Un gran jurado federal en Nashville, Tennessee, acusó a nueve miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) de 60 cargos por delitos cometidos durante más de siete años, incluyendo asesinato, informó este miércoles el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
La acusación responsabiliza a una rama de la MS-13 que opera en Nashville, denominada Thompson Place Locos Salvatrucha, de cometer una gran variedad de crímenes, incluyendo el asesinato de siete individuos, el intento de asesinato de otros cinco, distribución de drogas, robos, secuestros y asaltos.
Las penas estipuladas por los crímenes cometidos van de 10 años en prisión a cadena perpetua. Una corte federal de distrito determinará las condenas que resulten del proceso conforme a las Guías para las Sentencias de Estados Unidos y otros factores, indicó el DOJ en un comunicado.
De acuerdo con documentos y declaraciones hechas en la corte, la MS-13 es una organización criminal nacional y trasnacional compuesta en su mayor parte por individuos de ascendencia salvadoreña o de otros países centroamericanos.
“El propósito de la MS-13 incluye preservar y proteger su poder, territorio, reputación y ganancias a través del uso de intimidación y violencia, incluyendo el asesinato, y promoviendo su empresa a través de actos de asesinato, robo, tráfico de drogas y otras actividades criminales. Ramas de la MS-13 operan en todo Estados Unidos”, señaló el boletín.
De acuerdo con el texto, los miembros de la MS-13 a menudo ejercen violencia contra personas con base en la creencia de que las víctimas son integrantes de bandas rivales o potenciales testigos de crímenes cometidos por miembros de la organización.
Asimismo, añade, los integrantes de la MS-13 están sujetos a diversas reglas, principalmente la prohibición estricta, bajo amenaza de muerte, a cooperar con las autoridades; la obligación de combatir o matar a miembros de bandas rivales siempre que sea posible, y el deber de responder rápida y violentamente contra cualquiera que amenace la autoridad, poder, reputación o control territorial de la organización.
“La participación en tales actos violentos por parte de un miembro incrementa el respeto que se le tiene, resulta en que el miembro mantiene o eleva su posición dentro de la banda, y podría resultar en su promoción a una posición de liderazgo”, acotó el DOJ.
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