Con la decisión del abogado especial Jack Smith de abandonar su caso electoral y la apelación de documentos clasificados contra el presidente electo Donald Trump, los problemas legales del que pronto será el 47.° presidente parecen haber quedado atrás en su mayor parte.
La decisión de Smith el lunes pone fin a un período tumultuoso de dos años para Trump, quien fue acusado en cuatro jurisdicciones separadas con cargos de delito grave.
Washington: El fiscal pide que se desestime el caso
En una corte federal de Washington, Smith presentó una moción para desestimar el caso electoral, que primero tiene que ser aprobada por el juez, y citó una antigua política del Departamento de Justicia (DOJ) que estipula que el enjuiciamiento penal a un presidente en ejercicio violaría la Constitución de Estados Unidos al socavar la capacidad del jefe ejecutivo del país para funcionar.
«Basándose en la interpretación de la Constitución que hace el Departamento de Justicia, el Gobierno solicita la desestimación sin perjuicio de la acusación sustitutiva», dicen los documentos judiciales presentados por Smith el lunes.
En el caso, Smith había acusado a Trump en Washington por sus supuestos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y por su actividad en torno a la irrupción en el edificio del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Los abogados del presidente electo habían intentado retrasar la publicación de los materiales del caso debido a la proximidad de las elecciones. Sin embargo, la jueza federal de distrito Tanya Chutkan denegó sus peticiones, lo que permitió al equipo de Smith revelar en octubre un expediente de 165 páginas sobre el caso que describía las supuestas actividades de Trump después de la contienda de 2020.
«Trabajando con un equipo de co-conspiradores privados, el acusado actuó como candidato cuando usó múltiples medios criminales para interrumpir, a través del fraude y el engaño, la función gubernamental mediante la cual se recogen y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún papel oficial», escribió la oficina de Smith.
Trump se había declarado inocente de los cargos, argumentando que están políticamente impulsados y diseñados para interferir en las elecciones del 5 de noviembre. En ese momento, el portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo que el sumario estaba «plagado de falsedades» y acusó a Smith de estar «empeñado en instrumentalizar al Departamento de Justicia en un intento de aferrarse al poder».
En Truth Social, mientras tanto, Trump dijo que el caso terminaría con su «victoria completa» durante las elecciones de 2024.
El caso Smith culminó finalmente en una sentencia de la Corte Supremo de EE. UU. en julio que determinó que los presidentes debían gozar de inmunidad parcial frente a enjuiciamientos por sus actos y deberes oficiales. Pero Smith finalmente reformuló la acusación y argumentó que Trump estaba actuando a título privado en el caso de las elecciones.
Florida: El fiscal pide que se retire la apelación
También el lunes, Smith presentó documentos en una corte de apelaciones pidiendo desestimar una apelación a la orden realizada en julio por la jueza de distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, desechando el caso que había acusado a Trump de retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca.
«La desestimación de la apelación en lo que respecta al acusado Trump dejará en su lugar la orden del tribunal de distrito desestimando la acusación sin perjuicio en lo que respecta a él», dijo la presentación de Smith el lunes. Pero su apelación relativa a otros dos acusados en el caso, Walt Nauta y Carlos de Oliveira, «continuará porque, a diferencia del acusado Trump, no se les aplica ningún principio de inmunidad temporal».
Cannon desestimó los cargos contra Trump, Nauta y de Oliveira, tras mostrarse de acuerdo con sus argumentos de que Smith no fue nombrado legalmente según la Constitución estadounidense.
«Al dictaminar lo contrario, la corte de distrito se desvió del precedente vinculante de la Corte Suprema, malinterpretó los estatutos que autorizaron el nombramiento del Asesor Especial y no tuvo debidamente en cuenta la larga historia de nombramientos de asesores especiales por parte del Fiscal General», escribió Cannon en su momento.
Semanas más tarde, Smith presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del 11.º Circuito para revocar su orden, a la que los abogados de Trump se habían opuesto en presentaciones judiciales posteriores.
Cannon escribió en su orden, que llegó después de que el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, pusiera en duda en julio el nombramiento de Smith, que Smith era un funcionario de Estados Unidos, lo que requiere que el Congreso autorice al fiscal general a nombrar a Smith como abogado especial.
Antes de que Smith fuera nombrado abogado especial, el FBI registró la propiedad de Trump en Mar-a-Lago en agosto de 2022 en busca de material clasificado. Por la misma época, Trump alegó que, como presidente, había desclasificado los documentos.
Después de que Smith presentara los cargos contra Trump, el presidente electo se declaró inocente y también acusó al Departamento de Justicia de lanzar un caso políticamente motivado contra él.
