El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha acusado a la propietaria y a dos empleadas de un servicio de parteras de Nueva York de distribuir más de 2600 carnés falsos de la vacuna contra el COVID-19.
El DOJ informó que dos enfermeras matronas (una de las cuales es la propietaria) de Sage-Femme Midwifery PLLC, así como una enfermera que trabajaba en el consultorio, han sido acusadas de conspiración para cometer fraude contra Estados Unidos, según un comunicado de prensa.
Las tres están acusadas de conspirar para inscribir la práctica de la partera como un sitio no autorizado de administración de la vacuna contra el COVID-19, destruyendo viales de la vacuna que estaban destinados a los pacientes, y de proporcionar tarjetas falsas de prueba de vacunación.
«Aunque Sage-Femme era un pequeño consultorio de parteras, el fraude de las acusadas lo convirtió en uno de los centros de vacunación más concurridos del Estado de Nueva York, superando a los grandes centros de vacunación estatales», afirma el DOJ.
Los cargos se han presentado en un tribunal federal de Brooklyn como parte de una acción de aplicación de la ley por el COVID-19 a escala nacional.
«Las acusadas en estos casos utilizaron la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para cometer fraude, incluida la falsificación de tarjetas de vacunación y el robo de fondos vitales destinados a mantener a flote empresas en dificultades», declaró en un comunicado el fiscal federal Breon Peace.
En total, la acción de aplicación de la ley se ha saldado con la imputación de 18 personas por su presunta participación en tramas de fraude sanitario por valor de unos 490 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas.
«Combatir y prevenir el fraude relacionado con el COVID-19»
En otro comunicado de prensa en el que se anuncian los cargos penales contra 18 acusados, el DOJ afirma que ha incautado más de 16 millones de dólares en efectivo y otros productos del fraude.
«Esta acción coercitiva sin precedentes contra acusados de todo el país deja claro que el Departamento está utilizando todos los recursos disponibles para combatir y prevenir el fraude relacionado con el COVID-19 y salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes», declaró el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
Uno de los procesados en el marco de la acción nacional es el propietario de un laboratorio de California, acusado de presentar más de 358 millones de dólares en reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare, la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA, por sus siglas en inglés) y una compañía de seguros privada por pruebas de laboratorio.
También en California, un médico fue acusado de un presunto fraude de unos 230 millones de dólares al Programa COVID-19 para personas sin seguro médico de la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios.
«El médico era el segundo mayor facturador del país al Programa de No Asegurados, y presuntamente presentó reclamaciones fraudulentas para el tratamiento de pacientes que estaban asegurados, facturó servicios que no se prestaron y facturó servicios que no eran médicamente necesarios», declaró el DOJ.
El médico supuestamente utilizó más de 100 millones de dólares de los ingresos del fraude para negociar opciones sobre acciones.
Los proveedores de pruebas sin receta para el COVID-19 —que Medicare comenzó a cubrir en abril de 2022— también fueron acusados por presuntamente suministrar docenas de pruebas por COVID-19 a pacientes que no las querían o necesitaban. En algunos casos, los pacientes habían fallecido.
En Florida, un médico y un vendedor fueron acusados de comprar ilegalmente números de beneficiarios de Medicare y enviar pruebas por COVID-19 sin receta no solicitadas a los beneficiarios, lo que provocó más de 8.4 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas.
Por otra parte, el Centro de Integridad de Programas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CPI/CMS) anunció el 20 de abril que había tomado «medidas administrativas adversas» contra 28 proveedores médicos por su presunta implicación en las estafas relacionadas con el COVID-19.
«Resulta especialmente ofensivo descubrir a individuos que se aprovecharon de la pandemia para estafar al gobierno», declaró la administradora de los CMS, Chiquita Brooks-LaSure, en un comunicado.
«Los CMS seguirán investigando agresivamente los fraudes relacionados con COVID-19 y ya han tomado medidas contra 28 proveedores para proteger la sostenibilidad del programa Medicare», añadió.
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