El gobierno de Joe Biden optó por no hacer cumplir la orden de vacunación contra COVID-19 a los contratistas federales, pese a una reciente decisión judicial que permitió a la administración aplicar el mandato en algunas partes del país.
El 31 de agosto, Recursos Humanos y Seguridad Federal de la Casa Blanca actualizó discretamente su página web para decir que el gobierno «no tomará ninguna medida para aplicar o hacer cumplir» la orden ejecutiva de Biden que obliga a los contratistas a vacunarse contra COVID-19. Las cláusulas de los acuerdos existentes que tienen los requisitos de la orden tampoco se aplicarán «a falta de una nueva notificación por escrito», añadió el personal.
Recursos Humanos también realizaron otras actualizaciones, incluyendo la aclaración de que la detección de los síntomas de COVID-19 para los contratistas puede ser realizada por ellos mismos y no necesita ser verificada por los trabajadores del gobierno.
Las medidas se tomaron después de que una corte federal de apelaciones levantara parcialmente la prohibición de aplicar la orden en todo el país. La decisión, junto con las sentencias de otros tribunales, significa que el gobierno pudo haber empezado a aplicar la orden de vacunación en 39 estados. De manera aparte, los trabajadores del sindicato Associated Builders and Contractors (ABC) que demandó al gobierno, fueron designados como exentos sin importar dónde se encuentren.
Recursos humanos no respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué decidió no hacer cumplir la orden. En su página web indicó que quería «garantizar el cumplimiento de una medida cautelar aplicable a nivel nacional, que podría ser complementada, modificada o anulada, dependiendo del curso del litigio en curso».
Posible motivación
La administración ya se enfrenta a múltiples demandas en relación con la orden de vacunación y la decisión podría provenir de querer evitar litigios adicionales, dijo Ben Brubeck, vicepresidente de asuntos regulatorios, laborales y estatales de ABC, a The Epoch Times.
«Creo que es posible que les preocupe que si vuelven a aplicar la política acaben recibiendo demandas adicionales en algunos de esos otros estados», dijo Brubeck.
Tras la reciente decisión de la administración, la prohibición sólo se mantiene en los estados que demandaron o se han unido a las demandas por el mandato de Biden. Esos son 11, Alabama, Arizona, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental.
Una forma de resolver el asunto sería anular la orden por completo. La administración Biden se ha negado a hacerlo hasta ahora, a pesar de las crecientes peticiones hechas debido a la disminución de la eficacia de la vacuna y al creciente número de personas que están protegidas de una infección anterior.
«Eso daría más seguridad a toda la comunidad de contratantes federales. Obviamente, si ellos rescindieran la política, creo que la gente podría centrarse en cuestiones más importantes», como la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de material», dijo Brubeck.
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