Cuatro miembros de alto rango del cártel de Sinaloa fueron acusados de cargos federales de tráfico internacional de drogas el 5 de noviembre, según anunció el Departamento de Justicia.
Según el DOJ, un gran jurado federal acusó a Aureliano Guzmán-Loera, de Sinaloa, México, y a los hermanos Ruperto, José y Heriberto Salgueiro-Nevarez, de Guadalupe y Calvo, México.
Los cuatro miembros de alto rango del cártel cometieron presuntamente varias violaciones de la ley al distribuir internacionalmente sustancias controladas, entre ellas fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana durante un periodo de siete años.
El fentanilo es responsable de más del 63 por ciento de las 96,779 muertes por sobredosis en Estados Unidos entre marzo de 2020 y 2021, según el Departamento de Estado.
Los fiscales alegan que los hermanos Salgueiro-Nevarez operan una facción del cártel conocida como la Organización Salgueiro-Nevarez (SNO), mientras que Aureliano Guzmán-Loera es el hermano del antiguo líder del cártel, Joaquín «El Chapo» Guzmán-Loera.
El Chapo, de 64 años, fue condenado en febrero de 2019 en un juicio de alto perfil en Brooklyn por dirigir una empresa de drogas de miles de millones de dólares, traficar toneladas de cocaína, heroína y marihuana y participar en múltiples conspiraciones de asesinato como líder principal del cártel de Sinaloa, conocido durante mucho tiempo como una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y violentas de México.
Fue declarado culpable de los 10 cargos penales federales que se le imputaban, entre ellos el de participar en una empresa delictiva continuada, conspiración para el lavado de dinero procedente del narcotráfico y distribución internacional de cocaína, heroína, marihuana y otras drogas, y fue condenado a cadena perpetua más 30 años.
Las pruebas demostraron que, bajo las órdenes de Guzmán, el cártel de Sinaloa fue responsable del contrabando de una gran cantidad de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante sus 25 años de reinado, dijeron los fiscales en los documentos judiciales que recapitulan el juicio.
Guzmán se escapó dos veces de la cárcel en México y fue extraditado a Estados Unidos en 2017.
Actualmente cumple su condena en la prisión federal Supermax de Florence, Colorado.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares para cada uno por información que conduzca a la detención o condena de Guzmán-Loera y los hermanos Salgueiro-Nevarez.
La acusación se produce en un momento en que los cárteles de la droga ilegal y la actividad de las bandas se están apoderando de las pequeñas ciudades del sur de California y supuestamente están provocando que los residentes huyan de sus hogares, según un nuevo documental de investigación publicado por el reportero del Daily Caller Jorge Ventura.
«Cartelville, USA», publicado el 4 de noviembre, documenta la investigación de Ventura sobre las operaciones de cultivo ilegal de marihuana que están surgiendo en el condado de Los Ángeles, especialmente en su Antelope Valley natal.
Ventura dijo que quería «arrojar luz» sobre la situación en su ciudad natal, y añadió que «sentí que los estadounidenses que viven en estos pueblos necesitaban una voz en esta historia».
Ventura dijo que los cárteles de la droga suelen contrabandearla desde México y distribuirla dentro de Estados Unidos a través de diversos canales.
El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo en una conferencia de prensa en junio que su departamento identificó 150 cultivos ilegales de marihuana en Antelope Valley en 2020; este año, el número había aumentado a más de 500.
El periodista de investigación también pidió al presidente Joe Biden que reforzara la vigilancia en la frontera sur, lo que, según él, reduciría la fuente de trabajo de los cárteles.
El mes pasado, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puso fin al programa «Permanecer en México», a pesar de que un tribunal le ordenó actuar de buena fe para restaurarlo.
El programa, formalmente conocido como Protocolos de Política Migratoria (MPP), se puso en marcha durante la administración Trump, y obligó a muchos solicitantes de asilo a esperar en México para que sus demandas fueran escuchadas.
Con información de Micaela Ricaforte.
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