El gobierno de Biden dijo el miércoles que apelará el fallo de un juez federal que prohíbe al gobierno deportar a algunos inmigrantes ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la norma del Título 42, sin antes darles la opción de solicitar asilo.
En una presentación judicial, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) dijo que planeaba apelar el veredicto emitido en noviembre por el juez de la Corte de Distrito de EE. UU., Emmet Sullivan, designado por el expresidente Bill Clinton, quien anuló la aplicación de la norma del Título 42.
La norma del Título 42 fue implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en marzo de 2020, durante la administración del entonces presidente Donald Trump, permitiendo a los agentes fronterizos deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales durante la pandemia de COVID-19.
Los CDC mantuvieron la norma bajo la presidencia de Joe Biden.
El 16 de noviembre, Sullivan dictaminó que la administración Biden pusiera fin a la norma del Título 42 antes del 21 de diciembre (pdf). La norma «no consideraba adecuadamente las alternativas y no servía racionalmente a su propósito declarado», escribió el juez en su fallo.
La «decisión de los CDC de ignorar el daño» que la norma puede crear fue «arbitraria y caprichosa» y violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), agregó.
«No es razonable que los CDC asuman que pueden ignorar las consecuencias de cualquier acción que decidan emprender en búsqueda del cumplimiento de sus objetivos, particularmente cuando esas acciones incluyen la extraordinaria decisión de suspender los codificados derechos procesales y sustantivos de los no ciudadanos que buscan un puerto seguro», escribió Sullivan en su fallo.
La corte «se equivoca» al anular norma de los CDC sobre el Título 42, dice la administración Biden
La administración Biden dijo en su presentación que en la apelación argumentará que la norma del Título 42 de los CDC era legal y que «la Corte se equivocó al anular esas aplicaciones de la agencia (pdf)».
Los CDC intentaron poner fin a la norma en mayo, pero la acción fue detenida por un juez federal de Luisiana que falló a favor de los estados demandantes liderados por los republicanos, quienes solicitaron una medida cautelar para mantener la normativa en vigor en medio de la crisis fronteriza.
En ese fallo de Luisiana, el juez Robert Summerhays, designado por Trump, dijo que la medida de los CDC para poner fin a la norma no cumplía con la APA, que requería notificación pública y tiempo para reunir comentarios públicos sobre el plan.
Al conceder la medida cautelar, Summerhays citó el impacto que la cancelación de la norma del Título 42 tendría en los estados demandantes.
Antes de que los CDC anunciaran su decisión de poner fin a la orden del Título 42 en mayo, la entonces directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, declaró que la derogación del Título 42 provocaría una «afluencia de personas a la frontera».
La decisión de los CDC desencadenó una demanda el 4 de abril por parte de 24 estados, encabezados por los fiscales generales de Arizona, Luisiana y Missouri, los que solicitaron la medida cautelar para mantener la normativa en vigor. Los estados argumentaron, en parte, que la derogación de la norma del Título 42 «provocaría un aumento considerable de la inmigración ilegal en Estados Unidos y muchos inmigrantes presentarían solicitudes de asilo sin fundamento».
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, nombrado como demandado en el recurso, declaró anteriormente que el gobierno se estaba preparando para una posible avalancha de inmigrantes hacia Estados Unidos en la frontera sur, estimando que podría haber hasta 18,000 migrantes al día si se derogaba el Título 42.
Nueva reglamentación
En su presentación ante la corte, la administración Biden notificó a la corte de Washington, D.C., que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC habían optado por llevar a cabo una nueva reglamentación para revisar el marco en el que la directora de los CDC puede ejercer su autoridad en virtud del Título 42 para responder a los peligros planteados por futuras enfermedades transmisibles.
El resultado de dicha reglamentación puede hacer que las cuestiones en las que se basa el caso de Luisiana sean irrelevantes «en la medida en que incluso tendrían capacidad para impugnar la regulación en sí, si las Órdenes del Título 42 que están principalmente en juego fueran rescindidas”, según la presentación ante la corte.
La norma del Título 42 fue aplicada por los CDC en respuesta a la posibilidad de que los inmigrantes ilegales introdujeran el COVID-19 en el país. La administración Biden redujo la orden eximiendo a los menores no acompañados y luego intentó derogarla por completo, pero Summerhays frenó esa medida.
En el año fiscal 2022, la Patrulla de Fronteras estadounidense expulsó a cerca de un millón de extranjeros ilegales en virtud del Título 42, frente a 1.1 millones en virtud del Título 8, una legislación federal que permite la deportación de inmigrantes ilegales que no reúnen los requisitos para obtener asilo.
La ONU y otros demócratas han declarado anteriormente que las expulsiones en virtud del Título 42 ponen en peligro a los inmigrantes vulnerables y no tienen fundamento científico. Existe otra orden judicial que impide al gobierno de Biden deportar a familias a países donde puedan sufrir persecución o tortura.
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