NUEVA YORK — Fiscales federales han presentado cargos penales acusando a una compañía de Nueva York de importar y vender ilegalmente a las fuerzas armadas de EE. UU. dispositivos de vigilancia fabricados en China con reconocidos riesgos de ciberseguridad.
En una demanda penal dada a conocer el 7 de noviembre, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo que Aventura Technologies, ubicada en Commack, Nueva York, estaba vendiendo ilegalmente dispositivos al gobierno de Estados Unidos y a particulares, y que se embolsó 88 millones de dólares producto de las actividades fraudulentas.
Los fiscales alegaron que la empresa etiquetó falsamente los productos como fabricados en Estados Unidos, mientras que en realidad fueron importados principalmente de China, en un sistema que funcionó desde 2006 hasta hace poco. Algunos de los dispositivos tenían reconocidos problemas de ciberseguridad, señaló el DOJ.
Una llamada a la compañía estadounidense por parte de La Gran Época para pedir información no fue devuelta hasta el momento.
Seis de los siete empleados y exempleados de Aventura acusados fueron arrestados el 7 de noviembre, incluyendo a Jack Cabasso, el hombre acusado de ser la cabeza del sistema.
Entre los principales clientes de la empresa se encuentran la Armada de Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y otros organismos federales.
A finales de 2018, Aventura había vendido 20,7 millones de dólares en equipos de seguridad a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos al mentir sobre el país de origen de los dispositivos. El Departamento del Tesoro, otro cliente de Aventura, había pagado 16,9 millones de dólares a la compañía hasta el 9 de septiembre de 2019, según la denuncia.
Al etiquetar los productos chinos como fabricados en Estados Unidos, Aventura pudo cobrar una prima a sus clientes, dice la demanda. La compañía estadounidense no fabrica nada por su propia cuenta, aclara la denuncia.
«La codicia está en el corazón de este sistema, un motivo reprensible cuando los sujetos en este caso aparentemente cuestionan la seguridad de los hombres y mujeres que se ponen el uniforme cada día para proteger a nuestra nación», dijo William Sweeney, Director Asistente a Cargo de la Oficina Federal de Investigaciones.
Riesgos de seguridad
Dos de los fabricantes chinos que suministraron dispositivos a Aventura son reconocidos por producir firmware (soporte lógico inalterable) con fallas de seguridad, según documentos judiciales. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional, promulgada el 13 de agosto de 2018, prohíbe a los organismos gubernamentales comprar dispositivos de videovigilancia y telecomunicaciones a uno de los proveedores debido a problemas de seguridad nacional, según el documento.
«Aventura no solo defraudó a sus clientes, sino que también los expuso a graves y reconocidos riesgos de ciberseguridad, y creó un canal por el cual gobiernos extranjeros hostiles podrían haber accedido a algunas de las instalaciones más sensibles del gobierno», dijeron los fiscales en la declaración.
En un caso, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptaron un envío desde China a Aventura en abril de 2019, que contenía una cámara de visión nocturna mejorada con láser que correspondía con la especificación de un pedido de 13.500 dólares realizado a la empresa por la Armada de Estados Unidos. La misma cámara fue entregada a la Base Naval Submarina de New London en Groton, Connecticut, dos semanas después.
En septiembre de 2018, el Departamento de Energía ordenó molinetes automatizados en red por un valor de 156.000 dólares a Aventura, especificando que debían ser fabricados en EE. UU. En enero de 2019, los funcionarios de aduanas interceptaron los molinetes de un proveedor chino que correspondía al pedido, que fue entregado al departamento en febrero de 2019.
En agosto de 2018, un oficial de la Fuerza Aérea observó caracteres chinos en la pantalla integrada de una cámara corporal de Aventura. Un análisis realizado posteriormente por un especialista encontró «numerosas indicaciones» de que era de China continental, incluso la cámara contenía una imagen precargada del logotipo del Ministerio de Seguridad Pública de China y el logotipo de un fabricante chino. La cámara era una de las 25 cámaras corporales que la Fuerza Aérea de Estados Unidos compró para su personal de seguridad.
Los acusados habían hecho todo lo posible para ocultar cualquier rastro del origen chino de los productos, dijeron los fiscales, incluyendo la exigencia de que un proveedor chino borrara sus iniciales de la placa de circuitos del producto.
Jonathan Larsen, agente especial a cargo del IRS-CI, dijo que las implicaciones de la conducta de Aventura fueron «más allá de los descarados intentos de enriquecimiento personal».
«En la economía global actual, ‘Made in USA’ es una marca demasiado sagrada como para usarla de manera fraudulenta para el propio interés», dijo Larsen.
Según los documentos judiciales, las autoridades estadounidenses han incautado 3 millones de dólares y un yate de lujo de 21 metros de Cabasso, pero creen que existen otros bienes en el extranjero.
Aventura y los siete acusados enfrentan cargos de importación ilegal y conspiración para cometer fraude electrónico y bancario. Cabasso y su esposa, Frances Cabasso, también fueron acusados de lavado de dinero a través de empresas ficticias, y de tergiversar la compañía como una pequeña empresa «propiedad de mujeres» para obtener acceso a contratos especiales del gobierno de EE. UU.
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