La Administración del presidente Donald Trump está trabajando para imponer nuevas restricciones a los requisitos de asilo en su último plan para frenar la inmigración tanto legal como ilegal.
En una nueva normativa de 419 páginas (pdf) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia (DOJ), la administración dijo que crearía barreras adicionales a los requisitos para el asilo y que limitaría las circunstancias en las que los individuos pueden optar a la protección; cambios que, según señala la norma, «es probable que den lugar a menos concesiones de asilo al año».
Las nuevas regulaciones ampliarían el poder de los jueces para declarar que las solicitudes de asilo son «frívolas», un fallo que prohibiría cualquier forma de ayuda de inmigración, negaría la aprobación de las solicitudes y denegaría las solicitudes sin una audiencia si se considera que las solicitudes carecen de ciertas pruebas.
Las nuevas normas también dicen que los solicitantes de asilo deben demostrar que sufrirán «un grave perjuicio» si regresan a su país de origen.
En la actualidad, los solicitantes de asilo que afirman tener un «temor creíble de persecución o tortura» si regresan a su país de origen tienen derecho a la condición de asilados. El asilo otorga a las personas protecciones frente a la deportación y permiso para trabajar. Después de un año, los asilados pueden solicitar un estatus legal permanente.
La norma de la administración aclara que la «persecución» no incluye: «todo caso de daño» causado por disturbios criminales o militares en un país; todo trato que Estados Unidos considere «injusto, ofensivo, injustificado o incluso ilegal o inconstitucional»; acoso; o «amenazas sin que se tomen medidas para llevarlas a cabo».
Las personas que afirman que se enfrentarán a persecución basada en la violencia de género o de pandillas, entre otros motivos, tampoco reunirían por lo general los requisitos para obtener asilo en virtud de las nuevas normas.
Los cambios también esbozan varios factores que los funcionarios de inmigración deben tener en cuenta en el proceso de asilo y que potencialmente impedirían que las personas recibieran protección. Entre ellos figuran el hecho de que los migrantes entraran ilegalmente en los Estados Unidos, utilizaran documentos fraudulentos, no pagaran sus impuestos o pasaran a través de otros países sin solicitar primero la protección en ellos.
«Los departamentos señalan que es probable que estos cambios den lugar a menos concesiones anuales de asilo debido a las aclaraciones sobre la importancia de las consideraciones discrecionales y los cambios en la definición de ‘reasentamiento en firme’. Sin embargo, debido a que las solicitudes de asilo son diferentes de por sí en cada situación, y dado que puede haber múltiples bases para denegar una solicitud de asilo, ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional pueden cuantificar con precisión la disminución esperada», escribió la administración en las normas.
La normativa entrará en vigor 30 días después de que se publique en el Registro Federal el viernes.
Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, un grupo de defensa de la inmigración, dijo: «Bajo esta norma, el asilo quedaría fuera del alcance de un gran porcentaje de personas que en el pasado habrían podido optar a él».
En su candidatura a la Casa Blanca en 2016, el presidente Trump se comprometió a reducir la inmigración y la entrada ilegal en los Estados Unidos, lo cual incluía la ampliación del muro fronterizo con México.
Su administración ha impulsado y aplicado una serie de políticas al respecto durante su mandato, incluida una norma de hace unos meses que hace que las personas que viajaron a través de otro país para llegar a los Estados Unidos y que llegaron a la frontera meridional el 16 de julio de 2019 o después de esa fecha, no tengan derecho a solicitar asilo a menos que lo hayan solicitado en uno de los países por los que viajaron.
Quedan excluidas de la norma las víctimas de formas graves de tráfico sexual y las que llegaron a los Estados Unidos a través de países que no se han adherido a tratados internacionales que protegen a los refugiados.
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