Hay un gran impulso en el Congreso para simplificar las regulaciones ambientales federales y acelerar los procesos para otorgar permisos a las agencias.
Pero ese amplio consenso está inmerso en divergencias partidistas. Mientras que el Senado, liderado por los demócratas, considera que permitir la reforma es esencial para implementar la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ve la desregulación como una herramienta para desmantelarla.
Entre estos acantilados polares, podría haber puntos en común para la reforma de los permisos federales de 2024, dijo el presidente del Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima de la Casa Blanca, John Podesta.
Hay apoyo bipartidista en ambas cámaras para revisar las regulaciones y permitir permisos para estimular la inversión en energía, reactivar la industria minera del país y recortar los plazos de aprobación, dijo durante un foro de Brookings Institution el 11 de octubre en el que se evaluaron los impactos del primer año de la IRA.
La administración Biden comparte ese objetivo, dijo Podesta, y quiere que el Congreso actúe, pero, hasta ahora, el único paquete formal de reforma regulatoria sobre la mesa es el HR 1, el Proyecto de Ley de Reducción de Costos Energéticos, adoptada en una votación mayoritariamente partidista de 225 votos contra 204 en la Cámara el 30 de marzo.
El HR 1 fue enviado al Senado hace seis meses y no se ha sabido nada desde entonces. No tiene posibilidades de aprobarse en el Senado liderado por los demócratas o de ser promulgado como ley por el presidente Joe Biden, dijo Podesta, exjefe de gabinete de la administración Clinton.
«Hay ciertas líneas rojas que no cruzaremos», dijo. “El HR 1 socava las leyes ambientales fundamentales, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y la Ley de Residuos Tóxicos. No vamos a cruzar estas líneas rojas”.
El enorme paquete de la Cámara deroga numerosos programas de cambio climático autorizados bajo la IRA, incluido su Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de USD 27,000 millones y la tarifa de metano, al tiempo que dirige la política (y los incentivos fiscales) para que no impulsen las energías renovables hacia la producción nacional de petróleo y gas.
Según el HR 1, los estados conservan la autoridad para regular la fracturación hidráulica, al presidente se le prohibiría imponer una moratoria sobre la fracturación hidráulica y las agencias federales tendrían plazos de 180 días para emitir decisiones después de una revisión de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).
El HR 1 exige más ventas de arrendamiento de petróleo y gas en terrenos públicos y deroga las tarifas de arrendamiento y las regalías recientemente aumentadas. Permite a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitir exenciones temporales de la Ley de Aire Limpio y la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos para proyectos que permitan el procesamiento o refinación en una instalación de recursos energéticos críticos.
La Ley de Menores Costos de Energía propuesta por la Cámara agiliza el proceso regulatorio de la NEPA para proyectos de energía al, entre otras limitaciones, prohibir a las agencias federales considerar impactos ambientales indirectos y acumulativos. Acelera la obtención de permisos para minerales críticos y gasoductos naturales.
El proyecto de ley exige que todas las evaluaciones ambientales federales se completen en un año y que las declaraciones de impacto ambiental sean definitivas en dos años. Cualquier acción legal debe interponerse dentro de los 120 días.
Podesta dijo que si bien hay “líneas rojas” en el HR 1 que hacen que no llegue al Senado, la administración está “abierta a cambios en la NEPA, a analizar ese proceso” como lo exige el proyecto de ley.
Mantienen las esperanzas de un acuerdo en el Senado
Se espera que el Comité de Recursos Naturales del Senado, presidido por el senador Joe Manchin (D-W.V.), proponga este otoño o la próxima primavera un paquete de reformas de permisos.
“Seguimos teniendo esperanzas de llegar a un acuerdo con el Senado”, dijo Podesta, enfatizando que la administración Biden ha hecho de la racionalización del proceso de permisos una prioridad “en los niveles más altos, a nivel de gabinete” para “tratar de hacer avanzar los proyectos”.
Si un paquete de reformas del Senado no surge y no encuentra compradores en la Cámara a principios de 2024, “no esperaremos” a que el Congreso actúe, dijo.
Podesta dijo que el tiempo y la tecnología no esperan a quienes toman decisiones. Hay urgencias en todos los horizontes. Por ejemplo, dijo, la nación necesita ampliar su capacidad de transmisión eléctrica en un 60 por ciento en la próxima década.
La administración está «examinando y utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para acelerar y mejorar los permisos federales» con miras a aumentar «la capacidad en la etapa de permisos, agregar personal y nueva tecnología para hacer avanzar este proceso», dijo.
Si toma acciones ejecutivas unilaterales, eso está sobre la mesa, dijo Podesta.
«Lo que estoy diciendo básicamente es que donde tengamos la autoridad, donde tengamos el dinero, lo utilizaremos para hacer las cosas», dijo. “Todavía espero que haya legislación, pero ¿la Cámara? Cómo están funcionando estos días, cuánto están enfocados internamente… vamos a hacer lo que sea necesario” para poner en marcha los proyectos.
Podesta dijo que poner en marcha los proyectos era el objetivo de la IRA.
La IRA fue adoptada en el Senado en una votación partidista de 51 a 50 (la vicepresidenta Kamala Harris emitió el voto decisivo) y en la Cámara de Representantes en una votación igualmente partidista de 220 a 207 en agosto de 2022.
La IRA inyecta hasta USD 780 mil millones en créditos fiscales federales para la generación de energía neutra en carbono durante los próximos 10 años en lo que es “una transformación de la economía en un tamaño y escala como nunca antes se había hecho”, dijo Podesta. «No solo en la historia del país, sino en la historia del mundo».
Recitó estadísticas: USD 115 mil millones de inversión nacional en “fabricación de energía limpia”, 170 000 nuevos “empleos de energía limpia”, USD 70 mil millones de compromiso privado para las cadenas de suministro de vehículos eléctricos (EV), USD 10 mil millones en cadenas de suministro de fabricación solar, USD 120 mil millones de empresas de servicios públicos a nivel nacional para la “generación de energía limpia”.
A pesar de esto, «la mayoría de los estadounidenses no saben nada sobre la IRA», dijo Podesta. «En ese sentido, es como la ACA [Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio]».
El impacto de la ACA, u Obamacare, «tomó un tiempo» para ser registrado por el público y ahora es muy popular entre los votantes, dijo, y lo mismo será con la IRA porque «el apoyo subyacente a las tecnologías limpias sigue siendo muy popular».
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