La administración Biden anunció el 22 de noviembre que extenderá su moratoria sobre los pagos de préstamos estudiantiles hasta el 30 de junio de 2023, mientras el programa para cancelar cientos de miles de millones de dólares en préstamos enfrenta varias batallas judiciales.
La reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles federales estaba prevista para el 1 de enero de 2023. Los pagos de los préstamos se suspendieron a principios de 2020 bajo la administración de Trump, y la moratoria se ha prorrogado en múltiples ocasiones.
En un comunicado de prensa emitido el 22 de noviembre, el Departamento de Educación anunció que extendería la pausa de reembolso y criticó a los funcionarios republicanos. La moratoria se extenderá hasta 60 días después de que la administración Biden pueda implementar el plan y si se resuelven las demandas.
«Estamos prorrogando la pausa de pago porque sería profundamente injusto pedir a los prestatarios que paguen una deuda que no tendrían que pagar, si no fuera por las demandas infundadas presentadas por funcionarios republicanos e intereses especiales», dijo el secretario de Educación Miguel Cardona en un comunicado, afirmando que las demandas presentadas contra el programa de deuda son «esfuerzos insensibles».
Las tasas de interés se mantendrán en cero por ciento hasta que comiencen los reembolsos en virtud del plan. Según una prórroga anterior anunciada en abril, las personas que estuvieran atrasadas en los pagos antes de los cierres y las órdenes de permanecer en casa de COVID-19 se pondrían automáticamente al día.
A principios de este año, el presidente Joe Biden anunció un programa que condonaría hasta USD 20,000 en préstamos estudiantiles federales, aunque varias cortes han dictado órdenes judiciales sobre el plan. Anteriormente, dijo que la pausa de pago no se extenderá nuevamente, pero eso fue antes de que las cortes detuvieran ese programa.
Unos 26 millones de personas ya han solicitado la condonación de la deuda y 16 millones fueron aprobados, dijeron las autoridades. El plan de condonación de deuda anunciado en agosto cancelaría USD 10,000 en deuda de préstamos estudiantiles para aquellos que ganan menos de USD 125,000 o familias con menos de USD 250,000 en ingresos. Los beneficiarios de la Beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, recibirían una condonación adicional de deuda de USD 10,000, hasta un total de USD 20,000.
Múltiples demandas presentadas por grupos y estados intentaron bloquear el programa, y dos de esas impugnaciones tuvieron éxito. El Departamento de Educación cerró su sitio web de cancelación de préstamos a principios de noviembre y dejó de aceptar y procesar solicitudes tras las órdenes judiciales.
Programa
En su comunicado de prensa, Cardona no abordó los argumentos presentados en las demandas contra el programa. Seis estados liderados por republicanos escribieron en una demanda reciente que la Casa Blanca carece del poder para condonar la deuda de préstamos estudiantiles debido a la cláusula de separación de poderes de la Constitución, y al perdonar la deuda, ha reemplazado la autoridad del Congreso.
Los estados también escribieron que se verían perjudicados financieramente si se cancelaran miles de millones de dólares en deuda estudiantil bajo el programa, que Biden dio a conocer solo unas semanas antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre. El 10 de noviembre, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, con sede en St. Louis, congeló el plan, y un juez federal en Texas también lo anuló, poniéndose del lado de una demanda presentada por Job Creators Network Foundation.
El 18 de noviembre, la administración presentó una demanda ante la Corte Suprema para restablecer su programa, argumentando que tiene la autoridad para proporcionar alivio de la deuda. Luego de que se anunció el programa, la jueza asociada de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, rechazó dos peticiones de emergencia para bloquearlo.
“La orden judicial errónea del Octavo Circuito deja a millones de prestatarios económicamente vulnerables en el limbo, inseguros sobre el tamaño de su deuda e incapaces de tomar decisiones financieras con una comprensión precisa de sus futuras obligaciones de pago”, dijo la procuradora general de EE. UU. Elizabeth Prelogar, quien representa a la administración Biden, a la Corte Suprema en una apelación (pdf) el viernes.
Al detener temporalmente el plan, el juez federal de distrito Mark Pittman escribió en su orden que no le corresponde a él decidir si el programa es «una buena política pública o no», pero estipuló que «nadie puede negar de forma plausible que es uno de los las mayores delegaciones de poder legislativo al poder ejecutivo, o uno de los mayores ejercicios de poder legislativo sin autoridad del Congreso en la historia de Estados Unidos”.
Los republicanos dijeron que el programa probablemente sea ilegal y le daría más poder a la administración de Biden, argumentando que solo el Congreso tiene la capacidad de condonar la deuda. También dijeron que fue un intento descarado de impulsar a los votantes más jóvenes a las urnas para votar a favor de los candidatos demócratas durante las elecciones intermedias de 2022.
En septiembre, una encuesta de NBC reveló que el 44 por ciento de los encuestados veía el programa de condonación de la deuda como una mala idea. La encuesta también reveló que el 43 por ciento creía que era una buena idea.
Con información de The Associated Press.
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