FORT PIERCE, Florida —Carlos De Oliveira, administrador de la propiedad Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, se declaró inocente el 15 de agosto de conspirar con el expresidente para borrar grabaciones de seguridad del club de Palm Beach.
El Sr. De Oliveira compareció en el juzgado estadounidense Alto Lee Adams Sr. de Fort Pierce, Florida, para su lectura de cargos ante la jueza de instrucción Shaniek M. Maynard.
Se le acusa de conspirar con el presidente Trump para borrar las grabaciones de seguridad solicitadas por los investigadores que indagan sobre el presunto almacenamiento de documentos clasificados por parte del expresidente en su propiedad.
El abogado de Florida Don Morrell representó al Sr. De Oliveira.
El Sr. Morrell presentó un pro hac vici que permitiría al abogado del Sr. De Oliveira John Irving —que no estaba presente— permanecer en el caso.
Durante la breve audiencia, se concedió al acusado un juicio con jurado, con órdenes de presentación de pruebas que obligaban a los fiscales a facilitar material en el plazo de dos semanas.
Michael Thakur representó en el caso a la oficina del abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith.
Los servicios del Sr. Morrell se han garantizado únicamente a efectos del próximo juicio, y cualquier otro litigio —incluida una apelación— requeriría que el Sr. De Oliveira se pusiera de acuerdo con el Sr. Morrell u otro abogado de Florida.
El grupo de periodistas presentes en el tribunal era considerablemente menor que el que asistió a la comparecencia del presidente Trump el 10 de agosto en el mismo tribunal.
Comparecencia anterior
El Sr. De Oliveira fue añadido a la imputación contra el presidente Trump y el exayudante del presidente, Walt Nauta, a finales de julio, y se enfrenta a cargos que incluyen conspiración de obstrucción a la justicia y mentir a los investigadores.
No se declaró culpable durante una comparecencia ante el tribunal el 31 de julio debido a la exigencia de que obtuviera una representación con sede en Florida.
Durante la audiencia anterior, el juez ordenó al Sr. De Oliveira que entregara su pasaporte y firmara un acuerdo para pagar 100,000 dólares si no comparecía ante el tribunal.
Tras la audiencia, el Sr. Irving expresó su impaciencia por examinar cualquier posible prueba que pudiera tener el Departamento de Justicia. Se negó a comentar si se había pedido al Sr. De Oliveira que testificara contra el presidente Trump.
El Sr. Smith alega que el presidente Trump «hizo» ilegalmente que se trasladaran a su domicilio cajas con cierta información relacionada con la defensa cuando abandonaba la Casa Blanca y que posteriormente ordenó al Sr. Nauta, que también se enfrenta a cargos en este caso, que trasladara cajas para que no se pudieran buscar en ellas documentos que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) citó en 2022.
El Sr. Nauta también se declaró inocente cuando fue acusado.
El Sr. Smith añadió tres cargos más el 27 de julio, alegando que el presidente Trump pidió al administrador de la propiedad de su casa de Mar-a-Lago, el Sr. De Oliveira, que borrara las grabaciones de las cámaras de seguridad después de que el DOJ citara algunas de ellas.
El presidente Trump ha afirmado públicamente en repetidas ocasiones que no se borró ninguna grabación y ha negado haber hecho tal petición.
Caso contra Trump
El presidente Trump se declaró inocente de tres nuevos cargos presentados por el Sr. Smith durante una audiencia el 10 de agosto en el mismo tribunal de Florida, también ante el juez Maynard.
El expresidente ha sido acusado de 38 cargos de retención intencionada de información de defensa nacional, obstrucción y realización de declaraciones falsas.
La juez de distrito que preside el caso —la juez Aileen Cannon, nombrada por la Administración Trump— ha fijado el juicio del expresidente para mayo de 2024.
En la evolución más reciente del caso, los abogados del presidente Trump han pedido a la juez que le permita restablecer una Instalación de Información Sensible Compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés) que existía en su residencia mientras ocupaba el cargo, para poder discutir con él información clasificada del caso sin tener que desplazarse a una SCIF del gobierno.
Uno de sus abogados, Todd Blanche, señaló que viajar a las instalaciones SCIF exigiría medidas de seguridad del Servicio Secreto que «requieren una planificación y un esfuerzo considerables, así como recursos financieros», sobre todo si el público conoce la visita de antemano.
«Es posible que haya que cerrar al público las instalaciones y la zona circundante durante un período de tiempo significativo para garantizar la seguridad de todos, incluido el presidente Trump», dijo el Sr. Blanche.
Los fiscales se han opuesto a tal acuerdo.
El presidente Trump también se enfrenta a numerosos cargos presentados por el Sr. Smith en el Distrito de Columbia en relación con sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Según el personal del presidente Trump, éste intentó impugnar los resultados electorales por medios legales.
Alvin Bragg, fiscal del condado de Nueva York, presentó cargos adicionales por la presunta falsificación de registros comerciales a principios de este año.
El presidente Trump se ha declarado inocente de todos los cargos, calificándolos de injerencia en su campaña presidencial de 2024 motivada por la política partidista.
Se prevé que un fiscal de distrito de Georgia presente cargos adicionales relacionados con los esfuerzos del Sr. Trump por impugnar las elecciones de 2020.
Con información de The Associated Press.
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