El Ministerio Público de Nicaragua acusó a 16 nicaragüenses que se manifestaron desde abril en contra del Gobierno del presidente Daniel Ortega por los delitos de terrorismo y crimen organizado, informó hoy una fuente judicial.
La fiscal Lilliam Soza Mairena acusó a los 16 nicaragüenses además de los delitos de entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, daños agravados, portación o tenencia ilegal de armas de fuego, y lesiones, según el expediente.
La causa se radicó en el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo del juez Henry Morales Olivares.
Los acusados son Juan Daniel Corea, Edgardo Geovany Baltodano y Franklin Jerónimo Lampin, originarios del municipio de Nagarote, a 41 kilómetros al noroeste de Managua, y otras 13 personas que aún no han sido detenidas y se presumen huyeron del país para evitar ser arrestados.
Corea y Baltodano fueron presentados por la Policía Nacional el 3 de diciembre pasado como autores de crimen organizado, asesinato frustrado, secuestros, lesiones y daños agravados.
Según la acusación, los hombres habrían cometido los delitos en un bloqueo de carretera a mediados del presente año.
En tanto, Lampin, además de prácticas terroristas, se dedicaba al crimen organizado, realizó secuestros, lesiones y daños a propiedades del Estado en la ciudad de Nagarote, según la acusación.
La Policía Nacional del municipio de Nagarote, representada por el subcomisionado Benito García es la parte ofendida, junto al oficial Víctor Quiroz, y los civiles Amado José Vanegas y Flavio Navarrete Reyes.
El Gobierno de Nicaragua reporta 340 presos a los que Ortega tilda de terroristas, golpistas o delincuentes comunes; mientras organismos humanitarios locales cuentan hasta 674 «presos políticos» desde el estallido social el 18 de abril pasado.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril pasado que ha dejado, en el marco de protestas antigubernamentales, entre 325 y 545 muertos, según organismos humanitarios locales e internacionales, mientras el Gobierno reconoce 199 víctimas.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de su renuncia, debido al saldo mortal de las manifestaciones.
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