Nueva York: Aplazado indefinidamente
Un caso presentado contra Trump en Manhattan por el fiscal de distrito Alvin Bragg, un demócrata electo, dio lugar a que el presidente electo fuera declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por un jurado el 30 de mayo. Trump se había declarado inocente en el caso y acusó a los fiscales, al juez que presidía el tribunal y a su personal de tener prejuicios contra él.
Durante la mayor parte del juicio, el juez Juan Merchan mantuvo en vigor una orden de silencio que prohibía a Trump hablar de ciertos testigos, de la familia del juez, del personal del tribunal y del personal de Bragg, lo que, según Trump, era una interferencia electoral. El presidente electo había escrito en las redes sociales que la hija de Merchan era asesora de varios pesos pesados del Partido Demócrata, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris.
A finales de la semana pasada, Merchan retrasó indefinidamente la sentencia para Trump en el caso de los registros empresariales, después de que los abogados del presidente electo pidieran su desestimación inmediata debido a los resultados electorales.
«La desestimación inmediata de este caso es ordenado por la Constitución federal, la Ley de Transición Presidencial de 1963 y los intereses de la justicia, con el fin de facilitar la transición ordenada del poder Ejecutivo tras la abrumadora victoria del presidente Trump en las elecciones presidenciales de 2024», dijeron los abogados de Trump en una carta, fechada el 19 de noviembre.
La sentencia en el caso estaba prevista inicialmente para mediados de julio, pero fue aplazada hasta el 26 de noviembre. En su orden del 22 de noviembre, Merchan escribió que accedía a una solicitud para aplazar esa fecha de sentencia también.
Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en relación con los pagos que hizo hace años a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, que los fiscales alegaron que estaban diseñados para interferir en las elecciones de 2016. Durante el juicio, Daniels prestó testimonio en el caso sobre un supuesto romance, que Trump ha negado categóricamente.
Georgia: Aún sin aclararse
En el condado de Fulton, Georgia, Trump y más de una docena de personas fueron acusados de cargos relacionados con la interferencia electoral y el crimen organizado en 2023 por su actividad tras las elecciones de 2020. Mientras que varios de sus coacusados, incluidos los abogados Sidney Powell y Jenna Ellis, llegaron a acuerdos de culpabilidad con la oficina de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, un coacusado de Trump presentó en enero documentos judiciales que revelaron que Willis tenía una relación con su principal fiscal en el caso.
Otros coacusados notables que figuran en el caso de Georgia incluyen varios exasesores y abogados de Trump, entre ellos el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el exjefe de personal de la Casa Blanca, Mark Meadows.
Durante una polémica vista judicial, Willis confirmó que mantenía una relación con su asesor especial en el caso, Nathan Wade, pero la pareja negó las afirmaciones de que alguno de los dos se hubiera beneficiado económicamente del acuerdo. También negaron que su relación tuviera lugar antes de que Wade fuera nombrado fiscal especial por Willis, aunque una testigo que había sido casera de Willis declaró lo contrario.
Meses después, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, dictaminó que Willis o Wade debían abandonar el caso, lo que provocó la salida de Wade poco después. En su fallo, McAfee escribió que varias reclamaciones pendientes hechas contra Willis y Wade no se habían resuelto, opinando que un «olor a mendacidad» permanecía sobre el caso.
Trump y varios de sus coacusados apelaron la orden de McAfee ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia, que puso el asunto en pausa mientras escucha los argumentos sobre si desestimar o no a Willis.
La semana pasada, la corte de apelaciones del estado canceló los próximos argumentos orales que estaban programados para el próximo mes.
Nueva York: La causa civil sigue pendiente
Además de sus cuatro acusaciones penales, un juez ordenó a principios de este año que Trump pagara una multa de 454 millones de dólares, dictaminando en una demanda civil por fraude que mintió sobre su riqueza durante años mientras construía el imperio inmobiliario que le llevó al estrellato y a la Casa Blanca.
Trump había apelado la decisión del juez Arthur Engoron del 16 de febrero. El juez determinó que Trump, su empresa y sus ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., maquinaron para aumentar su patrimonio en miles de millones de dólares en declaraciones financieras presentadas a bancos, aseguradoras y otras entidades para cerrar acuerdos y obtener préstamos.
En los alegatos orales celebrados en septiembre, varios jueces de la corte de apelaciones de Nueva York señalaron que la sentencia de Engoron podría ser revocada.
Los miembros del panel de cinco jueces de la División de Apelaciones, la corte de apelaciones estatal de nivel medio que escucha los argumentos en la apelación de Trump, habían parecido preocupados por la posible extralimitación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó el caso.
«Cada caso que usted cita implica daños a los consumidores, daños al mercado», dijo el juez David Friedman a Judith Vale, la abogada que argumentaba en nombre de la oficina de James.
«Aquí no tenemos nada de eso», dijo Friedman, afirmando que nadie “perdió dinero”.
Con información The Associated Press y Reuters
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