad en un fiscal, como tampoco se quiere contabilidad creativa».
El informe amicus curiae también se centra en cómo el Departamento de Justicia está eliminando el calificativo «corruptamente» de la ley», dijo Moseley. «Eliminar esa limitación significa que el DOJ de Biden puede acusar a cualquiera —sí, a cualquier lector de The Epoch Times, a cualquiera— de un delito grave de 20 años».
El Sr. Moseley dijo que el hecho de que la Corte Suprema se haga cargo de este caso sería un importante freno a la expansión del poder de acusación del DOJ.
«Si se permite el aventurerismo del DOJ de Biden, cambiará permanentemente la capacidad del gobierno para suprimir los derechos de los ciudadanos estadounidenses», dijo Moseley. «Todos los estadounidenses estarán al capricho de cualquier fiscal para aterrorizarlos».
¿Aplicación partidista?
El Sr. Renz señaló que la aplicación desigual de §1512 (c) (2) se basa aparentemente en la política partidista.
«En 2018, los manifestantes obstruyeron el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos y tomaron físicamente el Hart Senate Office Building para tratar de detener la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de los Estados Unidos», escribió el Sr. Renz. «En su mayoría fueron liberados en unas cinco horas con una fianza de 50 dólares, que más tarde fue retirada».
«Entre mayo y junio del 2020, los alborotadores asediaron la Casa Blanca. Al parecer, más agentes de la ley resultaron heridos en el asalto a la Casa Blanca que el 6 de enero del 2021», se lee en el nuevo escrito.
El novedoso uso de la ley por parte del Departamento de Justicia dejó a los abogados defensores de los acusados del 6 de enero «desconcertados» sobre cómo sus clientes pueden verse atrapados en este delito de 20 años.
«El único parametro parece ser si un manifestante está de acuerdo con los mensajes del gobierno», escribió el Sr. Renz.
El estatuto dice:
«Quien corruptamente (1) altere, destruya, mutile u oculte un registro, documento u otro objeto, o intente hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad del objeto o la disponibilidad para su uso en un procedimiento oficial; o (2) de otra manera obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas».
El estatuto formaba parte de la Ley Sarbanes-Oxley del 2002, aprobada por el Congreso a raíz de los escándalos contables de grandes empresas, como Enron, WorldCom y Tyco International. La ley pretendía prevenir el fraude empresarial y mejorar las auditorías y la divulgación de información financiera.
Una cuestión clave en el debate es el significado de la palabra «corruptamente» en la ley.
Los demandados y los manifestantes de los actos del 6 de enero «se ven coartados en el ejercicio de su libertad de expresión, el derecho a solicitar a su gobierno la reparación de agravios y a reunirse pacíficamente», escribió el Sr. Renz.
«¿Son culpables de ‘influir corruptamente’ en un ‘procedimiento oficial’ cuando nadie sabe lo que significa ‘corruptamente’?».
El Congreso utilizó el término «ilegalmente» con mucha más frecuencia en los estatutos federales que «corruptamente», dijo el Sr. Renz.
El Congreso optó por utilizar la palabra «corruptamente» en algunos estatutos penales, pero «ilegalmente» en otros», escribió el Sr. Renz. «Por lo tanto, ‘corruptamente’ no puede equivaler a ‘ilegalmente’. Ninguna interpretación que reduzca ‘corruptamente’ a poco más que ‘ilegalmente’ puede pasar la prueba de la intención del Congreso».
Se aplican otras leyes
Renz citó el caso de 1893 Estados Unidos contra Pettibone para argumentar que la conducta de los manifestantes del 6 de enero ya está cubierta por otras leyes federales.
«En Pettibone, la Corte Suprema opinó en 1893 que ‘corrupto’ implicaba algo más que un estado de malevolencia general; requería un ‘designio específico de frustrar la justicia'», escribió. «Las Cortes que aplican este estándar de intención específica reconocieron típicamente que el término corrupto implica ‘un grado más alto de culpabilidad mental que el mero conocimiento o la intención general'».
