Un hombre de Chicago recibió una acusación federal de estafar por más de USD 83 millones a una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) con pruebas COVID falsas o inexistentes.
La acusación contra Zishan Alvi, propietario de LabElite, se emitió el 8 de marzo. Fue obtenida por el Departamento de Justicia del Norte de Illinois.
En ella, se acusa a Alvi de haber ideado un plan para presentar reclamaciones por pruebas PCR nunca realizadas para su reembolso en virtud de múltiples programas federales establecidos para pagar las pruebas de COVID-19 no cubiertas por el seguro médico, incluida la ley demócrata Families First Coronavirus Response Act.
Según la acusación, su empresa solía proporcionar a los clientes resultados de pruebas COVID para pruebas que nunca se habían realizado.
“Los cargos en este caso alegan que el acusado hizo caso omiso de las preocupaciones de salud pública a favor de la ganancia financiera personal. Hacerlo comprometiendo programas financiados por los contribuyentes y destinados a luchar contra la propagación del coronavirus fue especialmente censurable», declaró el fiscal federal en funciones del distrito norte de Illinois, Morris Pasqual, en un comunicado sobre los cargos contra Zishan.
The Epoch Times intentó comunicarse con Alvi para solicitar sus comentarios. Su empresa dejó un mensaje en su teléfono indicando que está cerrada.
LabElite es una de las varias empresas que se asocian con cientos de sitios emergentes de pruebas de COVID en Estados Unidos.
En la acusación (pdf) no se nombra a LabElite como el laboratorio responsable de la manipulación de las pruebas. Se trata de uno de los laboratorios de pruebas de COVID con sede en Chicago que han sido investigados el año pasado por diversos organismos públicos por su gestión de los resultados de las pruebas de COVID.
Massachusetts, Nevada, Washington, Minnesota y California se encuentran entre los más de doce estados que han descubierto que las empresas o bien etiquetan mal las pruebas, o bien no siguen los procedimientos de prueba adecuados, o bien cobran dinero y nunca proporcionan los resultados a los clientes que pagaron por ellos.
Alvi es el primer propietario de laboratorios de pruebas de COVID con prácticas cuestionables que ha sido acusado penalmente.
Además de solicitar el reembolso de las pruebas que nunca se realizaron, Alvi está acusado de ordenar a sus laboratorios que tomen atajos y se salten los estándares de las pruebas.
Según la acusación en su contra, una investigación reveló que sus prácticas con frecuencia solían conducir a la entrega de resultados incorrectos a los clientes.
Los expedientes judiciales muestran que Alvi presentó solicitudes fraudulentas de reembolso de pruebas COVID nunca realizadas a la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA), una agencia del HHS, encargada de administrar los fondos de los distintos programas federales de reembolso COVID.
Según la acusación, Alvi también recibió dinero de la “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus”, el “Programa de Protección de Cheques de Pago” y la “Ley de Mejora de la Atención Médica”.
Los programas se crearon bajo la iniciativa de financiación por COVID de USD 160 millones de Biden de 2021 llamada «Plan de rescate Americano».
«Es absolutamente reprobable que el acusado utilice una crisis de salud pública para presuntamente defraudar a los contribuyentes y poner aún más en riesgo la salud pública al proporcionar resultados fraudulentos de la prueba COVID-19», dijo el fiscal general Kwame Raoul en una declaración que publicó en respuesta a la acusación de Alvi.
Mercado negro lucrativo del COVID
Una revisión de las investigaciones pasadas y en curso sobre las pruebas de COVID muestra que un mercado negro lucrativo nació del programa de reembolso del gobierno casi desde su inicio.
Akbar Ali Syed y su esposa Aleya Siyaj, los propietarios registrados en la lista del Centro para el Control de COVID, que cerró en medio de una investigación federal sobre sus operaciones, presumían de una mansión de un millón de dólares y varios coches de lujo en su TikTok antes de que su cuenta desapareciera, según un informe de USA Today.
The Epoch Times no pudo ponerse en contacto con Syed y Siyaj.
Según los registros de los CDC, Northshore Clinical Labs, otra empresa de pruebas con sede en Chicago que se encuentra bajo investigación federal, recibió más de USD 160 millones en reembolsos federales por sus operaciones de pruebas de COVID antes de tener que cerrar sus operaciones.
Los últimos propietarios de la empresa son los hermanos Hirsh y Gaurav Mohindra y Omar Hussain. The Epoch Times no pudo ponerse en contacto con ninguno de los hombres para solicitar comentarios.
En 2016, Hirsh y Gaurav fueron nombrados acusados en una demanda de la Comisión Federal de Comercio contra una red acusada de estafar a ciudadanos para cobrar deudas inexistentes.
En un acuerdo con la FTC, los hombres entregaron USD 9 millones en activos.
En 2019, Hussain fue nombrado en una demanda similar de la FTC y luego entregó millones de dólares en activos como parte de un acuerdo de conciliación con la agencia gubernamental.
En la acusación contra Alvi, el gobierno federal enumera en su confiscación contra él más de USD 83 millones en activos, incluidos un Bentley 2021, un Lamborghini 2021, junto con otros automóviles de lujo, una cuenta bancaria de USD 6 millones y USD 800,000 en un E*Trade cuenta.
Las pruebas de COVID también han dado lugar a otras estafas.
En agosto pasado, la Comisión Federal de Comercio informó que descubrió una estafa que involucraba ofertas de pruebas de COVID gratuitas a personas con Medicare.
Los estafadores recopilaban información personal y de Medicare en el esquema y luego facturaban al programa de seguro de salud financiado con fondos federales por kits de pruebas falsos.
En algunos casos, según la FTC, los estafadores también facturaban a Medicare otras reclamaciones falsas a través del sistema de pruebas por COVID.
Solo el año pasado, la FDA ha enviado más de 20 cartas de advertencia a diversas empresas por su promoción de kits de pruebas COVID que no están aprobados por la FDA.
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