Legisladores republicanos y organizaciones cristianas están reaccionando con indignación ante una nueva política propuesta por la Administración Biden que obligaría a los padres de acogida a firmar un acuerdo por el que se comprometen a promover la ideología de género en sus hogares.
«Los Requisitos de Colocación Segura y Apropiada en Hogares de Acogida» pide a los estados que garanticen que los niños LGBTQ sean colocados en entornos «libres de hostilidad o discriminación».
También exige que los potenciales padres de acogida reciban formación para desarrollar «conocimientos y habilidades para apoyar las necesidades de los niños LGBTQ».
El Aviso de Propuesta de Normativa (NPRM, por sus siglas en inglés) cita lo que denomina una «reciente encuesta confidencial» que muestra que el 32 por ciento de los niños de acogida de entre 12 y 21 años se identifican con una orientación sexual o identidad de género diversa.
El NPRM también cita un estudio de 2019 realizado por un grupo de profesores de psicología que encontró que los jóvenes LGBTQ + tienen casi 2.5 veces más probabilidades que los jóvenes heterosexuales de experimentar la colocación en hogares de acogida.
El gobierno de Biden también cita múltiples encuestas recientes de The Trevor Project que muestran que los niños de crianza que se identifican como LGBTQ + tienen un 50 por ciento menos de probabilidades de ser suicidas, consumir drogas o tener problemas de salud mental si se les permite hablar abiertamente sobre su identidad sexual con los cuidadores.
Organizaciones como la Comisión de Ética y Libertad Religiosa (ERLC, por sus siglas en inglés) de la Convención Bautista del Sur acusan a la Administración Biden de «seleccionar» pruebas para crear una «falsa suposición» de que afirmar la sexualidad LGBTQ de un niño es la única manera de proporcionar un hogar de acogida seguro.
«Contrariamente a tales afirmaciones del HHS, una familia de acogida no debería tener que estar de acuerdo con cada creencia política, espiritual y de otro tipo de un niño para ser considerada «segura y adecuada», escribió el grupo en un comunicado.
«La creencia bíblica de un padre de acogida respecto a la sexualidad y la identidad de género no le resta capacidad para acoger calurosamente a un niño vulnerable en su hogar. Inevitablemente, habrá muchas creencias en las que el niño y la familia no estén de acuerdo».
El grupo predice que si el mandato se aplica, causará una reducción sustancial del ya deficiente número de hogares de acogida en EE. UU.
Sam Whiting, abogado del Instituto de la Familia de Massachusetts (MFI, por sus siglas en inglés), declaró a The Epoch Times que el mandato pone potencialmente en peligro de ser tachados de abusivos a los padres de acogida que también tienen hijos biológicos y podría incluso llevar al Estado a intentar tomar la custodia de sus hijos.
«Si tienes una familia de acogida que no cree en la enseñanza de la ideología de afirmación de género a su propio hijo, el siguiente paso podría ser remitirlos a CPS», dijo Whiting.
A principios de este mes, seis senadores republicanos enviaron una carta al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Xavier Becerra, expresando lo que denominaron «profunda preocupación» por la política propuesta.
«Todos los niños en acogida, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, merecen una acogida segura y adecuada», escribieron los senadores.
«Sin embargo, esta propuesta va más allá de los requisitos legales para obligar a los estados a adoptar una ideología de género extrema en sus decisiones de colocación».
Apunta a los «proveedores de bienestar infantil religiosos»
Los senadores que enviaron la carta a Becerra son Roger Marshall (R-Kan.), Tom Cotton (R-Ark.), John Barrasso (R-Wyo.), Markwayne Mullin (R-Okla.), Michael Lee (R-Utah) y Cindy Hyde-Smith (R-Miss.).
Acusaron a la Administración Biden de utilizar la política de cuidado de crianza LGBTQ + como parte de una «campaña para socavar los proveedores de bienestar infantil religiosos» bajo el pretexto de «avanzar en la equidad».
Esto «alienará, si no excluirá» a muchas familias religiosas que estaban considerando la acogida, una predicción que ya se ha hecho realidad en algunos estados, advirtieron los legisladores.
Según un estudio del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, cuando la ciudad de Boston dejó de asociarse con organizaciones religiosas para proporcionar acogida a los niños, el número de los que abandonaron el sistema en lugar de ser colocados en un hogar aumentó en un asombroso 50%.
El estudio también demostró que los hogares cristianos tienen tres veces más probabilidades de acoger a un niño y dos veces más probabilidades de adoptarlo que los hogares no cristianos.
Fiscales generales de 19 estados también presentaron cartas de oposición a la política. Calificaron la propuesta de inconstitucional y potencialmente ilegal, citando la sentencia histórica de la Corte Suprema en el caso Fulton contra la ciudad de Filadelfia. En esa sentencia, la corte determinó que el gobierno no puede prohibir a una organización religiosa que excluya a las parejas del mismo sexo de ser padres de acogida.
«La Administración Biden propone una norma que es inconstitucional, sin autoridad del Congreso, y que casi con toda seguridad expulsará a los padres religiosos del sistema de acogida», escribió el fiscal general de Nebraska, Mike Hilgers.
El gobierno de Biden no respondió a las preguntas de The Epoch Times sobre las críticas.
Algunos estados ya están rechazando a posibles padres adoptivos por sus creencias religiosas contrarias a la ideología LGBTQ.
Padres adoptivos rechazados
Catholic World Report informó en agosto sobre una madre viuda de cinco hijos de Oregón a la que se prohibió adoptar a dos hermanos de acogida porque no apoyaba la enseñanza de la orientación sexual alternativa a los niños.
En Massachusetts, una pareja católica ha presentado una demanda contra el Departamento de Infancia y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) por rechazar su solicitud después de haber superado un estudio del hogar y haber recibido una amplia formación.
Según su demanda, Mike y Kitty Burke fueron rechazados por las respuestas que dieron sobre la disforia de género y la orientación sexual del niño. Mike, veterano de la guerra de Irak, y Kitty, asistente de educación especial, fueron rechazados a pesar de que estaban dispuestos a acoger a niños con necesidades especiales difíciles de ubicar.
«Después de meses de entrevistas y formación, y tras años de angustia, estábamos a punto de convertirnos por fin en padres», dijo la pareja en un comunicado.
«Estábamos absolutamente devastados al saber que Massachusetts prefería que los niños durmieran en los pasillos de los hospitales antes que dejarnos acoger a niños necesitados en nuestro hogar».
Un portavoz del DCF dijo a The Epoch Times que la agencia no hace comentarios sobre litigios pendientes.
Según un informe de 2022 del DCF, más de 10,000 niños de Massachusetts están bajo su tutela.
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