Todos los empleados de una desconocida agencia federal que reclaman exenciones religiosas de la orden de vacunación contra la COVID-19 del presidente Joe Biden serán añadidos a una lista, dijo la agencia en un aviso público esta semana.
La Agencia de Servicios Judiciales y de Supervisión de Delincuentes (CSOSA, por sus siglas en inglés) publicó el aviso en el Federal Register, solicitando al público comentarios sobre el nuevo sistema, que se denomina «Sistema de Información de Solicitud de Excepciones Religiosas de los Empleados».
En septiembre de 2021, Biden anunció que todos los empleados federales debían vacunarse contra la COVID-19. Poco después, el Grupo de Trabajo para la Seguridad de la Fuerza Laboral Federal emitió una guía para las agencias sobre cuándo conceder exenciones por razones religiosas o médicas, y cómo hacer un seguimiento de los documentos relativos al mandato.
CSOSA dice que, para cumplir con los requisitos señalados por el presidente y el grupo de trabajo, está creando un nuevo sistema que le permite recopilar información relacionada con las adaptaciones religiosas a los requisitos de vacunación. El sistema se utilizará para albergar información sobre los trabajadores, voluntarios, pasantes, contratistas y consultores dentro de la Agencia de Servicios Previos al Juicio (PSA) para el Distrito de Columbia, una oficina dentro de la CSOSA, que solicitan exenciones religiosas.
«El objetivo principal del depósito de archivos electrónicos protegidos es recopilar, mantener, utilizar y —en la medida en que sea apropiado y necesario— difundir la información sobre las solicitudes de excepciones religiosas de los empleados recopilada por la agencia en el contexto del requisito de vacunación contra la COVID-19 exigido por el gobierno federal», dijo la agencia en el aviso.
Además de utilizarse para procesar las solicitudes de acomodación religiosa, «el depósito de archivos electrónicos seguros permite a la PSA registrar, rastrear y gestionar la información de las solicitudes de excepción religiosa de los empleados, al tiempo que aprovecha la tecnología para proteger y asegurar la privacidad de los registros mantenidos en el sistema», añadió.
Los registros pueden incluir la afiliación religiosa de los trabajadores, la fecha de nacimiento, el cargo, el domicilio, la edad y la oficina a la que están asignados. También pueden contener las solicitudes de alojamiento, las notas sobre las solicitudes y las decisiones sobre las mismas.
No estaba claro qué parte de la orden y de las orientaciones pretendía cumplir la agencia y el portavoz de la CSOSA no respondió a un mensaje de voz ni a un correo electrónico sobre el nuevo sistema.
Sara Parshall Perry y GianCarlo Canaparo, becarios jurídicos del Centro de Estudios Legales y Judiciales Edwin Meese III de la Fundación Heritage, dijeron que el sistema está siendo probado por una pequeña agencia en un probable intento de evitar el escrutinio público, y pronosticaron que finalmente se extenderá a todo el gobierno.
«Casi nadie ha oído hablar de la Agencia de Servicios Previos al Juicio del Distrito de Columbia, y muy pocas personas le prestan atención o están cubiertas por sus políticas», dijeron en un artículo de opinión. «Sin embargo, si Biden hubiera anunciado, por ejemplo, que el Departamento de Trabajo tenía la intención de adoptar esta política, sería una gran noticia. El Federal Register, donde se hacen anuncios de este tipo, se vería inundado de declaraciones que el departamento tendría que atender. Eso, por supuesto, retrasaría la puesta en marcha de la política.
«Con la Agencia de Servicios Previos al Juicio, es probable que Biden esperara que la política aterrizara rápidamente y sin sobresaltos. Así las cosas, la notificación de un nuevo anuncio da menos de 30 días para las declaraciones del público».
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