LOS ÁNGELES— Un asesino convicto liberado el año pasado bajo las políticas del fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, fue detenido y enfrenta 11 nuevos cargos.
El 19 de julio, los oficiales de policía de Los Ángeles encontraron a Andrés Cachu, de 25 años, desplomado sobre el volante de su coche y con un arma de fuego en la cintura. Ellos sospecharon que estaba bajo los efectos de las drogas o del alcohol.
Cuando los oficiales golpearon la ventanilla para despertarlo, el hombre huyó en el vehículo pero se estrelló tras conducir por una autopista en sentido contrario.
Cachu está acusado de un delito grave por huir de un policía motorizado que lo persiguía y por conducir contra el tráfico, por posesión de un arma de fuego como delincuente, posesión para la venta de metanfetamina y posesión para la venta de cocaína. También se enfrenta a un cargo de delito menor por conducir bajo la influencia de una droga, posesión de una sustancia controlada con un arma de fuego y posesión de cannabis para la venta.
El acusado se declaró inocente de los cargos.
«Estamos decepcionados al saber que el Sr. Cachu no ha aprovechado el apoyo que tan claramente necesita y estamos agradecidos de que no se haya producido ningún daño físico a nadie, y estamos comprometidos a que rinda cuentas como adulto en este caso», dijo Gascón en una declaración.
En octubre de 2016, Cachu fue condenado por asesinato y robo en la muerte a tiros de Louis Amela, de 41 años, en Los Ángeles. El acusado admitió el tiroteo mientras estaba en una celda de la cárcel con dos representantes encubiertos que grabaron en secreto su conversación de 45 minutos, según un panel de la corte de apelación que está viendo su caso.
En 2016, los votantes de California aprobaron la Proposición 57, que prohíbe a los fiscales acusar a los menores como adultos sin la aprobación de un juez. La nueva ley también permitía a los condenados como adultos por delitos cometidos cuando eran menores apelar sus sentencias. Cachu, de 17 años en el momento del asesinato de Amela, recurrió a su condena de 50 años a cadena perpetua. En noviembre, la oficina de Gascón no solicitó una audiencia judicial para tratar de mantener a Cachu entre rejas y un panel de apelación ordenó su puesta en libertad.
Gascón, que se enfrenta a un intento de destitución, dijo en una declaración que la decisión de dejar al convicto en libertad el pasado noviembre se basó «en los hechos del caso y en las características individuales del señor Cachu».
«Nosotros determinamos que probablemente no prevaleceríamos en una audiencia de traslado porque no podíamos probar que no se podía beneficiar de los recursos para menores en el momento del delito original —reitero, como exige la ley», dice una declaración de Gascón. «Nosotros pedimos al tribunal que devuelva al Sr. Cachu al Departamento de Justicia de Menores y esa petición fue denegada. Nos frustra ver que está en dificultades y de nuevo, le haremos responsable de los delitos imputados».
La abogada que representó a la familia de Amela, Kathleen Cady, dijo a finales de la semana pasada que Cachu fue puesto en libertad solo por las políticas de Gascón y las acciones de su asesora especial encargada del caso, Alisa Blair, y añadió que «son ellos los que deben rendir cuentas».
Cachu está detenido bajo una fianza de 1.33 millones de dólares a la espera de su audiencia el 1 de agosto. El tribunal determinará si hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio.
Con la información de City News Service
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