La administración del presidente Joe Biden ha redactado un documento que prohibiría efectivamente la venta privada de armas al exigir verificaciones de antecedentes para todas las transacciones, incluso las realizadas entre ciudadanos privados, según un grupo de denunciantes.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EE.UU. redactó el documento de 1300 páginas, que proporciona una justificación legal para una regla propuesta que requeriría verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, dijo Empower Oversight Whistleblowers & Research en una carta emitida del 31 de enero.
El documento fue redactado bajo la dirección de la Casa Blanca, según dos denunciantes que se comunicaron con la organización.
Sin embargo, Empower Oversight declaró en su carta al fiscal general Merrick Garland, jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que la norma respaldada por ese documento representa una extralimitación del poder del poder ejecutivo.
“Una regla tan amplia, que trata a todos los ciudadanos privados del mismo modo que a los titulares de licencias federales de armas de fuego, eludiría la separación de poderes en la Constitución, que otorga ‘todos los poderes legislativos’ al Congreso al tiempo que exige que el presidente ‘cuide que las leyes se ejecuten fielmente’”, escribió Tristan Leavitt, presidente de Empower Oversight.
“En la medida en que tal norma impida la venta privada de armas de fuego, también violaría claramente la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que declara que ‘no se infringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas’”.
El Sr. Leavitt dijo en un comunicado que, si la norma se finaliza, “parece casi seguro que será anulada en los tribunales”, como lo fue el plan de alivio de la deuda del presidente Biden. Y añadió: “Por lo tanto, es difícil verlo como algo más que un pago cínico [sic] para dinamizar su base en un año de elecciones presidenciales”.
La ATF, que forma parte del Departamento de Justicia, no respondió a una solicitud de comentarios. Las consultas realizadas al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca no fueron respondidas.
Regla propuesta
En enero de 2023, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva que le ordenaba al Sr. Garland, a quien nombró, que tomara “medidas para reducir la violencia armada”.
Eso incluyó el desarrollo de un plan para “aclarar la definición de quién se dedica al negocio de tráfico de armas de fuego y, por lo tanto, debe convertirse en licenciatario federal de armas de fuego (FFL), a fin de aumentar el cumplimiento del requisito federal de verificación de antecedentes para la venta de armas de fuego, incluyendo la consideración de un reglamento, según corresponda y sea coherente con la ley aplicable”.
“Esta orden ejecutiva ayuda a mantener las armas de fuego fuera de manos peligrosas, mientras sigo pidiendo al Congreso que exija verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas de fuego”, dijo el presidente Biden en la Casa Blanca en ese momento. “Y mientras tanto, mi orden ejecutiva ordena a mi fiscal general que tome todas las medidas legales posibles para acercarnos lo más posible a la verificación universal de antecedentes sin necesidad de nueva legislación”.
La Ley de Control de Armas (GCA) de 1968 les prohíbe a las personas, excepto a los comerciantes autorizados, “participar en el negocio” de vender armas de fuego. Esos distribuidores deben realizar verificaciones de antecedentes de los posibles compradores. Una ley promulgada posteriormente estableció que la prohibición no se aplica a “una persona que realice ventas, intercambios o compras ocasionales de armas de fuego para mejorar una colección personal o para un pasatiempo, o que venda toda o parte de su colección personal de armas de fuego”.
Una ley de 2022 firmada por el presidente Biden decía que las personas que “obtienen principalmente ganancias” vendiendo armas debían realizar verificaciones de antecedentes y no incluía la línea de exclusión con respecto a las personas que realizan compras y ventas ocasionales.
Con base en esa ley y la orden ejecutiva del presidente, la ATF emitió en agosto de 2023 una regla propuesta que actualizaría qué personas deben realizar verificaciones de antecedentes antes de vender armas.
“La norma propone lograr esta claridad y disuasión estableciendo actividades específicas que demuestren cuándo la compra y venta de armas de fuego por parte de una persona sin licencia presuntamente alcanza el nivel de estar ‘dedicada al negocio’, exigiendo así que esa persona obtenga una licencia de comerciante, realice verificaciones de antecedentes y cumpla con los demás requisitos establecidos en la GCA”, dijo la ATF en la propuesta.
«Al mismo tiempo, reconoce que la GCA permite a las personas que compran armas de fuego para mejorar una colección personal o un pasatiempo legítimo comprar y vender armas de fuego ocasionalmente para esos fines sin la necesidad de obtener una licencia».
El público pudo comentar sobre la regla propuesta hasta el 7 de diciembre de 2023. La propuesta generó más de 387,000 comentarios. Mucha gente expresó su oposición a la propuesta de la ATF.
“Esta regla de la ATF no es más que una total y absoluta extralimitación por parte de burócratas no electos que parecen no querer que los ciudadanos de EE.UU. continúen con una tradición de compra y venta privada de armas de fuego que existe desde antes de la fundación de este país”, escribió uno de ellos.
Empower Oversight dice que los denunciantes identificaron a Eric Epstein, un abogado de la ATF, como supervisor de la redacción de la norma finalizada.
Empower Oversight está solicitando al Departamento de Justicia, en virtud de la Ley de Libertad de Información, todos los correos electrónicos enviados y recibidos por el Sr. Epstein en los que se discute la norma; comunicaciones entre el DOJ y la ATF sobre la implementación de la orden ejecutiva del presidente Biden; comunicaciones entre el DOJ o la ATF y la Casa Blanca sobre la implementación; y registros del DOJ y la ATF que contienen comentarios relacionados con la regulación o prohibición de la venta de armas de fuego entre particulares.
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