La administración Biden instó a última hora del 27 de julio a la Corte Suprema a suspender una norma del Departamento de Justicia que regula las «armas fantasma», que un juez federal de Texas anuló a principios de este mes.
«Arma fantasma» es un término peyorativo utilizado por los defensores del control de armas para describir un arma de fuego de fabricación casera que carece de número de serie y, por tanto, no puede ser rastreada por las fuerzas del orden.
Los grupos de control de armas llevan años intentando prohibir o regular las armas caseras, pero no han logrado convencer al Congreso para que actúe.
A mediados de 2022, el Congreso aprobó una medida de control de armas por primera vez en años, al aprobar la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, tras una serie de tiroteos masivos de gran repercusión. Aunque la legislación no se ocupa de las armas de fuego de fabricación casera, promueve las llamadas leyes de bandera roja, que animan a la gente a denunciar a los propietarios de armas si creen que pueden suponer un peligro para sí mismos o para otros.
Casi al mismo tiempo, la Corte Suprema votó con 6-3 preferencias a favor de anular el estricto sistema de permisos de portación oculta de armas del estado de Nueva York, por motivos constitucionales, reconociendo por primera vez un derecho constitucional a portar armas de fuego en público para defensa propia. La Corte también determinó que las restricciones a las armas deben estar profundamente arraigadas en la historia de Estados Unidos si se quiere que sobrevivan al escrutinio constitucional.
La solicitud se presentó a modo de emergencia (pdf) en el caso conocido como Garland vs. VanDerStok, expediente judicial 23A82.
El presidente Joe Biden dijo en abril de 2022 que las pistolas de fabricación privada, que a menudo se fabrican con kits de armas, son las «armas preferidas de muchos delincuentes».
Ese mes, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió una norma que obligaba a las personas que ensamblan armas de fuego caseras a añadirles números de serie. La norma también exigía la comprobación de antecedentes de los consumidores que compraban los kits a los distribuidores.
«Esta norma dificultaría a los delincuentes y a otras personas prohibidas la obtención de armas imposibles de rastrear», declaró entonces el fiscal general Merrick Garland.
«Esta ayudará a garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que puedan recuperar la información que ellos necesitan para resolver los delitos, y contribuirá a reducir el número de armas de fuego no rastreables que inundan nuestras comunidades.»
El DOJ «seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para proteger a nuestras comunidades de los delitos violentos y poner fin a la plaga de la violencia armada», añadió el Sr. Garland.
Medida cautelar nacional
El juez estadounidense Reed O’Connor, de la Corte de Distrito del Distrito Norte de Texas, nombrado en 2007 por el expresidente George W. Bush, dictó el 5 de julio una medida cautelar de ámbito nacional para bloquear la norma tras considerar que infringía la legislación vigente.
«Este caso plantea la cuestión de si el gobierno federal puede regular legalmente los componentes de armas de fuego parcialmente fabricados, los productos de armas de fuego relacionados y otras herramientas y materiales de acuerdo con la Ley de Control de Armas de 1968», escribió el juez.
«Dado que la Corte concluye que el gobierno no puede regular esos artículos sin violar la ley federal, la Corte sostiene» que la norma «es una acción ilegal de la agencia tomada en exceso de la jurisdicción estatutaria de la ATF».
ATF se refiere a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que forma parte del DOJ.
El 24 de julio, la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 5º Circuito denegó la solicitud del gobierno de suspender la orden de la corte inferior que bloqueaba la norma «porque la ATF no ha demostrado una gran probabilidad de éxito en cuanto al fondo, ni un daño irreparable en ausencia de una suspensión».
El caso sigue pendiente ante el 5º Circuito.
Según la procuradora general de EE. UU., Elizabeth Prelogar, «las armas de fuego pueden fabricarse a partir de kits y piezas disponibles en línea para cualquier persona que tenga una tarjeta de crédito, lo que permite a cualquiera con herramientas básicas y habilidades rudimentarias (o acceso a tutoriales de vídeo en Internet) montar un arma de fuego totalmente funcional en tan solo veinte minutos».
«Algunos fabricantes de esos kits y piezas afirman que no son ‘armas de fuego’ reguladas por la legislación federal y que, por tanto, pueden venderse sin números de serie, registros de transferencia ni controles de antecedentes. Esas características de las pistolas fantasma las hacen especialmente atractivas para los delincuentes y otras personas que tienen prohibido legalmente comprar armas de fuego», afirma la Sra. Prelogar en la nueva solicitud presentada ante la Corte Suprema.
En los últimos años, se ha producido «una explosión de delitos relacionados con armas fantasma», afirmó la procuradora.
La orden judicial del juez O’Connor, que bloquea la norma, «está perjudicando irreparablemente al público y al gobierno al reabrir las compuertas a la marea de armas fantasma imposibles de rastrear que fluyen hacia las comunidades de nuestra Nación».
«Una vez que esas armas se venden, el daño ya está hecho: Algunas ya estarán en manos de delincuentes y otras personas (que las tienen) prohibidas, y cuando inevitablemente se utilicen en delitos, no se podrán rastrear», afirmó la Sra. Prelogar.
Dado que el gobierno pide a la Corte que revise un fallo del 5º Circuito, la solicitud fue dirigida al juez Samuel Alito, que supervisa el circuito. El juez Alito podría ocuparse de la solicitud por su cuenta o podría remitir el asunto al pleno de la Corte Suprema.
La Corte Suprema aún no ha solicitado una respuesta a los propietarios de armas y a las organizaciones de defensa implicadas en la demanda.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Firearms Policy Coalition, que es parte en la demanda, para pedirle su opinión.
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