Un juez federal no debería aceptar la propuesta de Project Veritas de nombrar a un magistrado especial después que agentes del FBI allanaran domicilios vinculados al grupo periodístico, argumentaron los abogados del gobierno estadounidense en una presentación judicial el viernes.
Después que los agentes ejecutaran órdenes de registro en varios domicilios vinculados a Project Veritas, incluida una residencia del fundador James O’Keefe, los abogados del grupo pidieron a un juez que nombrara a un magistrado especial, o a un juez retirado, para que examinara el material incautado por los agentes federales y separara ciertos archivos.
Los agentes incautaron teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de O’Keefe y de dos experiodistas de Project Veritas a principios de este mes, según los documentos de la Corte.
Los allanamientos fueron motivadas por la aparente creencia de que el grupo cometió delitos en su manejo de un diario que se dice que fue escrito por Ashley Biden, hija del presidente Joe Biden. Project Veritas afirma que recibió el diario el año pasado, pero que lo entregó a las fuerzas policiales al no poder verificar su autenticidad.
«Las extraordinarias acciones llevadas a cabo por el gobierno, más significativamente el uso de órdenes de registro para incautar materiales de recopilación de noticias de periodistas, parecen estar fundadas en la premisa de que el diario sí pertenece a Ashley Biden. Ese hecho, sin embargo, no justifica el ejercicio de la autoridad penal federal para investigar y castigar a los periodistas que simplemente obtuvieron el diario y lo poseyeron temporalmente», escribieron los abogados del grupo en una moción a la Corte.
Aún más problemático es que en las órdenes de registro no se impusieron límites al acceso del gobierno al material que incautó, dijeron los abogados, lo que le permite acceder a material privilegiado, material de denunciantes y material sobre investigaciones periodísticas.
«El nombramiento de un magistrado especial para revisar los materiales incautados es necesario para proteger los intereses fundamentales de la Primera Enmienda y la información privilegiada entre abogado y cliente», añadieron.
La jueza de distrito Analisa Torres, nominada por Obama, detuvo la semana pasada la extracción de archivos de los dispositivos incautados mientras estudia la solicitud.
En la presentación del 19 de noviembre, los abogados del gobierno dijeron que ya han recurrido a un «equipo de filtrado» de empleados del gobierno para examinar el material incautado y afirmaron que los abogados de Project Veritas «no han ofrecido ninguna explicación persuasiva de por qué esa práctica no sería suficiente aquí para proteger cualquier privilegio periodístico cualificado o privilegio de la Primera Enmienda que pudiera existir o para proteger cualquier privilegio abogado-cliente o producto del trabajo».
Las órdenes judiciales estaban respaldadas por declaraciones juradas detalladas y autorizadas por un juez federal, señaló el gobierno.
Los agentes dicen que están investigando si Project Veritas estuvo involucrado en una conspiración para transportar bienes robados a través de las fronteras estatales.
Los periodistas están legalmente autorizados a publicar material robado siempre que no lo hayan robado ellos mismos, según una sentencia de la Corte Suprema en el caso Bartnicki contra Hopper, que ha sido confirmada en sentencias posteriores, dijeron los abogados de Project Veritas.
El gobierno, sin embargo, indicó que tiene razones para creer que Project Veritas estuvo involucrado en la adquisición del diario. Sin embargo, las pruebas que respaldan esta afirmación están tachadas en la versión de la presentación que se hizo pública.
Además, el gobierno argumentó que los empleados de Project Veritas no son periodistas.
«Project Veritas no se dedica al periodismo dentro de ninguna definición tradicional o aceptada de esa palabra. Sus ‘reportajes’ consisten casi por completo en la publicación de grabaciones no consentidas y subrepticias realizadas por medios ilegales, poco éticos o deshonestos», dijeron los abogados.
Los abogados de Project Veritas tienen hasta el 24 de noviembre para presentar una respuesta.
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