GALVESTON, Texas—Un grupo de sheriffs y agentes activos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) demandaron al gobierno de Biden el 1 de julio por sus requisitos «ilegales e inconstitucionales» en relación con la detención y deportación de extranjeros ilegales.
Los demandantes buscan una orden judicial a un memorando del 18 de febrero que, según ellos, «ordena a los agentes del ICE violar los términos específicos de la ley federal de inmigración».
La demanda alega que «muchos extranjeros ilegales extremadamente peligrosos que habrían sido detenidos antes del memorándum del 18 de febrero ahora no están siendo detenidos—en contra de los deseos de los agentes del ICE que buscan detenerlos, y en violación de los estatutos federales que requieren su detención y/o expulsión».
El 18 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió unas directrices provisionales para gestionar el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes ilegales.
El DHS ordenó a los agentes del ICE que se centraran únicamente en tres grupos prioritarios de inmigrantes ilegales, entre los que se encuentran las amenazas a la seguridad nacional, como los terroristas conocidos o sospechosos; los que cruzaron la frontera ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020; y las amenazas a la seguridad pública que son condenados por delitos graves o miembros de bandas.
Parte del trabajo del ICE consiste en localizar y expulsar a los 672,000 fugitivos a los que un juez federal de inmigración había ordenado expulsar, pero que todavía se encuentran en Estados Unidos.
Pero la nueva directiva del DHS dice que los agentes del ICE deben obtener primero la autorización de los supervisores si encuentran inmigrantes ilegales que no son delincuentes convictos durante las operaciones.
La decisión de arrestar o no al individuo debe tener en cuenta si la persona puede estar sufriendo una enfermedad física o mental grave, dijo entonces un funcionario del DHS.
«Queremos que [el ICE] piense en los vínculos con la comunidad, en si el individuo tiene familia aquí en Estados Unidos, familiares ciudadanos estadounidenses, y otras consideraciones», dijo el funcionario.
Tras la puesta en marcha de las nuevas directrices, un funcionario del DHS dijo que no se esperaba que las detenciones del ICE disminuyeran con las nuevas directrices.
Sin embargo, el ICE informó de un récord mínimo de 2962 deportaciones en abril, en comparación con un promedio de 8634 deportaciones de inmigrantes ilegales por mes durante el año fiscal 2020.
A los agentes del ICE «rara vez se les ha concedido la aprobación previa para las acciones de aplicación de la ley contra los extranjeros no prioritarios», afirma la demanda. «El papeleo que consume tiempo y la baja probabilidad de que se conceda la preaprobación han hecho que muchos agentes del ICE ni siquiera intenten buscar la preaprobación».
La demanda expone varios casos proporcionados mediante declaración jurada por agentes del ICE que se vieron obligados a liberar a delincuentes extranjeros ilegales en la comunidad.
En un caso, los agentes del ICE solicitaron la aprobación para detener a un extranjero ilegal deportado dos veces que había sido condenado por agresión sexual contra un niño. La dirección del ICE denegó la solicitud, según la demanda.
En otro caso, la policía local inició la detención de un extranjero ilegal deportado dos veces por vender heroína.
«El extranjero intentó eludir la detención embistiendo el coche de la policía con su vehículo, casi atropellando a un agente que estaba de pie fuera del coche de la policía», afirma la demanda.
«El extranjero fue finalmente detenido y se encontró que tenía un cuarto de libra de heroína en su posesión, así como una mujer y un bebé en el asiento trasero de su vehículo».
Los agentes del ICE solicitaron la aprobación para poner una orden de retención sobre el extranjero ilegal, con el fin de obtener la custodia una vez que sea liberado de la custodia local. La dirección del ICE denegó la solicitud, según la demanda.
Un tercer caso fue el de un extranjero ilegal detenido por las autoridades locales por la violación de un niño. Los agentes del ICE solicitaron la aprobación para poner una orden de retención sobre el extranjero ilegal, con el fin de detenerlo una vez que fuera liberado de la custodia local. La dirección del ICE denegó la solicitud, según la demanda.
La demanda dice que los agentes del ICE se ven obligados a elegir entre seguir el memorando del 18 de febrero y seguir las leyes federales.
«Los demandantes temen ser disciplinados o perder sus puestos de trabajo si siguen la ley», afirma la demanda.
Los sheriffs de Texas que se han unido a la demanda son el sheriff del condado de Montgomery, Rand Henderson, el sheriff del condado de Hudspeth, Arvin West, el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, el sheriff del condado de Edwards, J.W. Guthrie, y el sheriff del condado de McMullen, Emmett Shelton.
Los sheriffs alegan en la demanda que «ya no pueden presentar a los extranjeros ilegales detenidos por actividades delictivas al ICE para su expulsión y esperar que sean expulsados».
«Los costes de detención, los costes de respuesta a la delincuencia, los costes de investigación de la delincuencia y los costes relacionados experimentados por los sheriffs y los condados demandantes han aumentado en consecuencia de forma dramática».
El director interino del ICE, Tae Johnson, dijo durante una audiencia en el Congreso el 13 de mayo que la relación de la agencia con la comunidad estatal y local es «vital para que podamos llevar a cabo nuestra importante misión».
«Sin su apoyo, nos resulta muy difícil ser eficientes y eficaces. Así que cuando las jurisdicciones locales no cooperan, ya sea en términos de no honrar nuestras órdenes de detención, o no dejarnos entrar en sus instalaciones, entonces pone al ICE en una situación en la que realmente tenemos que salir a las comunidades para encontrar individuos que en este caso cumplirían con nuestra prioridad».
El grupo demanda al presidente Joe Biden, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, al director en funciones del ICE Tae Johnson y al comisario en funciones de Aduanas y Protección de Fronteras Troy Miller.
The Epoch Times solicitó comentarios a la Casa Blanca, al DHS y al ICE.
En el año fiscal 2020, las Operaciones de Ejecución y Expulsión del ICE expulsaron a casi 186,000 individuos, de los cuales el 92 por ciento tenía condenas penales o cargos penales pendientes, según el informe de fin de año del ICE.
Las nuevas directrices dan prioridad a los que han sido condenados por un delito grave, no a los que tienen cargos pendientes.
La capacidad del centro de detención del ICE se ha reducido de 52,000 a 15,000 extranjeros ilegales.
Siga a Charlotte en Twitter: @charlottecuthbo
Siga a Charlotte en Parler: @charlottecuthbo
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
