La administración Trump está instando a una corte federal a desestimar una demanda que intenta obligar a Estados Unidos a adoptar la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA) como parte de la Constitución de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una moción para desestimar la demanda el viernes por la noche, argumentando que las cortes tienen un papel limitado en la resolución de la disputa sobre si es válido un plazo adoptado por el Congreso para la ratificación de la ERA.
«Los demandantes piden a esta corte que declare que los Estados no están sujetos a ningún plazo para ratificar la ERA en función de su afirmación de que un plazo ‘alteraría el importante equilibrio que los legisladores lograron entre el Congreso y la autoridad estatal'», escribió la administración en su archivo (pdf). «Pero todas estas cuestiones son para que las ramas políticas las resuelvan».
A fines de enero tres estados —Nevada, Illinois y Virginia— presentaron una demanda contra el archivero estadounidense David Ferriero para obligarlo a adoptar y publicar la ERA en la Constitución. La demanda se produjo luego de que Virginia se convirtiera en el 38º estado en ratificar la enmienda a principios de este mes.
La Constitución requiere 38 ratificaciones estatales, o tres cuartos de los 50 estados antes de que se pueda adoptar una enmienda.
Los fiscales generales de los estados dijeron que la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) no tomó ninguna medida luego de que se les envió una «notificación oficial» el 27 de enero de que la ERA había sido adoptada de conformidad con la Constitución.
Aunque se ha alcanzado el número requerido de estados para adoptar la ERA en la Constitución, la fecha límite original del Congreso para ratificar la ERA ha caducado, lo cual provocó debates sobre si estas ratificaciones son válidas.
La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia emitió una opinión legal a principios de enero argumentando que el plazo para ratificar la ERA ya había expirado y que, si los estadounidenses desean adoptar la enmienda, el Congreso debería reiniciar el proceso según lo estipulado en el Artículo V de la Constitución.
«En consecuencia, si el Congreso ahora ‘considerara [la ERA] necesaria’, según el artículo V de la Constitución, la única vía constitucional para la enmienda sería que dos tercios de ambas Cámaras (o una convención buscada por dos tercios de las legislaturas estatales) propongan la enmienda una vez más y reinicien el proceso de ratificación entre los Estados, de conformidad con el Artículo V de la Constitución”, decía la opinión de la OLC.
La NARA emitió un comunicado el 8 de enero diciendo que seguirán la opinión legal del DOJ sobre el asunto de la ERA, «a menos que una orden judicial final indique lo contrario».
El Departamento de Justicia se basó en un viejo caso de la Corte Suprema para argumentar que la corte superior ya había dictaminado que el Congreso podría establecer un plazo para la ratificación de las enmiendas constitucionales «de modo que ‘la expresión de la aprobación de la gente’ sea ‘suficientemente contemporánea’ en los estados ratificadores ‘para reflejar la voluntad del pueblo en todas las secciones en relativamente el mismo período'».
Dicen que la ERA sigue este camino según lo establecido por el precedente. La enmienda se propuso por primera vez en el Congreso en 1923 y se aprobó en 1972, donde luego fue a los estados para su ratificación, según el Instituto Alice Paul. El Congreso otorgó a los estados un plazo de siete años, que luego se extendió hasta 1982, pero solo 35 estados habían ratificado la enmienda, sin cumplir con las 38 ratificaciones estatales necesarias. Un nuevo impulso de los defensores en los últimos años para aprobar la propuesta llevó a Nevada e Illinois a ratificar la enmienda en 2017 y 2018, respectivamente.
La administración argumenta que la solicitud de los tres estados «es contraria al precedente de la Corte Suprema que prohíbe a las cortes cuestionar la inclusión de un plazo de ratificación por parte de la legislatura».
También argumentó que la corte tampoco debería involucrarse porque los estados tienen «autoridad independiente» para adoptar medidas para proteger a los «residentes contra la discriminación sexual de la manera que creen que la ERA requiere».
La ERA busca prohibir la discriminación basada en el género, y los partidarios la ven como una disposición crítica para proteger los derechos de las mujeres según la Constitución.
El texto de la ERA dice:
Sección 1: Estados Unidos o cualquier estado por razón de género no negará ni restringirá la igualdad de derechos bajo la ley.
Sección 2: El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir, por la legislación apropiada, las disposiciones de este artículo.
Sección 3: Esta enmienda entrará en vigor dos años después de la fecha de ratificación.
El fiscal general de Virginia, Mark R. Herring, criticó la moción de la administración Trump en un comunicado, diciendo que «Donald Trump le está diciendo a las mujeres de Estados Unidos que, después de 231 años, deberían sentarse y esperar aún más por un trato igualitario en virtud de la Constitución».
“Si la Administración Trump se opone a una garantía constitucional de igualdad para las mujeres, entonces deberían decirlo en lugar de esconderse detrás del proceso e intentar arrojar el problema a las manos de Mitch McConnell. No importa qué esquemas pueda inventar la Administración Trump para tratar de obstaculizar el progreso, este movimiento ha demostrado una y otra vez que no será disuadido y no será derrotado”, dijo Herring.
Agregó que él y los otros estados planean presentar informes en respuesta a la moción.
Muchos estudiosos legales han debatido si la ERA se puede agregar a la constitución en este momento.
Los defensores de la ERA han argumentado durante mucho tiempo que el plazo del Congreso no es válido porque el plazo de siete años se colocó en la cláusula de propuesta y no en el texto de la enmienda. Argumentan que, al poner el límite de tiempo en la cláusula propuesta, el Congreso ha conservado la autoridad para revisarlo y enmendarlo. Del mismo modo, afirman que el Congreso puede extender los plazos retroactivamente. Mientras tanto, sobre el tema de la rescisión, los partidarios argumentan que una vez que un estado ratifica la propuesta, ya no pueden rescindirla.
Mientras tanto, algunos académicos creen que no es un argumento viable decir que la ERA puede ser ratificada en este punto y que si la ERA debe ser adoptada, el proceso debe comenzar de nuevo.
La juez de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, una fuerte defensora de la ERA estuvo de acuerdo en que el proceso de ratificación debe «comenzar de nuevo».
“Me gustaría ver un nuevo comienzo. Me gustaría que comenzara de nuevo», dijo Ginsburg durante una charla en Georgetown Law en febrero.
“Hay demasiada controversia sobre los recién llegados. Virginia [vino] mucho después de la fecha límite. Además, varios estados han retirado su ratificación. Entonces, si cuenta al recién llegado como positivo, ¿cómo puede ignorar los estados que dicen que han cambiado de opinión?», añadió.
Cinco estados—Nebraska, Tennessee, Idaho, Kentucky y Dakota del Sur— han votado para rescindir o retirar su ratificación de la ERA. Estas rescisiones también han provocado debates legales ya que el Artículo V de la Constitución no dice nada sobre el tema.
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