La administración Trump argumentó en un informe reciente que Filadelfia había manifestado hostilidad inconstitucional hacia una organización religiosa al excluirla de un programa de acogida debido a su objeción religiosa al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el informe (pdf) en el caso Fulton vs. City of Philadelphia, que la Corte Suprema acordó revisar a principios de este año. El caso se centra en la impugnación de una agencia católica de acogida contra la decisión de la ciudad de impedir que la agencia se haga cargo de nuevos casos de acogida a menos que respalden a parejas del mismo sexo como parte del proceso de certificación de padres de acogida.
La ciudad dijo que dejaron de remitir niños a la agencia y que no renovará su contrato con ella porque la agencia, que ha servido a la ciudad durante más de 100 años, supuestamente ha contravenido la Ordenanza de Prácticas Justas de la ciudad. La política prohíbe la discriminación por diversos factores, como la raza, el origen étnico, el sexo, la orientación sexual y la identidad de género.
El caso fue presentado por los Servicios Sociales Católicos (CSS) y dos de sus padres adoptivos certificados —Sharonell Fulton y Toni Simms-Busch— quienes sostienen que la política de la ciudad es discriminatoria y viola los derechos de libre ejercicio de la agencia bajo la Primera Enmienda. También le está pidiendo a la corte que «revise» el precedente en el caso de la la División de Empleo vs. Smith, un caso que encontró que las creencias religiosas de un individuo no pueden excusarlo de cumplir con una ley válida.
El DOJ argumentó en apoyo de los CSS y los padres de crianza, diciendo que las acciones de Filadelfia habían «discriminado inadmisiblemente contra el ejercicio religioso» y mostraron «hostilidad inconstitucional hacia las creencias religiosas de los Servicios Sociales Católicos».
Filadelfia había argumentado que sus acciones eran permisibles porque estaban aplicando políticas neutrales y de aplicación general contra la discriminación. El Departamento de Justicia no estuvo de acuerdo, argumentando que la ciudad había conservado la capacidad de crear exenciones individualizadas y concedió exenciones de facto, lo que entonces «desencadena un escrutinio estricto que la ciudad no puede satisfacer». El escrutinio estricto requiere que los tribunales anulen las leyes, a menos que el gobierno pueda demostrar que existe un «interés estatal apremiante» y que la ley fue «ajustada estrechamente» para lograr el propósito.
«Por otra parte, la aplicación de las políticas de la ciudad en este caso estaba teñida de hostilidad hacia el ejercicio religioso, no la ‘neutralidad que la Cláusula de Libre Ejercicio requiere'», argumentó el departamento.
Los CSS dijo en su petición (pdf) a la corte superior que «como agencia católica, los CSS no pueden proveer endosos escritos para parejas del mismo sexo que contradigan sus enseñanzas religiosas sobre el matrimonio».
Añadió que la ciudad actuaba contra ellos aunque las «creencias sobre el matrimonio no han impedido a nadie acoger». La CSS también dijo que, desde su apertura en 1917 hasta el inicio del caso en 2018, no se les ha acercado una sola pareja del mismo sexo para ser padres de acogida, y por lo tanto, ninguna pareja del mismo sexo ha sido impedida de acoger o adoptar un niño por los CSS.
El informe de la administración Trump llega en la misma semana en que 76 miembros del Congreso, docenas de estados, y un número de diversos grupos religiosos presentaron escritos de amigos de la corte para instar a la corte superior a permitir que los CSS continúe operando en Filadelfia.
«Es fácil apoyar a una agencia de acogida que ha estado uniendo a niños vulnerables con familias amorosas durante más de 100 años, por lo que no es de extrañar que los CSS hayan recibido un apoyo tan amplio y diverso en la Corte Suprema», dijo Lori Windham, abogado principal del Fondo Becket para la Libertad Religiosa, en un comunicado.
«Las agencias religiosas son unas de las mejores en combatir la crisis de los hogares de acogida en toda la nación, sin embargo, en todo el país, se enfrentan a las amenazas de aquellos que no están de acuerdo con sus creencias religiosas. Tengo la esperanza de que la Corte reconozca que las agencias religiosas son parte de la solución y no deben estar sujetas a los apetitos políticos de sus adversarios».
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