«¿Qué quiso decir el Congreso sobre obstruir ‘corruptamente’ un procedimiento cuando el Congreso ya abordó este escenario exacto en un conjunto diferente de estatutos sin usar el término «corruptamente»?» escribió el Sr. Renz.
En un fallo fracturado y confuso de 1-1-1 en abril, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia «asumió que cualquiera de las diversas definiciones de ‘corruptamente’ no afectaría la aplicación del estatuto», dijo el Sr. Renz. «Eso no es correcto. Ninguna de las definiciones propuestas es viable».
Algunos de los acusados en virtud de §1512(c)(2) fueron acusados de agredir a agentes de la ley, pero para otros, su sola presencia como parte de una gran multitud de manifestantes y alborotadores en el Capitolio fue suficiente para obstruir, impedir o influir en la sesión conjunta del Congreso.
«La corte no puede presumir que impedir el cumplimiento de la ley es un acto corrupto», dijo el Sr. Renz. «¿Interrumpir a un agente para preguntarle dónde está el baño sería un delito?».
El Congreso ya contemplaba los actos en el Capitolio que pudieran interferir en procedimientos como las audiencias, dijo el Sr. Renz.
El Título 40 del Código de EE.UU. §5104 prohíbe «proferir un lenguaje fuerte, amenazador o abusivo, o participar en una conducta desordenada o perturbadora, en cualquier lugar en los terrenos o en cualquiera de los edificios del Capitolio con la intención de impedir, interrumpir o perturbar el desarrollo ordenado de una sesión del Congreso o de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o el desarrollo ordenado en ese edificio de una audiencia ante, o cualquier deliberación de, un comité del Congreso o de cualquiera de las Cámaras del Congreso».
Este estatuto no utiliza el término «corruptamente» y conlleva una pena máxima de seis meses de cárcel. El Sr. Renz dijo.
«Convertir delitos menores de 6 a 12 meses en un delito grave de 20 años exige más de nosotros en una definición precisa y sólida», escribió.
«Como se vio ahora en la ‘Jurisprudencia del 6 de enero’ sin precedentes, un estatuto que pretende criminalizar una conducta puede ser inconstitucional si deja a un funcionario público con una discreción desenfrenada y sin normas para hacer efectivamente su propia ley dentro de la vaguedad del estatuto», dijo el Sr. Renz. «El estatuto no debe invitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a legislar».
La ley también viola la Primera Enmienda, escribió el Sr. Renz.
«18 U.S.C §1512(c)(2) es inconstitucional en violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU. en que el estatuto impone hasta 20 años de prisión para quien ‘(2) de otro modo obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo’ corruptamente», dijo.
«La inexplicable inclusión de ‘influencias’ viola el derecho de la Primera Enmienda a solicitar al gobierno la reparación de agravios y la libertad de expresión», afirmó.
Citando el caso Hobbs contra Thompson, de la Corte Suprema de 1971, el escrito decía que la ley de obstrucción podría tener un efecto amedrentador.
La falta de una advertencia justa a los actores o la falta de normas adecuadas para guiar a los ejecutores también puede dar lugar a un «enfriamiento» de la actividad privilegiada», dice. «Una persona que contempla una acción que podría estar cubierta por un estatuto vago se queda con la duda de si está cubierta por el estatuto y, en caso afirmativo, si su alegación de privilegio será estimada».
El ámbito potencial de abuso de la ley de obstrucción es muy amplio, dijo el Sr. Moseley.
«Todo ciudadano estadounidense tiene derecho a ‘influir’ en los procedimientos oficiales en virtud de la Primera Enmienda», dijo Moseley. «Si no hay un significado claro de ‘corruptamente’, entonces se te puede acusar de un delito punible con 20 años por intentar ‘influir’ en cualquier audiencia del Congreso o judicial».
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